Las ocupaciones de viviendas cayeron un 30% en Sevilla el año pasado

Las ocupaciones de vivienda bajaron en Sevilla un 30% el año pasado en relación con el ejercicio anterior. Así consta en las estadísticas oficiales de criminalidad publicadas por el Ministerio del Interior, que hacen un recorrido por los últimos 15 años en materia de ocupaciones y allanamientos de morada. En 2024 se registraron en la provincia de Sevilla 506 delitos de este tipo. Son un 30% menos que los 723 del ejercicio anterior. Es además, la bajada más brusca de la última década.

De los 506 casos conocidos, la Policía Nacional y la Guardia Civil esclarecieron 362, lo que supone un 71% del total. Fueron detenidas 151 personas, mientras que el número de victimizaciones fue de 219. En sus balances de criminalidad, Interior utiliza desde hace años el término victimizaciones y no el de víctimas, pues una misma persona puede sufrir varios delitos, por lo que contaría como una sola víctima pero varias victimizaciones. A pesar de la bajada general de las ocupaciones, hubo más victimizaciones que en los años anteriores.

2024 fue el año con menos ocupaciones de viviendas en la provincia de Sevilla desde 2013, ejercicio en el que se contabilizaron 479 delitos de este tipo. Los años anteriores de la serie registraron cifras muy inferiores, como las 117 de 2010; las 156 de 2012; o las 270 de 2012. A partir de ahí la subida fue importante hasta alcanzar los 637 casos en 2014 y los 776 en 2015. Los dos años siguientes volvieron a ser de caída, con 543 en 2016 y 557 en 2017, para luego volver a subir de forma brusca y mantenerse así varios años.

En 2018 se registraron 783 allanamientos, mientras que en 2019 es el año en el que se alcanzó el pico de estos delitos, con 897. La pandemia hizo bajar algo los datos, pero siempre en cifras relativamente altas. 2020 cerró con 778 asuntos, mientras que 2021 lo hizo con sólo uno menos, 777. En 2022 el nivel fue similar, con 790 casos, y ya se empezó a intuir una tímida bajada en 2023, que terminó con 723 delitos. Ese descenso se confirmó en 2024 hasta los 506.

La tasa de esclarecimiento ha ido más o menos pareja en función de los datos globales. Aproximadamente se resuelven el 70% de estos casos. Hay que tener en cuenta que las ocupaciones pueden ser un tipo de delito en el que haya unos niveles más o menos altos de infradenuncia, pues muchas veces las viviendas que se ocupan no son de particulares, sino de entidades privadas o bancos, que suelen tardar más en denunciar los hechos y se enfrentan casi siempre a procedimientos más prolongados en el tiempo.

Llama la atención la evolución del número de detenidos, que es inversa a la de los hechos conocidos. Las personas arrestadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado por su relación con delitos de ocupación y/o allanamientos de morada en 2024 en la provincia de Sevilla fueron 151. El año anterior fue de 103, lo que supuso un 46% más entre un año y otro. Además, es el dato más alto desde 2015, cuando hubo 208 detenidos. Desde entonces, las cifras de detenciones de los años siguientes se quedaron por debajo del centenar. Así, en 2016 hubo 93 arrestos; en 2017, 45; en 2018, 46; en 2019; 77; en 2020, 21; en 2021, 87; en 2022, 85; y en 2023, 103.

Algunas de las detenciones del año pasado fueron noticia, como el caso conocido como el del okupa del Airbnb, un auténtico profesional de la ocupación de viviendas que fue detenido el pasado mes de octubre, y luego volvió a ser arrestado en enero. Este hombre llevaba dos años viviendo en un piso ocupado en la calle Monsalves, que realquilaba después por Airbnb a turistas. La vivienda pertenecía a dos hermanos, que la heredaron de su padre. Uno de ellos llamó a la Policía cuando tuvo noticia de la ocupación y terminó detenido el propietario, aunque luego quedó libre y sin cargos.

Eso sí, aquello fue el inicio de un largo pleito que no finalizó hasta octubre de 2024, cuando el ocupa fue obligado a dejar el piso. El hombre intentó ocupar otra vivienda del mismo bloque, pero cometió el error de hacerlo en un piso turístico. Cuando llegaron los inquilinos, avisaron a su agencia y ésta llamó a la Policía. El okupa terminó detenido.

Apenas unos días después, volvió a ocupar una vivienda del centro, en este caso en la calle San Hermenegildo. De nuevo la realquilaba a través de la plataforma Airbnb. En enero de 2025, fue nuevamente detenido después de que él mismo llamara a la Policía tras un pequeño incidente en la vivienda. Sobre él pesaba una reclamación judicial, pues había sido condenado por un hurto cometido en la provincia de Cádiz. Ingresó en prisión para cumplir esta pena, lo que permitió a los propietarios recuperar su vivienda.

Otro caso que trascendió fue el de una casa ocupada en una urbanización de Carmona, en la que un grupo de delincuentes se instaló para habilitar en ella una plantación de marihuana. Aprovecharon que el dueño había sido detenido y estuvo preso un mes por su presunta relación con un delito de contrabando de tabaco, para instalarse en la casa y apropiarse de ella. La Policía Nacional detuvo a varias personas y desmanteló la plantación, pero el dueño sigue sin recuperar su casa y sospecha de que otra vez se ha instalado un cultivo ilegal en ella.