El nuevo tributo en la FP: La ruptura entre el instituto y la empresa

La sorpresa menos grata con la que los institutos han retomado su actividad tras la Navidad. Después del descanso de las pasadas fiestas, los directores de los centros educativos en los que se imparten ciclos formativos han tenido constancia de que durante las vacaciones el Gobierno central había establecido, mediante un real decreto, la obligación de que las empresas que acogen prácticas de FP y universitarias abonen a la Seguridad Social la cotización por las horas en las que se desarrolla esta actividad.

La medida, que tiene como fin evitar el “abuso” que algunas compañías hacen de estos alumnos, ha provocado gran alarma en el sector, al estimar que tal decisión supondrá la ruptura de la relación entre los centros de enseñanza y los de trabajo, una alianza más que necesaria en unos tiempos en los que esta modalidad educativa se encuentra en auge gracias a la importante inserción laboral que consigue y que en la provincia de Sevilla estudian 33.675 jóvenes.

Esta preocupación no es homogénea. Hay directores de centros y empresarios que piden la retirada inmediata de este “impuestazo”, mientras que otros se lo toman con más cautela y consideran que la obligación repercutirá, sobre todo, en el ámbito universitario y en aquellos centros donde la realización de las prácticas no se encuentra tan reglada como en la FP.

Eulogio García es el responsable de esta modalidad en el IES San José de la Rinconada, uno de los institutos con mayor volumen de alumnos matriculados de la provincia de Sevilla. Cuando se le pregunta por la medida que ha adoptado el Ejecutivo de Pedro Sánchez responde sin vacilar: “Esto va a ser un problema”. Este profesional recuerda que las prácticas en la FP -denominadas Formación en Centros de Trabajo (FCT)- se realizan en el tercer trimestre, entre marzo y junio, una vez que el estudiante ha superado los módulos que se imparten en el instituto. En el Grado Medio están fijadas en 410 horas y en el Grado Superior, en 350. “Es un marco muy reglado, lo que evita que las empresas conviertan a los alumnos en empleados gratuitos”, enfatiza García.

Por esta razón no entiende que la normativa estatal se aplique a la FP inicial o tradicional. “Esta enseñanza se organiza de una forma muy distinta a la FP Dual”, explica el subdirector del San José de la Rinconada, quien detalla que los nuevos ciclos formativos -por los que ha apostado el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía y que han tenido gran éxito en la comunidad autónoma- se implantaron, entre otros motivos, “por una cuestión económica”. “La FP Dual supone un ahorro para las arcas públicas, pues, a diferencia de la FP tradicional, todos los medios técnicos los pone la empresa”, abunda Eulogio García, quien apostilla que “esta colaboración tiene una contraprestación en las prácticas”. “El alumno de FP Dual trabaja más en las empresas. Durante medio año. Ahí sí resulta razonable que se exija el pago a la Seguridad Social, una obligación que no se entiende en la FCT. En Alemania la FP Dual se remunera desde el primer momento”, añade.

Otra de las diferencias importantes entre las dos modalidades es el tipo de empresa en la que se lleva a cabo el periodo de prácticas. “Las de FP Dual son grandes y medianas, mientras que las de la tradicional son, en su mayoría, pymes, que hacen un gran favor al admitir a uno o dos alumnos como máximo”, puntualiza García. “Estas empresas son familiares, hacen un esfuerzo para acoger las prácticas. En el momento en el que tengan que pagar la Seguridad Social, que puede rondar los 200 euros por estudiante, rechazarán la colaboración”, advierte este experto.

En este instituto hay 400 alumnos matriculados en FP, con seis ciclos de Grado Medio y dos de Grado Superior. En sus módulos se imparten enseñanzas relacionadas con dos ámbitos profesionales: el del transporte y mantenimiento de vehículos y el de la electricidad y electrónica. Mantienen acuerdos con 90 empresas para la realización de las prácticas. Pese a la crisis, García, insiste en que los alumnos se han integrado laboralmente “muy bien” gracias a la experiencia adquirida en estas compañías.

El IES Martínez Montañés, en el barrio sevillano de Nervión, es otro de centro de referencia de FP. Actualmente oferta un Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, otro de Actividades Comerciales y un superior de Comercio Internacional. A ellos añade una FP Básica de Informática y Comunicaciones. En todos ellos están matriculados 259 alumnos a los que atiende una plantilla de 28 profesores.

Su director, Juan Alberto Roca, hace un severo análisis de la medida adoptada por el Gobierno. Sopesando sus ventajas y efectos negativos. “La primera intención es buena, pues trata de que los jóvenes vayan acumulando años de cotización para amortiguar el retraso en la incorporación al mercado laboral”, asevera. La principal dificultad de este objetivo pasa por definir quién soportará los costes de la Seguridad Social. En el decreto se establece que serán las empresas que alberguen las prácticas, salvo que se haya llegado a un acuerdo con los centros formativos para que los abonen ellos. En este punto, Roca recuerda que las prácticas son “obligatorias” para finalizar los estudios. Si son los institutos o las universidades las que han de hacer frente a estos gastos, existe bastante probabilidad de que finalmente este desembolso repercuta en los alumnos: “supondría añadir una cantidad a las tasas de matriculación, en el caso de la enseñanza superior, y la pérdida de la gratuidad de los ciclos formativos en los centros públicos”.

Tal extremo se evitaría con el aumento de las partidas que la administración pública destina a los gastos de mantenimiento, una posibilidad que para el director de Martínez Montañés resulta poco probable, pues “la FP, por su naturaleza, requiere un desembolso importante”. “Tendrían que liberarse fondos específicos para establecer un sistema de copago y becas que permitan que el alumnado de los ciclos formativos sin recursos económicos suficientes, que son una gran mayoría, pueda cursarlos”, señala.

En caso de que el gasto en Seguridad Social repercuta en las empresas, como establece el decreto, a juicio de Roca, “habría que incentivarlas con desgravaciones fiscales, una cuestión que tendría que consultarse a las afectadas”. No obstante, esta medida repercute más en las sociedades pequeñas que en las grandes, “las cuales podrían abordar el gasto como un elemento más de su política de responsabilidad social corporativa”.

El decreto no ha pasado desapercibido entre el profesorado de este instituto de Nervión, que teme que se convierta en “una dificultad” para encontrar empresas en las que desarrollar la FCT, puesto que les va a suponer “un compromiso más”.

En el IES Albert Einstein, en Pino Montano, se imparten nueve títulos de FP. Cuatro en Grado Medio y cinco en el Superior. Pertenecen a las familias profesionales relacionadas con la sanidad y con la electricidad y electrónica. Las prácticas se desarrollan en 60 empresas, de las cuales, más de la mitad son de titularidad privada. El director de este instituto público, Pedro Arias, explica que aún debe aprobarse una norma que desarrolle el polémico decreto, por lo que con toda seguridad no se aplicará en el presente curso. Ante las alarmas creadas estos días, Arias mantiene bastante cautela. Destaca la excepción que el propio Estado ha incluido para que, en caso de acuerdo previo, sean los centros los que abonen la cotización a la Seguridad Social. “Dicho gasto se incluirá en la partida de seguimiento de la FCT, que tendrá que incrementarse. Este dinero procede, en su mayor parte, de fondos europeos que distribuye la Junta de Andalucía”, abunda.

Para el director del Albert Einstein, la medida adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez está más dirigida a las universidades que a los institutos, con el fin de acabar con el servicio abusivo que a veces prestan los alumnos en ciertos entornos laborales: “Cuando se cerraron las antiguas escuelas de aprendices comenzaron a surgir los centros de formación encubiertos a través de los acuerdos con universidades y escuelas privadas sin que a las empresas les costara un euro”.