La mujer del rector accede a un cargo ‘a dedo’ en la UPO

Sevilla/La esposa del rector de la Universidad Pablo de Olavide ejerce ya por designación directa como delegada de protección de datos de la institución académica. La funcionaria del PAS y profesora asociada del Departamento de Derecho Constitucional, V.M.O., cónyuge del rector Vicente Guzmán, ha accedido a un cargo al que se atribuyen funciones de autoridad y de potestades públicas cuando está pendiente de convocatoria el concurso de libre concurrencia para la adjudicación de dicha plaza. Se trata de un cargo creado al amparo de la reglamentación de la UE y que destaca por los especiales conocimientos técnicos que se exigen y por la independencia con la que deben ser ejercidas sus competencias, de tal forma que la normativa regula una suerte de blindaje al titular del puesto.

Fuentes oficiales de la Universidad han reconocido que a final de año se convocará un concurso de méritos para adjudicar la plaza y que, actualmente, la cónyuge del rector se encuentra “desempeñando el puesto con carácter provisional, al igual que otros puestos de la UPO”.

La UPO justifica que ella esté ejerciendo ya como delegada de protección de datos sin haber esperado el concurso en que “estas situaciones de provisionalidad, del todo rutinarias, se regularizan a través de los correspondientes procedimientos de provisión. En concreto y según nuestra planificación antes de final de año se habrán convocado por el procedimiento de concurso libre de designación cinco puestos de similar nivel y naturaleza”.

Por esta razón, siempre según la UPO, no se ha convocado el concurso y se ha optado por “la adscripción provisional de la funcionaria al citado puesto”. “Una vez que se haya producido el correspondiente proceso de provisión en concurrencia competitiva y, por tanto, sea posible un nombramiento formal, se realizará este a favor de la persona que resulte finalmente seleccionada, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento de la UE”.

La normativa europea que regula la creación de esta plaza (el RGPD entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y fue de aplicación el 25 de mayo de 2018) establece con claridad el perfil cualificado que debe reunir el adjudicatario de la plaza y, sobre todo, el estatuto jurídico que le ampara, pues debe estar preservada en todo momento su independencia en el ejercicio del cargo. Entre sus exigencias destaca la necesidad de que la persona que acceda al puesto acredite sus conocimientos específicos sobre la materia, de tal forma que hasta contempla posibilidad de que se efectúe una contratación externa si fuese necesario.

El artículo 38.3 del RGPD trata sobre la garantía de independencia del puesto que ahora ocupa la cónyuge del rector: “El responsable y el encargado del tratamiento garantizarán que el delegado de protección de datos no reciba ninguna instrucción en lo que respecta al desempeño de dichas funciones”. Se le atribuye una suerte de blindaje: “No será destituido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones. El delegado de protección de datos rendirá cuentas directamente al más alto nivel jerárquico del responsable o encargado”.

El Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, que se puede consultar en la web del Ministerio de Justicia, lleva a cabo alguna precisión sobre este tema e incide en el blindaje de este cargo: “Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio”.

El cargo de delegada de protección de datos no supone el cobro de ningún complemento de dedicación o plus similar, según aclaran las mismas fuentes oficiales consultadas.

La reacción del rector

Este periódico ha recabado el testimonio del propio rector de la UPO, Vicente Guzmán, marido de la delegada de protección de datos, que negó cualquier participación en la designación directa de V.M.O.: “Aquí no hay ningún beneficio oculto. Tengo la conciencia muy tranquila. No he participado en este proceso, estos son asuntos de Recursos Humanos.

Repito: no he participado ni un ápice. Yo sólo informé al consejo de gobierno de la creación de la plaza, estrictamente de la creación”. Guzmán insistió en que la UPO no se ve perjudicada por esta designación directa: “Ni me merece la pena, ni me compensa. He estado lo más alejado posible del proceso. Duermo muy tranquilo y seguiré durmiendo muy tranquilo, porque no hay nada lesivo para la institución”. Y se refirió a los logros de su gestión como rector: “He sacado adelante en cinco años una institución que tenía 14 millones de déficit. No me la voy a jugar por este asunto. Tengo una tranquilidad total. No voy a dimitir”.

Preguntado sobre la responsabilidad del rector sobre todos los altos nombramientos, Guzmán contestó: “Respondo de no haber hecho nada malo, de no haber participado en esto, de no haberme beneficiado en nada. Está contrastado y es contrastable que no he participado en la designación. Quien diga que yo he participado tendrá que demostrarlo”.

Este periódico le pidió tanto al rector como a otras fuentes oficiales de la UPO los posibles documentos probatorios de que el rector no ha participado en el proceso de designación de su cónyuge como delegada de protección de datos, pero no se obtuvo respuesta. Guzmán insistió en su tesis: “Yo nunca he hecho nada perjudicial para la Universidad, jamás me he aprovechado de ninguna situación”. Y aseguró ignorar si la delegada compaginaría sus funciones con la docencia o si ha renunciado a esta segunda actividad para dedicarse con exclusividad a su nuevo cargo: “No lo sé”.