La moratoria a las casas de apuestas expira sin tener una regulación municipal

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó en diciembre de 2019 la suspensión la concesión de nuevas licencias urbanísticas relacionadas con la apertura o ampliación de casas de apuestas y salones de juego en la capital. La moratoria de un año expirará el próximo 17 de marzo, al haberse ampliado el plazo por la pandemia, sin que existe una solución que ponga freno a este fenómeno que ha derivado en un auténtico problema de salud pública.

La medida estaba avalada por los servicios jurídicos del Ayuntamiento y contó con el respaldo de los grupos del PSOE, PP y Adelante Sevilla, grupo que impulsó este tema con una iniciativa en 2018, mientras que Vox y Ciudadanos se abstuvieron. Había, por tanto, voluntad política para afrontar un problema que encierra muchos intereses. Y la intención era, al igual que ya habían hecho otros ayuntamientos, introducir una modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular la apertura de estos negocios en zonas de transformación social y en el entorno de centros educativos o equipamientos con la población más vulnerable. Los centros de jugadores en rehabilitación reciben desde hace unos años cada vez más a jóvenes con adicciones al juego que se inician en estos locales. Un drama por sus graves consecuencias económicas pero, sobre todo, para la salud.

Abierto el debate, el gobierno de Juan Espadas se comprometió a iniciar los trámites pero, a fecha de hoy, sigue buscando un encaje jurídico para ello alegando que ha recibido una advertencia por parte de la Junta de Andalucía que intenta evitar normas municipales que regulen este asunto. De hecho, Hacienda ha instado al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, el primero que buscó un freno a estos negocios, a paralizar el cambio del PGOU iniciado con ese objetivo. La razón esgrimida es que se ha “extralimitado en sus competencias”, que afectan a la Ley del Juego y Apuestas de la Comunidad Autónoma y corresponde en exclusiva al Consejo de Gobierno de la Junta. La alternativa es un nuevo decreto que modificará el reglamento de salones de juegos en algunos aspectos y establecerá un nuevo régimen de distancias mínimas a centros de enseñanza reglada no universitarios.

Según confirman fuentes municipales, el Ayuntamiento de Sevilla está intentando encontrar la manera de regular salvando este conflicto de competencias. No obstante, es muy complicado que se pueda actuar antes de que expire la moratoria dentro de un mes. En ese momento, si no hay ninguna otra medida en marcha, el Ayuntamiento de Sevilla no podría frenar la concesión de nuevas licencias que cumplan con los requisitos vigentes. Ya el pasado octubre, las denuncias vecinales y la labor de los inspectores impidieron que dos salones iniciasen su actividad en Bellavista y el distrito Sur.

El grupo municipal de Adelante Sevilla ha registrado una pregunta ante la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno para con la intención de que el gobierno local explique sus planes y confirme si va a elevar al Pleno alguna modificación del PGOU para limitar las casas de apuestas uy salones de juego en los barrios y evite su concentración en el entorno de centros educativos o equipamientos para menores. El objetivo es conocer qué limitaciones están previstas y cuántas licencias se han paralizado desde que el Pleno aprobó la moratoria.

Algunos otros compromisos

El Ayuntamiento de Sevilla tiene que continuar su camino según el concejal Daniel González Rojas, que ha calificado el recurso de la Junta de “ataque al municipalismo”. “El Ayuntamiento tiene competencias en materia de ordenamiento urbanístico y la Consejería de Hacienda no pinta nada metiéndose en estos temas, ni Salud ni Fomento pusieron pegas en su momento a lo que se aprobó en Cádiz, por ejemplo”.

Desde Adelante Sevilla se confía en que la Junta de Andalucía “no sirva de excusa al gobierno para no hacer nada”. Y que, si no se presenta el cambio en el PGOU, se prorrogue la moratoria. Además, Rojas recuerda que, más allá de la cuestión urbanística, queda pendiente por cumplir otra cuestiones como las campañas de concienciación o la limitación de la publicidad en fachada.