30 meses para ver un vídeo

La investigación sobre seis policías nacionales del distrito Macarena está completamente estancada desde hace más de dos años y medio y no tiene visos de que vaya a avanzar en las próximas semanas. Los expertos informáticos de la Policía no pueden acceder a la grabación que constituye la principal prueba de cargo. Los seis agentes permanecen imputados por los delitos de cohecho, hurto y falsedad documental, presuntamente cometidos después de que registraran una tienda de alimentación de la ronda de Pío XII en la que se vendía tabaco de contrabando. El registro fue el 19 de mayo de 2015 y la pareja que regenta el local los denunció por presuntamente apropiarse de 17.000 euros y tabaco.

Los agentes pidieron en junio de ese año, hace ya treinta meses, que se pudiera ver el vídeo original y no el editado que presentaron los denunciantes, algo que todavía no ha sido posible. Los seis policías fueron suspendidos de empleo y sueldo en agosto. Llevan, por tanto, más de 27 meses sin poder trabajar y cobrando una cantidad mínima, que les ha obligado a vender sus propiedades, pedir créditos bancarios y ayuda a familiares y hasta enfrentarse a procedimientos por desahucio. En este periodo han dejado de ingresar 27.000 euros cada uno de ellos y 167.000 entre los seis.

La denuncia de la pareja que regenta la tienda de alimentación iba acompañada de un lápiz de memoria en la que se había grabado parte del vídeo de las cámaras de seguridad. En estas imágenes, los policías aparecen contando el dinero y, en varias ocasiones, les devuelven los billetes a la pareja, primero en una caja de color amarillo y luego en una bolsa. Los funcionarios cuentan el dinero para comprobar si la cantidad excede del límite a partir del cual podría imputársele un delito de contrabando. Como no llegaba a superarlo, lo que hicieron fue intervenir las cajetillas que había y levantar un acta por una infracción administrativa.

La grabación aportada por los denunciantes está manipulada. El vídeo está cortado y no se ha podido todavía extraer el original. Fuentes del entorno de estos seis policías aseguran que la grabación fue llevada a la sede de UCOT (Unidad de Coordinación Operativa Territorial, que en Sevilla ejerce la función de Asuntos Internos) por la propia pareja rumana, en compañía de un inspector de Extranjería a quien conocían de años atrás. El vídeo habría sido extraído por un informático magrebí amigo de la pareja. Para los imputados, lo correcto habría sido que fueran los agentes de Asuntos Internos a la tienda y, en presencia de los propietarios de la misma, extrajeran la grabación original. De esta forma el vídeo no se habría editado y no se habría roto la cadena de custodia.

De hecho, los policías imputados han solicitado en varias ocasiones que pueda verse la grabación original y sin cortar. Tras más de dos años y medio de investigación, esto ha resultado imposible. En junio de 2015, los agentes solicitaron el acceso al disco duro original, que no se entregó en el juzgado hasta enero de 2016. Desde entonces, el dispositivo ha pasado por varios grupos informáticos de la Policía y de la Guardia Civil, tanto de Sevilla como de Madrid, sin que ninguno de ellos haya podido obtener las imágenes. Ante la demora que está lastrando la instrucción del caso, el juez preguntó a los expertos informáticos de la Policía Nacional -concretamente de la Sección de Tecnología de la Imagen de la Dirección General- por el estado de esta pericia y de cuándo podría estar concluida.

"Pese a habernos facilitado un usuario y una contraseña, la misma no funciona en este grabador, por lo que no se puede acceder normalmente a las imágenes que pudiera contener este dispositivo, siendo necesario tratar de recuperar las mismas por medios informáticos", expone el inspector jefe de esta sección en su escrito enviado al juzgado, que se reproduce junto a estas líneas. "Debido a la complejidad del acceso a las imágenes, cuando se pueda determinar las que contiene y de ellas las que pudieran ser recuperadas, habría que determinar su posible manipulación y compararlas con las existentes en el otro dispositivo electrónico, por lo que no se puede prever el tiempo necesario para la conclusión de la pericia", añade.

Es decir, el caso está completamente estancado a la espera de que lleguen las imágenes originales. Son los propios policías imputados quienes han solicitado esta prueba, pese a que la investigación del caso se sustenta precisamente en este vídeo. Los agentes también han solicitado que se les levante la orden de alejamiento que tienen de la pareja denunciante, puesto que ya han pasado más de dos años desde que se les impuso sin que se haya producido nada reseñable. Es más, durante este tiempo la pareja denunciante ha vuelto a ser detenida por contrabando de tabaco, en esta ocasión por la Guardia Civil. Las fuentes próximas a los policías suspendidos entienden que, si se les levanta la orden de alejamiento, podrían reincorporarse al servicio activo, y por tanto aguardar que finalice la instrucción sin las necesidades económicas que están padeciendo a día de hoy.

Los agentes solicitaron una reunión con el que ha sido hasta hace unos días el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, José Antonio de la Rosa, pero éste se ha incorporado ya a su nuevo cargo en Madrid sin recibirles. Los policías están estudiando poner en marcha alguna medida de protesta, como mantener una huelga de hambre en las puertas de la Jefatura Superior. Los seis policías tampoco tienen permitido trabajar en otra profesión durante el tiempo que están suspendidos, por lo que la situación económica es insostenible para ellos.

También se están planteando querellarse contra uno de los responsables de la comisaría del distrito Macarena, al entender que mintió en una declaración encaminada a causarles el máximo daño posible. Algunos de estos policías habían cambiado incluso sus turnos con otros compañeros, por lo que creen que de esta manera se desmonta la acusación de que se pusieron de acuerdo para esta intervención. Además, han aportado un correo electrónico de un estanquero, que se dirigió a la unidad de Participación Ciudadana de la Jefatura para denunciar una serie de establecimientos en las que habían detectado que se podría estar vendiendo tabaco de contrabando. Participación Ciudadana reenvió el email a la comisaría del distrito Macarena. En el texto de ese correo electrónico figuraba una lista de tiendas, la primera de las cuales era precisamenta la de la Ronda de Pío XII propiedad de los denunciantes de este caso.