El mapa de las casas de apuestas en Sevilla

Una de las últimas casas de apuestas que han abierto sus puertas en Sevilla capital se localiza en el centro comercial Lagoh. Con ella son ya más de medio centenar las que han obtenido el permiso necesario para operar desde 2015. Un total de 51 establecimientos que en los últimos cinco años se han ido extendiendo por los barrios de Sevilla, principalmente por los del distrito Cerro-Amate, donde se ubica la mitad, pero también por Triana, la Macarena y San Pablo-Santa Justa.

Las casas de apuestas han proliferado como setas en estos distritos, pero también en Sevilla Este, Nervión, Pino Montano, Los Bermejales y el casco antiguo. Las actividades de salones de juego y casas de apuestas no precisabn de licencia, basta con la presentación de una declaración responsable y, si no hay un inconveniente mayor, el Ayuntamiento aprueba la apertura.

Los datos, facilitados por el Hábitat Urbano a petición de Adelante Sevilla, confirman el escenario que preocupa a los colectivos que han alzado la voz en los últimos años, entre ellos, el citado grupo municipal: un elevado número de casas de apuestas se establecen cerca de centros educativos y deportivos en barrios humildes, lo que se considera una amenaza para la población más joven y vulnerable.

También se constata que el gran boom de estas casas de juego tuvo lugar en 2018, justo cuando comenzó a avivarse el debate ciudadano y también político, pues fue en octubre del año pasado cuando Adelante Sevilla presentó una moción ante el pleno municipal para reclamar medidas encaminadas a frenar este tipo de negocios. Fue aprobada, pero hasta hace menos de un mes el debate no se ha reactivado, a raíz de otra moción presentada en esta ocasión por el grupo del PSOE. "Casi una treintena de casas de apuestas han abierto sus puertas después de que llevásemos al pleno nuestra moción", lamenta Daniel González Rojas, concejal de Adelante Sevilla e impulsor de la iniciativa.

Las estadísticas municipales apuntan a seis aperturas en 2015; tres en 2016; 12 en 2017; y 23 en 2018. Este año, a falta de datos completos, sólo se han solicitado siete. Casi el 70% de los establecimientos abrieron sus puertas entre 2017 y 2018, cuando las apuestas on line se convirtieron en todo un fenómeno social.

¿Qué puede hacer el Ayuntamiento?

Pero lo cierto es que desde entonces se han dado pasos muy tibios en este asunto. En noviembre de 2018, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla aprobó una moción a instancias de IU para controlar la proliferación de este tipo de establecimientos y tomar medidas para prevenir la ludopatía. En dicha propuesta se instaba al gobierno local, entre otros asuntos, a revisar las ordenanzas municipales o el propio PGOU para introducir limitaciones urbanísticas al a implantación de locales en los alrededores de los espacios frecuentados por jóvenes.

Diez meses después apenas se había avanzado. Según fuente del gobierno municipal, se ha empezado a trabajar en una modificación de la ordenanza de publicidad que, no obstante, no verá la luz hasta el primer semestre de 2020. Una medida que tanto los colectivos ciudadanos y asociaciones de jugadores en rehabilitación consideran insuficientes. También grupos de la oposición como Adelante Sevilla, que critica que el gobierno municipal haya estado mirando “hacia otro lado”. Hasta ahora, porque hace sólo unas semanas, el pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha vuelto a aprobar una moción, esta vez a instancias del PSOE, donde se fija una batería de medidas. La principal es una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que permita introducir restricciones a la implantación de salones de juego por razones de interés general.

También contempla la restricción de la publicidad en la vía pública y la red de transporte mediante la modificación de la ordenanza municipal de publicidad, así como el bloqueo del acceso a las webs de juego en línea desde las dependencias municipales. Igualmente se aboga por ampliar los programas de prevención de drogodependencias del servicio de salud del Ayuntamiento con proyectos específicos de prevención de la adicciones sin sustancia.

Pero, sin duda, la medida más eficaz para frenar este tipo de negocios es la urbanística. Desde IU y Adelante Sevilla se había requerido incluso la paralización de las licencias, una medida que se hará innecesaria una vez que se inicie el trámite de la modificación del PGOU, por lo que desde la oposición tampoco se ha insistido más en el asunto. Este tipo de medidas, la del bloqueo de las nuevas licencias, colisiona inevitablemente con los intereses empresariales de los inversores de estos negocios.

El equilibrio es complicado, pero ayuntamientos como el de Alcalá de Guadaíra se ha convertido en pionero, adelantándose en sus trámites para modificar su norma urbanística. Previamente, hace ya un año acordó suspender temporalmente las licencias hasta culminar una regulación, que utiliza como argumento aplastante la necesidad de abordar un tema de salud pública que afecta, además, a los más desprotegidos.

La previsión del Ayuntamiento de Sevilla es iniciar el trámite urbanístico a primeros de año.

¿Qué puede hacer el Gobierno y la Junta?

La municipal no es la única Administración con competencias. Hay una regulación que correspondería al Gobierno central y también al autonómico.

Por ello, las mociones presentadas por IU reclaman también una reforma de la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley de Publicidad para limitar a empresas de juego la forma de publicitarse y se proteja con ello al público infantil y juvenil. También proponen el impulso de un Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable con el fin de restringir igualmente la publicidad para las apuestas.

Otra de las medidas que dependen del Gobierno central es un aumento del tipo aplicable en el Impuesto sobre Actividades del Juego para las casas de apuestas y del juego on line. En este sentido, el argumento es que no es admisible que las casas de apuestas aumenten sus beneficios cada día y las familias y el conjunto de la sociedad se vea en la obligación de costear íntegramente el tratamiento de las personas adictas, por lo que se solicita que los beneficios de estas empresas contribuyan a la investigación y a la prevención de estas adicciones, tal y como ocurrió en su día con el tabaquismo.

La reclamación que se hace a la Junta de Andalucía es doble: una pasa por limitar la apertura de las casas de apuestas físicas mediante el establecimiento de un mínimo de metros de separación o por núcleos de población, para a frenar así su expansión; otra, más urgente, se refiere a la necesiad de una ley que evite el acceso de los menores de edad a estas casas de apuestas, así como un mayor aumento de las sanciones y los controles a las empresas que incumplan esta norma.

Una de las quejas que se repite es la falta de vigilancia en estos negocios, donde se debería exigir el DNI para acceder y comprobar que el cliente es mayor de edad y no está en la lista de adictos en rehabilitación que se auto-prohiben la entrada a casinos y casas de apuestas. La confianza en una autorregulación no siempre es eficaz.