El magistrado Damián Álvarez presidirá la Audiencia Provincial

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eligió ayer al magistrado Manuel Damián Álvarez García como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, cargo en el que sustituye a Miguel Carmona, que ocupaba el cargo desde 1992 y que aspira a ser elegido ahora como vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces. El nombramiento del presidente de la Audiencia de Sevilla, cargo al que optaban también los magistrados Víctor Nieto y Pedro Izquierdo, se retrasó en dos ocasiones anteriores por la situación de parálisis del CGPJ, hasta que finalmente el Pleno avaló ayer el nombramiento de Damián Álvarez por una mayoría de diez votos sobre los 17 miembros presentes en la deliberación. El juez Damián Álvarez (Cazalla de la Sierra, 1950), es el magistrado más antiguo de la Audiencia hispalense y actualmente preside la Sección Segunda, especializada en asuntos de familia.

Desde su ingreso en la judicatura, en 1976 ha pasado por diversos destinos -fue juez en localidades como Ayamonte, Rota, Écija, Bilbao y Córdoba- y ha desempeñado puestos de responsabilidad como vocal del CGPJ entre los años 1996 y 2001. Damián Álvarez pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), de carácter conservador y mayoritaria en la carrera judicial.

El magistrado, que está considerado un experto en materia civil y ha publicado numerosos estudios sobre arrendamientos, contratos y derecho de familia, presentó su candidatura a la Audiencia de Sevilla porque, según manifestó en una entrevista a este periódico, se sentía con "capacidad, ganas e ilusión para afrontar un nuevo reto profesional: ejercer un cargo de relevancia institucional en el que, junto al desempeño de sus funciones judiciales, se asumen importante tareas de gestión y de representación".

Entre las prioridades que se ha marcado el nuevo presidente de la Audiencia está la de conseguir la cuarta plaza de magistrado en las Secciones de la Audiencia que sólo cuentan con tres y mejorar las condiciones de trabajo en los órganos judiciales, potenciar la participación en la vida institucional e incrementar los mecanismos de diálogo entre las distintas secciones para unificar criterios.