La mafia del taxi del aeropuerto creó una situación “insostenible y de caos”

Sevilla/Nueva vuelta de tuerca en la investigación judicial a la presunta mafia del taxi. Primero fue la juez la que acusó a la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi de crear un “grave perjuicio” a la ciudad con el monopolio de la parada del aeropuerto, y ahora es la Fiscalía de Sevilla la que carga las tintas contra los investigados.

La Fiscalía ha presentado sendos escritos en el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, que instruye la macrocausa, en los que sostiene que la actuación de los taxistas investigados y de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi, que también ha sido citada como investigada en este procedimiento, creó una “situación insostenible y de caos” en torno al aeropuerto de Sevilla, destacando que los hechos investigado afectan directamente “a los viajeros y en especial a los sevillanos”.

La Fiscalía ha pedido a la juez Reyes Flores que proceda a la “protección” de determinados testigos, teniendo en cuenta que el delito más grave de los que se investigan es el de “organización criminal”, por lo que según el Ministerio Público, “urge” la consideración de “testigo protegido” a efectos de lo previsto en la ley de protección a testigos y peritos en causas criminales “de cuantas personas que como en este causa pudieran encontrarse en la situación que la ley contempla”.

En uno de los escritos, el fiscal José María Cañal se opone con contundencia al recurso presentado por la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi contra el ofrecimiento de acciones realizado por el juzgado al Ayuntamiento de Sevilla para que se persone en la causa –esta asociación entiende que el Consistorio no puede ser considerado como “víctima ni perjudicado”–.

El Ministerio Público recuerda que los hechos que se investigan son la apropiación de la parada del aeropuerto de San Pablo por “los miembros de una asociación que como persona jurídica ha declarado y está siendo investigada al haber usado métodos propios de una organización criminal, coacciones, daños y otros medidas de presión que trascienden el mero ámbito aeroportuario, todo lo cual ha creado una situación insostenible y motivado la incoación del procedimiento”, sentencia José María Cañal.

El fiscal recuerda que el interés público lo defiende el Ministerio Fiscal con las acciones penales y civiles que corresponder, pero ello no obsta a que quien “representa directamente a todos los sevillanos también intervenga, como de hecho ocurre en múltiples procedimientos de mucha menor relevancia”. El Ayuntamiento, según los criterios acordados recientemente por la junta de gobierno local, no se ha personado en esta causa, en la que sí está personada la empresa de transportes urbanos Tussam.

El fiscal responde también a una de las críticas de Solidaridad del Taxi respecto a que el ofrecimiento al Ayuntamiento podría considerarse como un “efecto de presión”, un efecto que para el Ministerio Público es precisamente el inverso porque “de la investigación realizada se deduce que la asociación cuyos integrantes presentan el recurso han logrado evitar la acción administrativa durante años, intentando ahora soslayar la actuación del Ayuntamiento en la causa, bajo el amparo de una investigación penal”.

De la misma forma, el fiscal considera que los perjuicios derivados de los delitos investigados “no afectan sin más a entidades como la empresa pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) o a la representación personada de Unauto” [la patronal de las empresas de VTC], porque “el perjuicio total puede no estar concretado, pero es evidente y traducible económicamente, lo que se hará en su momento”.

Para realizar esa valoración, prosigue el fiscal Cañal, se consideran aspecto como “la situación de caso creada en algunas ocasiones en torno al aeropuerto de Sevilla, generando un bloqueo con grave trastorno para el transporte de viajeros entre la ciudad y su aeropuerto”; así como los daños causados en la línea de Tussam en el aeródromo sevillano, tanto materiales como derivados de la “presión” para reducir la presencia de aquella por la asociación investigada; o la existencia de multas impuestas por la Policía Local sin tramitar en el local de la asociación; y la necesidad de derivar medios y dotar de más agentes para “salvaguardar la seguridad” debido a la situación creada por Solidaridad del Taxi y “parte de sus miembros, aunque tales medios hayan sido como se ve insuficientes”, apunta Cañal.

El fiscal concluye que los hechos investigados “afectan directamente y más que a nadie a los viajeros y en especial a los sevillanos, como demuestra la repercusión en los medios de comunicación, especialmente en los últimos años”. También cita el fiscal la situación de “exclusión” de otros taxistas y las diversas “medidas ilícitas (delictivas de presión) que afectan a muchos sevillanos usuarios de servicios de transporte”.

En otro escrito, el fiscal pide a la juez que tome declaración a “múltiples personas afectadas” que han denunciado los hechos y a veces han declarado ante la Policía, aunque no hay declaración judicial de los mismos. Por último, el fiscal dice que una vez que se completen los ofrecimientos de acciones a todos y cada uno de los perjudicados, se procederá a la “peritación de todos los daños y perjuicios causados en las distintas acciones que son objeto de investigación”.