Los maestros de la enseñanza pública de Sevilla se oponen al concierto de la FP y el Bachillerato

Los maestros y profesores que trabajan en centros educativos públicos de Sevilla se oponen a que la Junta de Andalucía concierte las enseñanzas posobligatorias. Así lo han acordado los sindicatos en la junta de personal docente, que se ha reunido esta semana -mantienen dos encuentros al año- para analizar la situación de la enseñanza. En dicha cita los representantes sindicales han exigido al Gobierno andaluz que paralice las intenciones de que colegios privados puedan ofertar plazas sostenidas con fondos públicos en FP y Bachillerato, como recientemente ha anunciado el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda.

Debe recordarse que la junta de personal docente es el máximo órgano de representación de este colectivo, donde se ha advertido de que la pretensión del Ejecutivo autonómico propiciará un impulso a la educación concertada "mucho mayor que el que supuso el decreto de escolarización", que provocó que las organizaciones sindicales se echaran a la calle en la huelga del pasado 4 de marzo.

Los sindicatos alertan de que "la potenciación de la FP privada subvencionada, conducirá a más desigualdades y profundizará en la segregación del alumnado". A ello añaden que "este ataque a la educación pública tendrá gravísimas consecuencias", pues supondrá "la supresión de unidades y líneas y después de centros públicos completos".

Ante tales advertencias debe recordarse que Imbroda ya aclaró en su momento que estos conciertos, cuyo mayor interés se centra en la FP, obedecen a la falta de una oferta netamente pública que atienda al alta demanda que registran los ciclos formativos. No obstante, para que estos acuerdos se cierren los centros solicitantes deben reunir una serie de requisitos, entre ellos, que las titulaciones que ofrecen tengan un alto grado de empleabilidad.

Cuotas y "segregación"

Las exigencias sobre la enseñanza concertada van más allá de estas etapas al pedir, a propuesta del sindicato Ustea, que "se abandone de inmediato el plan de regularización del cobro ilegal de cuotas por parte de estos centros". Se trata de un pago que, aunque voluntario, se solicita a muchas familias, ya que las ayudas públicas recibidas no resultan suficientes para cubrir los gastos de los colegios concertados.

También solicitan que se establezcan los mecanismos necesarios para "la erradicación de prácticas segregadoras" en los procesos de escolarización en centros privados concertados, en clara alusión a los colegios de educación diferenciada, de los que quedan seis en Sevilla.

Unos preceptos que van en línea con lo defendido por la Lomloe, la polémica ley Celaá que ha provocado ya diversas protestas por parte de la comunidad educativa de los colegios concertados y que chocan con los principios defendidos por la Junta en su política educativa en estos dos años del Gobierno de PP y Cs. Una fractura que, con esta postura de la junta de personal docente, se irá agrandando entre quienes se oponen a los conciertos a la enseñanza y quienes los defienden como instrumento para garantizar la libertad de elección de las familias.