"Esta ley aporta más seguridad tanto a la mujer como a las clínicas"

José Ángel Lozoya. Educador sexual y fundador de Los Naranjos

El 21 de octubre de 1980, hace 30 años, los fundadores de la clínica Los Naranjos y sus pacientes fueron detenidos en el número 29 de la calle Mateos Gago. A este punto de la ciudad acudieron durante nueve meses hasta 432 mujeres procedentes de todos los puntos del territorio nacional para someterse a un aborto. Uno de los fundadores de este centro, José Ángel Lozoya, recuerda que en aquella época muchas mujeres tenían que acudir a la clandestinidad para interrumpir un embarazo no deseado. Y los profesionales que se dedicaban a ello corrían el riesgo de entrar en la cárcel. "Las que podían, porque tenían medios e influencia, optaban por acudir a países del entorno como Inglaterra o Portugal, o bien a clínicas de lujo donde la interrupción se encubría como un acto de Ginecología", explica.

Los fundadores de Los Naranjos, la primera clínica abortiva desmantelada en el ámbito estatal, fueron procesados y condenados, pero en 1992 el Gobierno los indultó. A sus 59 años, Lozoya recuerda "momentos duros" durante la Transición, cuando comenzaron "a crearse las primeras clínicas por parte de personal no médico dedicadas a los abortos". En el periodo anterior, durante el Franquismo, no había clínicas. Mujeres conocidas como aborteras utilizaban métodos, en ocasiones muy arriesgados para la vida de la mujer, para interrumpir embarazos. Se utilizaban técnicas rudimentarias basadas en romper la placenta. "Se utilizaban agujas de punto, el sistema perejil que está basado en un vaso dilatador o las sondas en el cuello del útero que suponían un riesgo vital", recuerda. Fue a principios de los años 80 del siglo pasado cuando se crearon las primeras clínicas clandestinas, de la mano de colectivos feministas. "El objetivo era lograr la legalidad de estas prácticas". En Valencia se crearon tres grupos. Y posteriormente, se fundó Los Naranjos en Sevilla. Con el cierre de esta clínica clandestina, "movimientos feministas y colectivos de ginecólogos de hasta 60 países expresaron muestras de solidaridad con el personal y las pacientes", comenta.

Para José Ángel Lozoya, la nueva legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo llega con 30 años de retraso respecto a otros países de nuestro entorno: "Esta ley aporta más seguridad tanto a la mujer como a las clínicas que se dedican al aborto, sobre todo, al regularse el aborto en plazos".

Lozoya, junto al Foro de Hombres por la Igualdad, aplaude el congreso de Sevilla y, aprovechando la cita, participó anoche en una concentración en favor del aborto bajo el lema Penalizar el aborto es violencia machista y la premisa de que "todo ataque contra las libertades de las mujeres constituye una agresión machista".