El laberinto de la grúa municipal
Desde que el servicio se adjudicó en 1994 a una empresa privada, la gestión ha recorrido un tortuoso camino salpicado por numerosos conflictos hasta que se produjo la cesión "ilegal" a la empresa Aussa
El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla decidió el pasado viernes el enésimo cambio en el modelo de gestión que experimenta el servicio de la grúa municipal, actualmente gestionado por la empresa Aparcamientos Urbanos de Sevilla (Aussa). El acuerdo consiste en sacar un nuevo concurso público, con lo que el servicio de retirada de vehículos de la vía pública pasará a ser gestionado por una empresa privada, algo que no ocurría desde 2004.
La gestión de la grúa municipal ha recorrido un tortuoso camino desde que en enero de 1994 -en la época en que Alejandro Rojas Marcos (PA) era alcalde-, el Consistorio adjudicó el servicio de retirada de vehículos abandonados y los que obstaculizaban el tráfico a la empresa Setex Aparki. Cuatro años después, el contrato de la grúa pasa a la empresa valenciana Servicleop, que gana el concurso público y asume los trabajadores de la anterior sociedad. Los problemas con Servicleop surgen prácticamente desde que se inicia la concesión. Tras el primer año de servicio, Servicleop solicitó al Ayuntamiento que le permitiera no abonar el canon estipulado y que ascendía a unos 270.000 euros, debido a las pérdidas que iban acumulando. La plantilla, por entonces de 36 trabajadores, también se enfrentó a la empresa, a la que exigían un aumento del personal. La situación desembocó en la convocatoria de una huelga por los conductores.
El Ayuntamiento consideraba que Servicleop no estaba cumpliendo los términos de la concesión, dado que la empresa tenía menos trabajadores de los pactados, uno de sus vehículos estaba en un pueblo y carecía de una grúa especial que era obligatoria, unas irregularidades que la empresa siempre rechazó.
En febrero de 2002, el Ayuntamiento decidió rescatar el servicio y lo adjudicó provisionalmente a la empresa Setex Aparki hasta que en 2004 le vuelve a retirar la concesión. En esta ocasión, se decide que la gestión de la grúa la lleve el propio Consistorio, a través de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam). Tussam suscribió un nuevo contrato, en febrero de 2005, con Aussa para la cesión del servicio, lo que derivó en nuevos problemas con los trabajadores de la grúa.
La gestión tanto privada como pública de la grúa municipal no ha estado exenta de polémica y ha generado diversos litigios que han derivado en varios pronunciamientos judiciales, algunos de ellos claramente perjudiciales para las arcas municipales. Una primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dictada a finales de 2004, condenó al Ayuntamiento de Sevilla a indemnizar con 360.000 euros a la empresa Servicleop, en concepto de compensación por el déficit empresarial y el resarcimiento de daños por la gestión del servicio de la grúa entre febrero de 2000 y enero de 2001. La empresa alegó que el Ayuntamiento le garantizó un mínimo de 36.400 retiradas de vehículos al año, pero las pérdidas se produjeron desde el primer ejercicio, al no alcanzarse la cifra prevista -sólo efectuaron unos 14.000 servicios-.
El Ayuntamiento también fue condenado a compensar con otros 5.649,51 euros a Servicleop, por los daños y perjuicios ocasionados por una huelga previa a la Feria de Abril de 2000, después de que el Consistorio asumiera directamente la retirada de vehículos durante dos días. El TSJA también declaró nula la adjudicación provisional del servicio en 2002 a Setex Aparki, en una sentencia que estimó que la retirada de la concesión a Servicleop "no estaba justificada".
El último varapalo judicial al Consistorio se produjo como consecuencia de la cesión del servicio a la empresa Aussa. La Sala de lo Social del TSJA dictó en octubre de 2006 una sentencia -ratificada por el Tribunal Supremo en 2008- que concluyó que la cesión a Aussa es "ilegal" porque la empresa Tussam no estaba autorizada para transferir la concesión.
La sentencia dio la razón a uno de los conductores que había pedido el pago de una deuda y solicitaba que tanto Tussam como Aussa fuesen consideradas responsables solidarias, debiendo hacer frente al pago. La Justicia consideró que Tussam "encubrió" un fraude al intentar que no se constatara que hubo una sucesión de empresas.
El contrato con Aussa para la gestión del servicio de grúa finaliza en febrero del año que viene, por lo que el concurso público que el Ayuntamiento ha decidido convocar deberá resolverse antes de esa fecha. Los trabajadores de Aussa aprueban, en principio, la decisión, aunque reclaman que la adjudicataria que llegue respete sus derechos.
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