Dos juzgados de Sevilla investigan irregularidades en la Policía Autonómica

Dos juzgados de Sevilla investigan una serie de presuntas irregularidades en el seno de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta, conocida popularmente como Policía Autonómica, tras las pesquisas efectuadas por la Unidad Central de Asuntos Internos. Como ya adelantó este periódico, una de las investigaciones es la que lleva el juzgado de Instrucción número 16 sobre el presunto cobro irregular de dietas y kilometraje, en el que hay cuatro policías imputados. Son cuatro agentes que realizaban la escolta del traslado de metadona desde Madrid hasta los centros de salud de Andalucía, que presuntamente viajaban en coches oficiales y supuestamente declaraban que hacían el trayecto en sus vehículos particulares para así cobrar las dietas. Se les investiga por falsedad en documento público y malversación.

La persona que denunció este asunto es un inspector que tuvo conocimiento de los hechos casualmente en un entierro. A raíz de esta primera investigación, el inspector ha denunciado una serie de presiones y acoso que dice haber venido sufriendo en represalia por levantar esta presunta trama, y que él entiende que podría constituir un delito de coacciones, según indicaron a este periódico fuentes judiciales. De hecho, ha terminado saliendo de la unidad. El denunciante ha vuelto a comparecer ante la unidad de Asuntos Internos para denunciar una serie de presuntas irregularidades en el seno de la Policía Autonómica. En este caso, es el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla el que ha abierto una nueva investigación.

A pesar de ser el funcionario de la escala ejecutiva con más antigüedad en la Jefatura Provincial, no era él quien sustituía al jefe en su ausencia, sino otros dos inspectores "que están por debajo en el escalafón al ser menos antiguos", lo que el denunciante considera que es "un claro menosprecio" hacia su persona. El inspector denuncia que los jefes de la unidad utilizan los coches oficiales para uso particular durante los 365 días del año y a todas horas, una situación que es habitual incluso durante las vacaciones. Esta circunstancia se da en uno de los casos desde octubre de 2022 y en otro desde marzo de 2023, y "la superioridad tiene conocimiento de ello, haciendo caso omiso".

Otra de las cuestiones denunciadas es la "mala gestión de los recursos humanos, que provocan las bajas de los funcionarios, la mayoría de las cuales son de forma voluntaria motivadas por el descontento generalizado y dan lugar a que no se puedan realizar los cometidos propios del área de Coordinación y Enlace, ya que los funcionarios son adscritos a otros grupos, dejándola sin cometido".

Una cuestión más tiene que ver con el dispositivo del plan Infoca para el servicio de los días 9 y 10 de septiembre de 2023, donde había tres indicativos con seis funcionarios en total. "El jefe provincial de Sevilla también figura en la mencionada orden de servicio como dirección del dispositivo en ambos días, pero no presencia física de servicio efectivo como así estipula el comisario jefe de la unidad para el cobro de los servicios específicos", apunta la declaración del inspector ante Asuntos Internos, a la que ha tenido acceso este periódico.

El inspector denunciante sólo realizó un servicio específico remunerado en 2023, mientras otros funcionarios hicieron más de 30. La Jefatura Provincial abrió una información reservada contra el inspector tras su denuncia por presunto cobro irregular de dietas, en la que se citó a declarar a varios funcionarios y se les preguntó por hechos ocurridos hasta "cuatro o cinco años" antes y "facilitando hasta las respuestas para hacer daño y perjudicar al inspector". Dichas declaraciones podrían ser constitutivas de delitos de falso testimonio y coacciones para influir en las mismas.

El escrito hace referencia a la actividad de un oficial, que es propietario y gestiona una academia de policía "en horas de servicio y se llevaba el vehículo policial uniformado, aparcándolo en la puerta, haciendo ostentación del uniforme y medios policiales". Dice además que llegó a recibir visitas de familiares de aspirantes en su despacho. El citado oficial "comunicaba abiertamente que tenía trabajando para él y en nómina" a otro inspector, que además era el responsable del régimen disciplinario de la unidad adscrita y el mando operativo de los cuatro policías investigados por el presunto cobro irregular de dietas.

"Es, por tanto, parte implicado en los hechos presuntamente delictivos, participando personalmente en los viajes a Madrid para el traslado de la metadona y que son objeto de investigación por la Unidad de Asuntos Internos y por el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, teniendo perfecto conocimiento de los mismos, que se vienen desarrollando desde hace muchos años y habiendo tenido la obligación legal de comunicarlo a la superioridad, Asuntos Internos y la autoridad judicial", añade la denuncia.

Igualmente, el escrito recoge que el oficial dueño de la academia "tenía en nómina al comisario jefe de la unidad (...) que se encargaba de preparar para la entrevista personal a los aspirantes a policía, cobrándoles 180 euros, de los que 150 eran para el comisario y 30 para él". Hace referencia a "sobres de hasta 6.000 euros, según manifestaba abiertamente dicho oficial".

El inspector asegura que hay una clara "animadversión" hacia él después de que se negara a que este oficial regresara tras un permiso de paternidad "para continuar con sus actividades privadas durante su servicio ordinario en las instalaciones policiales y con el consentimiento de la superioridad". Esto llevó al oficial a pedir una excedencia para cuidar a sus hijos pequeños.

Por ello, y como represalia por ser testigo en el caso del cobro irregular de dietas, el denunciante asegura que no se le ha renovado la comisión de servicio, es decir, no ha podido continuar dentro de la unidad. "Todo lo que estoy sufriendo por este hostigamiento es con el objeto de producirme miedo, desprecio o desánimo en el trabajo", llegó a declarar el inspector, que actualmente está de baja médica.

Añade la declaración ante Asuntos Internos que la Jefatura ordenó que no se enviaran correos al inspector y que, si éste acudía a la sede policial para llevarse sus pertenencias, debe hacerlo "acreditado y acompañado". Cuenta además que tanto el ordenador oficial de sobremesa de su despacho como el ordenador portátil oficial y el teléfono oficial "han sido monitorizados de manera constante, accediendo tanto a su correo oficial como al particular, no garantizándose el honor y la intimidad personal y familiar en sus comunicaciones privadas". Estas supuestas intromisiones "son fácilmente demostrables por los operadores de informática de la unidad adscrita", así como por las cámaras de vigilancia de los pasillos.

Toda esta situación "de acoso laboral" ha provocado en el inspector un "cuadro de ansiedad y depresión, con tratamiento psicológico y psiquiátrico y medicación abundante". La denuncia del acoso laboral fue remitida por parte de la unidad de Asuntos Internos a los juzgados de Sevilla el 15 de abril y de ella se ha hecho cargo Instrucción 2, que investiga los presuntos delitos de acoso laboral, coacciones y obstrucción a la Justicia. Mientras tanto, continúa en el juzgado de Instrucción 16 el procedimiento contra cuatro policías por el presunto cobro irregular de dietas y kilometrajes en la escolta del traslado de metadona desde Madrid hasta Andalucía.