La Justicia avala el cierre de una residencia de estudiantes en el entorno de la Plaza Nueva

Nuevo varapalo. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Sevilla ha desestimado el recurso presentado por la propiedad de una residencia de estudiantes que ocupa un edificio completo de cuatro plantas más la azotea a escasos metros de la Plaza Nueva tras una resolución de marzo de 2021 en la que se ordenó su cierre.

En la sentencia que avala a la Gerencia de Urbanismo se expone que, “a la vista de los datos que se recogen en la denuncia y en el informe del servicio de Licencias e Inspección Urbanística ha quedado acreditado que la parte actora ejecutó obras en la vivienda a fin de redistribuir la misma (...) Queda probado que la parte actora alquila las habitaciones de que dispone cada planta de la vivienda de forma independiente a personas que carecen entre sí de vínculo familiar, laboral, afectivo o de cualquier otra clase. Y que la oferta de alquiler va destinada a estudiantes (se publicita en viverasmus.com, página que ofrece alojamiento a estudiantes), quedando también probado que los subarrendatarios de las habitaciones son ciudadanos extranjeros”.

La juez añade que “el piso se adecuó al fin de hospedaje de estudiantes y se destina a dar residencia a estudiantes, y sin que conste haya obtenido autorización municipal que ampare ese uso de residencia de estudiantes, por lo que la resolución, en tanto acuerda la inmediata suspensión del uso del inmueble al carecer de autorización municipal que ampare el uso de residencia de estudiantes, es ajustada a derecho. Y sin que la parte actora haya propuesto prueba que desvirtúe estos datos, limitándose a negar que el uso sea residencia de estudiantes, sin más”.

En segundo lugar, “en cuanto a alegación de que se ha presentado solicitud de legalización que aún no ha sido resuelta, decir que la falta de resolución de la solicitud de legalización no impedía el dictado de la resolución objeto de recurso, ya que lo que acuerda la resolución es la inmediata suspensión del uso de residencia de estudiantes, y sin lo que se resuelva en el expediente de legalización tenga influencia alguna en la suspensión acordada”.

Entre las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanísticas que fueron exigidas al promotor por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo en el expediente se encontraban el deber de requerir la solicitud de autorización de obras y actividad legalizables en cumplimiento de lo establecido en el Plan General vigente. En noviembre de 2023 se reiteró de nuevo la orden de cierre.

En el recurso se solicitaba fundamentalmente la suspensión de la resolución, se negaba que la edificación se destine a residencia de estudiantes, se manifestaba disconformidad con el informe técnico emitido, así como desproporción de la valoración de las obras ejecutadas que el mismo informe recoge. También se alegaba que las obras cuentan con licencia.

Los técnicos de Urbanismo respondieron que el céntrico inmueble se publicitaba como residencia para estudiantes y no se aportaron los documentos indicados para acreditar las alegaciones, “entre otros la supuesta licencia”.

En la resolución de marzo de 2021 sobre el negocio enclavado en el número 13 de la calle Albareda, la Gerencia solicitó la demolición de la piscina que cuenta con una superficie de 12 metros cuadrados y de la zona cubierta con una pérgola de unos 20 metros cuadrados instalada en la planta terraza del céntrico edificio. Detallan que tanto la piscina como la pérgola de la última planta se encuentran ubicadas en el nivel seis (por encima de la altura máxima reguladora señalada en el Plan General).

La orden de cierre de la residencia de estudiantes comienza con un informe emitido en febrero de 2021 a raíz de la visita realizada por agentes de la Unidad de la Policía Turística, que lo primero que constata es que no hay licencia.