La Justicia archiva la investigación por el cobro irregular de dietas en la Policía Autonómica

El juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha archivado la investigación por el presunto cobro irregular de kilometrajes y dietas contra cuatro agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, conocida popularmente como Policía Autonómica. El juez Juan Gutiérrez Casillas considera que no ha quedado "debidamente justificada la perpetración de delito alguno imputable a persona determinada", según consta en el auto de archivo, fechado el 19 de diciembre de 2024. Por lo tanto, tampoco se aprecian indicios del delito de falsedad, que se les imputaba a los policías por haber supuestamente elaborado unos documentos para justificar tales cobros.

A modo de celebración, una copia de dicho auto se ha colgado en la puerta de un despacho de la comisaría de la Policía Autonómica en Sevilla, en el que alguien ha subrayado las frases principales y en el que incluso había dejado el mensaje "Feliz Navidad" escrito con rotulador. Este mensaje iba claramente destinado a los policías que alertaron de lo que estaba ocurriendo en el seno de la unidad, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de Asuntos Internos y en los juzgados. El auto está colgado en la puerta del despacho del jefe del subgrupo Aprome (Área de Protección del Menor), que es el oficial de policía que estuvo imputado.

Los cuatro agentes que fueron investigados formaban parte del dispositivo que viajaba con regularidad a Madrid para recoger la metadona que luego se reparte a los drogodependientes en los centros de salud de Andalucía. Ese transporte lo hacen funcionarios de la Consejería de Sanidad, que acuden a recoger la metadona a Sanidad Exterior, y la vuelta se hace con escolta policial. Eran estos cuatro policías los que solían desempeñar ese servicio desde hace años.

La presunta irregularidad investigada vendría porque el viaje se hacía en vehículos oficiales camuflados de la unidad adscrita, pero sin embargo luego los policías habrían pasado los gastos de kilometraje como si hubieran hecho el trayecto en sus coches particulares, cobrando así un dinero que no les correspondía. Se les investigó también por una presunta falsedad documental a la hora de justificar los supuestos gastos. La investigación se ciñó a los tres años anteriores. La Justicia no aprecia delito en la conducta de los cuatro agentes.

Los funcionarios que han quedado ya libres de toda sospecha son policías nacionales destinados desde hace años en la unidad adscrita a la Junta, un grupo cuyo personal depende del Ministerio del Interior pero que orgánicamente asume las competencias del gobierno autonómico en materias como protección de menores, lucha contra el juego ilegal o el control de espectáculos públicos y la reventa de entradas o el medio ambiente, entre otros asuntos. En la puerta del despacho del grupo de menores, precisamente, se ha colocado la copia del auto.

Los viajes a Madrid los hacían siempre el oficial y los tres policías, dos por viaje. Era ida y vuelta en dos días sin los funcionarios de Sanidad. No participaban el resto de funcionarios del grupo, hasta que en una ocasión participó una policía, que se negó a percibir el dinero a través de bizum por parte de uno de los agentes que iba siempre. Esta agente puso los hechos en conocimiento la superioridad.

La investigación surgió tras varias denuncias. Uno de los denunciantes es un inspector que denunció después haber sido apartado de la unidad adscrita como represalia. Este agente llevó a los juzgados el presunto acoso que sufrió desde que prestó declaración ante Asuntos Internos, en una denuncia en la que también informaba del uso de vehículos oficiales para fines particulares por parte de la jefatura de la unidad, el cobro de horas extraordinarias o el trabajo de algunos mandos en una academia privada durante las horas de servicio, entre otros asuntos.

A raíz de ello, se le abrió al inspector un expediente disciplinario por falta grave, que también terminó archivándose. Se han estimado sus alegaciones y la mayoría de los testimonios contra él se refieren a hechos prescritos. Por ello, este agente entiende que la no renovación de su comisión de servicio es "irregular en toda regla", por lo que pedirá la restitución de su puesto de trabajo en el curso del litigio por acoso laboral que mantiene con la jefatura. Además, estuvo de baja laboral por causas psicológicas y las presiones que asegura que recibió, que le han acarreado un grave perjuicidio.

Uno de los denunciantes ha puesto en conocimiento de la unidad de Asuntos Internos que el archivo del caso del kilometraje responde a un supuesto pacto en el que los agentes "han reconocido los hechos y han devuelto parte del dinero apropiado indebidamente y lo han enmascarado como un error administrativo". El denunciante considera el fallo judicial como "una injusticia total para los honrados policías que trabajan a diario" y dice estar "al menos, con la tranquilidad del deber cumplido y con la cabeza muy alta”, aunque "triste por lo reseñado". Igualmente, agradece a la unidad de Asuntos Internos el trabajo realizado “para colaborar con la Justicia y perseguir los delitos, a pesar de los resultados, donde los policías siguen en sus puestos y sus mandos salen impunes”.