La juez abre juicio oral por la petición de comisiones ilegales en Mercasevilla

La juez que investiga el caso Mercasevilla ha abierto juicio oral contra los cuatro acusados de pedir una comisión ilegal de 450.000 euros y ha remitido el caso para su enjuiciamiento por un jurado popular.

La juez de instrucción 6, en un auto, recoge entre los hechos objeto de juicio que los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce se reunieron en enero de 2009 con dos representantes del Grupo La Raza de hostelería y les exigieron esa cantidad "como una especie de impuesto" que debían pagar a la Junta de Andalucía como condición para ser adjudicatarios de la Escuela de Hostelería en el mercado central.

Los acusados dijeron a los empresarios que "todas las Administraciones funcionan así" y aportaron más argumentos para convencer a sus interlocutores "de la lógica de la comisión requerida", según el auto.

Los empresarios recibieron la oferta en un primer encuentro con Daniel Ponce, quien les dijo que "los que dan, piden", en referencia a los 900.000 euros que ya habían obtenido de la Junta como subvención para la citada escuela.

Ante su sorpresa por la petición, los empresarios concertaron un segundo encuentro, que grabaron, en el que Mellet añadió a su oferta que "si colaboraban con la Junta, se les subvencionarían todos los cursos de formación futuros".

Este es el primero de los cuatro sumarios del caso Mercasevilla que llega a juicio y en él han sido procesados además Antonio Rivas, ex delegado de la Consejería de Empleo en Sevilla, y la funcionaria M.R.P.

La juez reconoce que los indicios contra Rivas y la funcionaria tienen "un material probatorio más débil, pero es suficiente para que puedan ser juzgados y que su actuación sea examinada bajo el crisol probatorio" del juicio oral.

Respecto a Rivas, la única prueba contra él lo constituye las confesiones ante la Policía y la Fiscalía de Mellet y Ponce, pero según la juez cuando estos exdirectivos dijeron hablar en nombre de la Junta e hicieron "continuas alusiones" a que ese era el comportamiento habitual, utilizaron expresiones "tan contundentes y claras" que "resulta poco probable que esas exigencias fueran decididas por ellos".

Precisa el auto que incluso los imputados "deslizaron sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE" al decir a sus interlocutores la frase: "O será para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis", refiriéndose al destino del dinero.

La Fiscalía de Sevilla ya ha pedido 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para cada uno de los cuatro acusados, mientras que el PP y el PA, que ejercen la acusación, solicitan un año de cárcel, trece de inhabilitación y multas que totalizan hasta 3,6 millones de euros.

La juez mantiene en su auto que los hechos constituyen un delito de cohecho, y por lo tanto competencia de un jurado, sin indicios de los delitos de uso de información privilegiada, que imputó el PP, y de estafa cualificada, según la acusación particular del PSOE, porque "falta el elemento esencial del engaño suficiente y del error del sujeto pasivo".