Una juez de Sevilla ordena el desahucio del okupa que alquilaba el piso por Airbnb

La juez titular del juzgado de Primera Instancia número 11 de Sevilla ha ordenado el desahucio del okupa que alquilaba el piso por Airbnb. Este hombre, Francisco Javier L. G., ocupó a finales de noviembre de 2022 un piso de la calle Monsalves, esgrimiendo un contrato falso y utilizando para entrar una llave falsa. Los propietarios de la vivienda son dos hermanos, Ricardo y Laura Román, que heredaron el piso al fallecer su padre y lo utilizaban para las estancias frecuentes de Laura en Sevilla para tratarse del parkinson que padece y con vistas a que Ricardo se estableciera en él al tener que dejar su casa en el Cerro del Águila al perder su empleo.

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2022 se encontraron con que el piso había sido ocupado por una persona que ya había ocupado otras viviendas en el mismo bloque. Los dos hermanos propietarios llamaron a la Policía Nacional, pero la intervención fue tan surrealista que los agentes que acudieron le quitaron las llaves a Ricardo y se las dieron al okupa, que alegó que tenía a un menor a su cargo. Como entonces publicó este periódico, Ricardo terminó detenido y los policías le pidieron a su hermana que sacara el coche de la plaza de garaje que le correspondía.

Tras pasar a disposición judicial, Ricardo quedó en libertad y la causa contra él se archivó. En ese mismo auto de libertad, el juzgado de Instrucción número 3 constataba que la vivienda es propiedad de los hermanos y que el okupa aportaba un contrato de arrendamiento falso. Casi dos años después, una juez de lo Civil da la razón a los hermanos y ordena al okupa que se vaya de la vivienda. El okupa había pedido un aplazamiento de esta vista hasta final de año, que fue rechazado por la juez al no acreditar la situación de vulnerabilidad que aducía. Por su parte, los denunciantes insistieron en que el demandado destinada a la vivienda al arrendamiento con fines turísticos, de ahí que le interesara dilatar el procedimiento judicial al máximo para seguir obteniendo beneficios. Falta todavía por celebrarse el juicio penal, que está fijado para el mes de octubre. El okupa será juzgado por los delitos de allanamiento y falsedad, dado que presentó un contrato falso para tratar de hacerse con el uso del piso.

Durante todo este tiempo, los dueños del piso han tenido constancia de que el okupa ha alquilado su vivienda en varias ocasiones a turistas a través de Airbnb, algo que podía confirmarse simplemente entrando en la citada plataforma. Durante el puente de mayo, el piso se alquiló a 135 euros la noche, mientras que en la web de alquiler de pisos pueden leerse comentarios de los usuarios que lo alquilaron y lo destacan en su papel de anfitrión. "Catedral de Sevilla, ideal ubicación pleno centro, un dormitorio y el baño compartido", decía el anuncio del piso en Airbnb. "Francis es un anfitrión muy amable que se preocupa de que te sientas como en casa. La ubicación de la casa es muy buena", escribió uno de los que habían alquilado a través de esta plataforma.

En su denuncia, el abogado de los hermanos exponía que la vivienda "se venía destinando a satisfacer la necesidad de alojamiento de Laura, de dos a tres días a la semana, en los que debe despalzarse y pernoctar en esta ciudad para someterse al tratamiento médico por la enfermedad de parkinson que padece". Igualmente, "ya había sido acondicionada para destinarse a vivienda habitual de Ricardo, que por sobrevenida situación de necesidad económica hubo de abandonar su anterior domicilio". Relata a continuación lo ocurrido el 1 de diciembre de 2022, cuando en plena mudanza, Ricardo se topó con el okupa y el contrato falso que éste esgrimió. Este documento tenía como fecha el 26 de noviembre de ese mismo año y lo firmaba como propietario una persona con otro nombre, que no se ha averiguado quién es y si lo ha inventado el okupa, pero que desde luego no es el dueño del piso.

El contrato estaba manipulado "de forma burda y descarada" y se había sobreescrito una B encima de la D, que es la que corresponde al inmueble en cuestión. El okupa insistió en que se halla en una situación de vulnerabilidad. La juez de lo Civil considera acreditado que el piso es de los hermanos Román, que aportaron la nota simple del Registro de Propiedad, y que éstos habían sido desposeídos del uso de su casa "de forma unilateral y ajena a cualquier tipo de procedimiento judicial por el demandado". Por ello, estima la demanda de los legítimos dueños del piso y condena al okupa a "dejar libre, expedita y a disposición de los demandantes la vivienda". De no hacerlo, se ordenará el lanzamiento.