La juez investiga a un ex presidente de la CHG por el caso de los jamones

La juez de Instrucción 18 de Sevilla, María José Moreno, está investigando al que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero Ortiz, por su presunta implicación en el caso de los jamones de 500 euros con los que los regantes del Viar compraban presuntamente a altos cargos del organismo de cuenca. Fuentes de la Guardia Civil confirmaron ayer a este periódico que Manuel Romero figura entre los investigados en la operación Confiar, abierta por el instituto armado a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Sevilla.

Como adelantó este periódico, el Ministerio Público recibió en octubre de 2020 una denuncia de la patronal agraria Asaja, a la que habían llegado una serie de escritos anónimos relatando un cúmulo de irregularidades en la gestión del agua, cometidas presuntamente por los gestores de la comunidad de regantes del Viar con la connivencia de algunos funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). También se incluían en la denuncia unas grabaciones, en las que los responsables de la comunidad de regantes del Viar admitían que habían enviado cuatro jamones valorados cada uno de ellos en 500 euros para comprar a altos cargos de la CHG, para tenerlos a su favor en la tramitación de concesiones de tierras y otras gestiones. También se recogían amenazas a otros agricultores y otras dádivas y prebendas a funcionarios.

A partir de ahí, la Fiscalía presentó una denuncia en los juzgados y la instructora encargó a la Guardia Civil esta investigación que se ha saldado con las detenciones de nueve personas por presunto cohecho. Entre los nueve arrestados hay tres cargos del organismo de cuenca, cuatro gestores de la comunidad de regantes del Viar y dos miembros de la cooperativa Productores del campo. El ex presidente de la CHG Manuel Romero no figura entre los detenidos, pero fuentes del instituto armado confirmaron que está siendo investigado en este caso, ya que figuraba en la denuncia presentada por el Ministerio Público. Romero, vinculado al PP de Granada, fue presidente del organismo de cuenca durante cinco años, entre 2012 y 2017, y fue destituido precisamente tras descubrirse una serie de irregularidades, como adjudicaciones de contratos a dedo.

A los nueve detenidos se les imputan múltiples delitos, como el societario, cohecho, prevaricación, fraude a la contratación, contra la seguridad colectiva, tráfico de influencias, falsedad documental, amenazas y coacciones, según informó ayer la Guardia Civil en una nota de prensa. La investigación la ha llevado el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla. El instituto armado destaca que los investigadores contaron con ciertas dificultades para desarrollar su investigación, “dada la opacidad de este sector, los tecnicismos necesarios para conocer y entender cómo se lleva a cabo la gestión de las aguas públicas y la gran diseminación de los cometidos de gestión entre los distintos departamentos en los que se estructuran los organismos a los que la ley encomienda esta gestión”.

Son varias las irregularidades detectadas a lo largo de la investigación. La primera de ellas es la manipulación de la contabilidad de la comunidad de regantes del Viar. Esta maniobra se ejecutaba con la intención de ocultar el exceso en el consumo de la dotación de agua establecida por la CHG. La Guardia Civil apunta que el exceso en el consumo de agua era consentido y orquestado por los gestores de la comunidad, con la intención generar unos ingresos extra en las cuentas de la comunidad, los cuales provenían de la facturación emitida por los referidos excesos permitidos en el consumo de agua.

El consumo de agua rebasaba el límite establecido por la Confederación, toda vez que los gestores de la comunidad permitían excederse en el consumo a regantes que no formaban parte de dicha comunidad. Los beneficios obtenidos a través de esta práctica delictiva, en torno a los 200.000 euros, eran ocultados por los gestores de la comunidad al resto de los regantes.

Otra irregularidad fue el arrendamiento de unos terrenos por parte de la CHG a la comunidad de regantes del Viar, sin que se sometiera el mismo a un proceso de licitación. Los requisitos establecidos para la concesión de este suelo se incumplían de forma taxativa. Las condiciones impuestas por la CHG exigían que dichos terrenos no podían ser explotados ni tener un fin lucrativo, no se podían ceder a terceros y la finalidad que se le iba a otorgar era una experiencia de riegos.

La Guardia Civil constató que la comunidad cedió dichos terrenos a la cooperativa de Productores del campo de Alcalá del Río, para sembrar naranjos de una variedad de naranjas patentada. Obviamente, el último fin de esta explotación agraria era obtener beneficios económicos. A pesar de ello, ambas entidades falsearon informes con la intención de simular experiencias de riegos y ocultar la verdadera finalidad de la maniobra.

Una tercera infracción fue la creación de balsas para riegos que carecen de plan de emergencias y rebasaban la cota de capacidad permitida. Esto, apunta la Benemérita, puede conllevar que cualquier incidencia en las estructuras de las balsas podría poner en riesgo a poblaciones aledañas a las mismas. Los investigadores constataron que la CHG hizo inspecciones a la comunidad de regantes del Viar. Sin embargo, en ninguna de las actas de estas inspecciones se hicieron referencia a las anomalías detectadas. A juicio de los instructores, de todas estas irregularidades tenían conocimiento algunos dirigentes de la Confederación. Pese a ello, el organismo de cuenta no tomó ninguna medidas para solucionar esta mala praxis.