La juez que investiga a la mafia en el taxi cita otra vez a los líderes del aeropuerto

Los líderes del taxi en el aeropuerto de San Pablo comparecerán por tercera vez en los juzgados el próximo 2 de abril. Lo harán de nuevo en calidad de investigados, después de que la Policía Nacional haya concluido su informe sobre las cuentas de la asociación hispalense Solidaridad del Taxi, que ostenta el monopolio de la parada del aeropuerto de San Pablo. En el documento, que tiene casi 140 folios y ha sido elaborado por el Grupo V de Investigaciones Patrimoniales de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla, la Policía constata que las cuentas de esta asociación de taxistas son totalmente "carentes de transparencia" y presentan desfases considerables entre los ingresos y los gastos durante varios ejercicios.

Tras recibir el informe, la juez de Instrucción 8 de Sevilla, Reyes Flores, ha citado a ocho miembros de Solidaridad del Taxi para el lunes 2 de abril, para tomarles declaración en calidad de investigados. Así lo establece esta magistrada en un auto fechado el 12 de marzo. Esta juez dirige la macrocausa abierta contra la mafia en el taxi de Sevilla, en la que se investigan decenas de ataques y sabotajes a las empresas con licencia VTC (vehículos de transporte concertado) y también la quema de nueve coches que reforzaban el servicio de la compañía Cabify durante la Feria de Abril de 2017.

Los taxistas están citados a partir de las diez de la mañana del día 2 de abril, primer lunes después de Semana Santa, y lo harán en intervalos de diez minutos. Como en anteriores ocasiones, entre los investigados están el presidente de la asociación Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras; el vicepresidente, Cesáreo Román; el tesorero, Antonio Velarde; y el secretario, Francisco Ternero; así como otros cuatro responsables de la asociación mayoritaria en el aeropuerto de San Pablo.

En la macrocausa hay más de una treintena de taxistas investigados por diferentes delitos, entre ellos los de amenazas, daños y pertenencia a organización criminal. La mayoría de imputados pertenecen a Solidaridad del Taxi. La cúpula de esta asociación ha sido citada ya tres veces por la juez que dirige la investigación. El presidente de la entidad, Enrique Filgueras, acudió por primera vez a los juzgados el 28 de junio de 2017, mientras que otros investigados, como es el caso de Antonio Velarde, lo hicieron el 19 de julio. Los ochos responsables de Solidaridad fueron citados de nuevo el 4 de diciembre. En esa fecha se acogieron a su derecho a no declarar, alegando que tenían que revisar y aportar una nueva documentación a la causa. Los ocho se negaron a prestar declaración, pese a que Filgueras había asegurado poco antes a un grupo de periodistas que lo aguardaban en la puerta de los juzgados que no tenían nada que ocultar y que iban a responder a todas las preguntas que se les hicieran. Filgueras quiso precisar que no se le investiga por el incendio de los nueve coches de la empresa Cabify, ocurrido en un hotel rural de Castilblanco de los Arroyos la madrugada del 1 de mayo del año pasado.

El informe policial que ha motivado esta nueva imputación detalla que las cuentas de la asociación Solidaridad del Taxi son "carentes de transparencia". Los investigadores han revisado los ejercicios desde el año 2012 hasta 2017 y encuentran que el porcentaje de descenso de los beneficios "no guarda coherencia con el ratio de liquidez". En total hay casi 400.000 euros de discrepancias entre los ingresos y los gastos a favor de estos últimos. Una de las cuestiones que se ha investigado es la cafetería que la asociación tiene subarrendada a un taxista en un local alquilado a AENA y cuyo uso y destino es el de almacén de segunda categoría. El ente público mantiene un litigio contra los taxistas por el uso de este local como cafetería y hay ahora mismo en marcha un expediente de desahucio para desalojar este local, en el que también están las oficinas de Solidaridad del Taxi. En su informe, la Udyco propone que se practique una inspección por parte de la Agencia Tributaria.

El informe de la investigación patrimonial llega meses después de otro documento elaborado por la Brigada de Información de la Policía Nacional, en el que se detallaba la forma de proceder de los responsables de Solidaridad del Taxi. Entre otros asuntos, la Policía incluía una conversación entre Enrique Filgueras y el director del aeropuerto de San Pablo, Jesús Caballero, en la que el primero alardeaba de que conocía secretos íntimos de la vida privada de personas influyentes, y utilizaba esta información para conseguir lo que se proponía. Así se lo decía al director del aeropuerto después de que éste ratificase en sede judicial que había sido objeto de seguimientos por parte de varios taxistas durante los primeros días de su llegada al cargo, en la primavera del año 2013.

La Brigada de Información registró la sede de Solidaridad en junio y halló copias de boletines de denuncia de cobros abusivos, impuestas por la Policía Local, que no habían sido tramitados por el Instituto del Taxi, ni apareciersen los originales.