La juez investiga las amenazas a los taxistas en el aeropuerto

El juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las amenazas y coacciones a los taxistas que prestan servicio en el aeropuerto de San Pablo. La juez ha decidido incoar unas diligencias previas tras al denuncia que presentó en diciembre pasado la Fiscalía de Sevilla, que solicitó la apertura de una causa para determinar si existe un monopolio para controlar el servicio del taxi en el aeródromo sevillano, según informaron este miércoles a este periódico fuentes judiciales.

La instructora del caso está actualmente analizando la denuncia del Ministerio Público con la finalidad de decidir qué tipo de diligencias deben practicarse para tratar de acreditar los hechos denunciados por la Fiscalía hispalense, así como si se toman algunas declaraciones de los posibles perjudicados.

La denuncia se produjo tras los últimos incidentes protagonizados el pasado verano, en el que al menos cuatro vehículos sufrieron pinchazos en sus ruedas y diversos arañazos cuando se hallaban en la terminal de San Pablo, en una acción vandálica que la mayoría de los taxistas interpretaron como un boicot de los compañeros que prestan servicio en el aeropuerto.

La Fiscalía de Sevilla comenzó a investigar el caso tras la denuncia que presentó en junio de 2012 la asociación Foro Taxi Libre y, después de varios meses de indagaciones, decidió finalmente presentar una denuncia en los juzgados, al entender que existen indicios de posibles delitos de amenazas y coacciones. Aun sin llegar a referirse expresamente a la existencia de una mafia en el sector, la Fiscalía sí advierte en su denuncia de la posible existencia de un grupo de taxistas que intenta "controlar la actividad" del gremio en el aeropuerto.

El Ministerio Público hacía referencia en la denuncia a los últimos episodios violentos que se han vivido en el aeropuerto de San Pablo, algunos de los cuales ya están siendo objeto de una investigación por parte de otros juzgados de Sevilla. Pero la denuncia no se centra tanto en estos casos concretos, sino que pretende determinar si realmente existe un grupo organizado como tal que controla la actividad del sector en la terminal y que podría ser presuntamente responsable de esos ataques que han sufrido los taxistas en los últimos meses y que a lo largo de los últimos años se han producido en algunas ocasiones.

La Fiscalía de Sevilla, según explicaron entonces fuentes del Ministerio Público, decidió presentar una denuncia por estos hechos, al entender que los mismos eran constitutivos de delitos de amenazas o de coacciones.

La asociación Foro Taxi Libre llevó el caso a la Fiscalía porque pretende que el gremio recupere "la seguridad y la libertad en la prestación del servicio", según afirmó el presidente de esta asociación, Juan Martín Caparrós, que entiende que existe una "desviación de poder" supuestamente establecida por el Ayuntamiento, ya que al no existir un sistema de turnos rotatorios en la terminal se "favorece" a los profesionales que desempeñan habitualmente su labor en el aeródromo hispalense. La asociación entiende que la decisión del Ayuntamiento de derogar los turnos rotatorios, algo que ocurrió en el año 2003, es "nula de pleno" derecho", porque una sentencia confirmó que éstos se ajustaban a derecho.

Foro Taxi Libre se personará en la causa como acusación particular

La asociación Foro Taxi Libre, que elevó la denuncia a la Fiscalía de Sevilla, se personará en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 13 para ejercer la acusación particular en este proceso. El presidente de Foro Taxi Libre, Juan Martín Caparrós, explicó este miércoles que la asociación acudirá al juzgado para ejercer la acusación y aportar "más documentación" no sólo de los actos vandálicos producidos en el aeropuerto de San Pablo, sino que pretenden que se examinen determinados aspectos de la gestión del taxi en la ciudad. Según el presidente de la asociación, se trata de determinar si alguno de los taxistas denunciados ha podido incluso incurrir en una posible "usurpación de funciones", derivada del presunto control de los servicios de taxi concertados con empresas y hoteles, a los que sólo se permitiría la realización de un número concreto de servicios al día. La asociación también quiere que se investigue si el "responsable municipal" que tiene las competencias ha podido incurrir supuestamente en una omisión del deber de vigilancia, al dejar que ese control de los taxis concertados los lleven a cabo el supuesto grupo que actúa en el aeródromo de San Pablo. La asociación se personará en la investigación judicial abierta tan pronto como le sea posible designar a su abogado.