La juez instruye una macrocausa contra la mafia del taxi en Sevilla

Una auténtica macroinvestigación contra la mafia del taxi. Después de que en 2014 un juzgado de Sevilla archivara la investigación por las amenazas a taxistas del aeropuerto de San Pablo, otro juez, Reyes Flores, titular del juzgado de Instrucción número 8, investiga nuevos delitos en relación con las presuntas amenazas, agresiones y coacciones a los conductores de los coches con licencia de Vehículos de Transporte Concertado (VTC).

La instructora ha acumulado en el mismo proceso varias investigaciones, entre ellas la que llevó a cabo la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional, que detuvo a cinco taxistas por su supuesta participación en los ataques a los vehículos de alquiler con conductor e imputó a otros tantos taxistas.

Por estos hechos hay un total de 32 taxistas investigados por amenazas y sabotajes, entre los que se encuentran citados como investigados varios responsables de algunas de las asociaciones profesionales del gremio, según indicaron fuentes del caso.

En esta causa en la que se investiga el atestado remitido por la Policía Nacional, la juez ha acumulado otra investigación que ha realizado la Guardia Civil en relación con los nueve coches de la empresa Cabify que ardieron en la madrugada del 2 de mayo pasado en la localidad de Castilblanco de los Arroyos y que habían venido para reforzar el servicio que prestaba esta empresa durante la pasada Feria de Abril.

En esa investigación, inicialmente no se produjo ninguna detención, aunque la Guardia Civil concluyó desde el primer instante en que el incendio había sido intencionado, dado que se utilizaron pastillas de barbacoa como acelerante del fuego que destruyó completamente los vehículos. Los agentes del instituto armado investigaron si los autores del incendio llegaron de fuera de Sevilla y buscaron el negocio donde fueron adquiridas las pastillas de barbacoa, compradas en un negocio regentado por ciudadanos chinos.

En la investigación judicial también se incluye el registro realizado el pasado 4 de junio en la sede en el aeropuerto de Solidaridad del Taxi, la asociación mayoritaria entre los taxistas que prestan servicio en San Pablo, y donde la Policía se incautó de discos duros y material informático.

La juez Reyes Flores ha establecido un calendario de declaraciones de investigados y testigos, y el pasado lunes tomó ya declaración a seis taxistas imputados. La Policía les atribuyó en su día delitos contra la seguridad vial, amenazas, coacciones y pertenencia a una organización criminal, es decir, que se considera que existe presuntamente una banda de delincuentes organizada dentro del gremio del taxi.

La magistrada también ha tomado declaración como testigos esta semana al gerente de la empresa municipal de Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam) y al director de operaciones de la sociedad municipal, a los que preguntó precisamente sobre la línea de autobuses al aeropuerto. Fuentes municipales indicaron este miércoles que el gerente de Tussam no pudo aportar muchos datos a la juez, dado que lleva en el cargo pocos meses, mientras que el director de operaciones respondió a "cuestiones técnicas" relacionadas con esta línea.

Los autobuses municipales que cubren el trayecto con el aeródromo sevillano también fueron en su día objeto de diversos actos vandálicos, como pinchazos de ruedas y roturas de faros y cristales, según recordaron ayer fuente del caso.