La juez imputa a la cúpula de Solidaridad del Taxi

La juez que dirige la macrocausa contra la mafia del taxi de Sevilla ha citado el próximo día 4 de diciembre a la cúpula de Solidaridad del Taxi, la asociación que controla la parada del aeropuerto de San Pablo. Ocho miembros de la directiva de Solidaridad están citados en calidad de investigados ese día con una diferencia entre ellos de diez minutos. Entre los que están citados están el presidente de la asociación, Enrique Filgueras; el vicepresidente, Cesáreo Román; el tesorero, Antonio Velarde; y el secretario, Francisco Ternero. Para algunos de ellos, ésta es la segunda vez que comparecen ante la juez en calidad de investigados. Filgueras, por ejemplo, ya tuvo que acudir a los juzgados el 28 de junio, mientras que Velarde lo hizo el 19 de julio.

En esta causa ya ha declarado como testigo el delegado de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, que fue gerente del Instituto del Taxi. Está previsto que lo hagan, también como testigos, el director del aeropuerto, Jesús Caballero, y otros altos cargos de Tussam y municipales. Otro testigo que está citado es un taxista que gestiona el bar que Solidaridad tiene en el aeropuerto, en un local alquilado por AENA para el uso de almacén y sala de descanso. La juez reunió en una macrocausa todas las investigaciones relacionadas con el sector del taxi, entre ellas la que lleva la Guardia Civil por la quema de nueve vehículos que habían venido a reforzar el servicio de Cabify durante la Feria de Abril, un incendio ocurrido en un hotel rural de Castilblanco de los Arroyos la madrugada del 1 de mayo.

A principios de junio, la Policía Nacionalregistró la sede de Solidaridad del Taxi en la terminal aérea. La investigación de la Brigada de Información de Sevilla se saldó con cinco taxistas detenidos y más de una treintena de imputados por hasta cuatro delitos: amenazas, daños, coacciones y pertenencia a organización criminal. La investigación surgió a raíz de las denuncias de las empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), que desde finales del año pasado han sufrido reiterados sabotajes y ataques tanto en el aeropuerto como en otros puntos de la ciudad.

En ese registro, la Policía halló las copias de más de 60 boletines de denuncia cuyos originales no han sido tramitados por el Instituto del Taxi. Es más, no aparecen ni nadie sabe dónde están. Este organismo permanece a día de hoy sin director y la persona que declaró ante la juez es una funcionaria que llevaba sólo dos meses en el puesto. Admitió que desconoce dónde están esos boletines de denuncia desaparecidos, que corresponden a multas cursadas por la Policía Local que no fueron tramitadas después por el Ayuntamiento. A día de hoy están pendientes de tramitación 130 multas del año 2015; 260 de 2016 y más de 200 de lo que va de 2017.

El local que AENA tiene alquilado a la asociación de taxistas es un almacén de 70 metros cuadrados. Por él, la asociación de taxistas paga una cantidad mensual de 618,27 euros. Así lo reconoce AENA en una comunicación solicitada por un particular, después de que una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno -firmada por la presidenta, Esther Arizmendi, recientemente fallecida- la obligara a revelar la cuantía del contrato con Solidaridad. En los últimos años los taxistas de esta asociación han pagado 7.367,64 euros por el alquiler. Según AENA, se trata de un "local destinado a sala de descanso, comedor y almacén" y la cantidad es acorde con las tarifas vigentes establecidas por el propio ente para el alquiler de un almacén de segunda categoría.

AENA no dice nada acerca de la cafetería que tiene abierta la asociación en este local, ni tampoco de la oficina ni del gimnasio que hay en la azotea del mismo. De hecho, no hay ningún otro aeropuerto de España en el que se utilice un local de AENA como cafetería sin que se haya abierto un concurso público para su gestión. La asociación tampoco paga nada por el aparcamiento que conocen como el Palenque, en el que caben más de cien taxis y que también fue registrada por la Policía Nacional a principios de junio, así como todos los vehículos que allí se encontraban. Aunque en teoría esta zona está destinada a todos los taxistas de Sevilla, en la práctica sólo puede ser utilizada por los afiliados a Solidaridad. De hecho, AENA se ha negado durante casi un año a facilitar la información sobre el precio del alquiler de este local al ciudadano que así lo había solicitado, y sólo lo ha hecho obligada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

La juez ha citado como testigo al taxista que regenta la cafetería de la asociación, que ya fue denunciado en el año 2010 por la Inspección de Trabajo por no dar de alta a los empleados. Según consta en la causa judicial, este taxista paga 1.200 euros a la asociación por llevar el bar. De ellos, unos 900 se entregan al presidente de Solidaridad, Enrique Filgueras, que también tiene el derecho de no esperar la cola de taxis a la hora de recoger clientes en la parada de la terminal. Su despacho está presidido por la bandera republicana y por varias fotografías de José Mujica, ex presidente de Uruguay. La asociación tiene, además, un curioso sistema de castigos. Así, a algunos taxistas se les sanciona no permitiéndole trabajar durante unos días en la parada del aeropuerto y obligándoles a prestar servicio en la ciudad, donde las carreras son mucho menos beneficiosas económicamente que en la terminal aérea.

La asociación tiene hasta una lista de espera de taxistas que desean entrar, pero de momento no se les permite. Los afiliados pagan una cuota de cien euros anuales. Al haberse incrementado el número de vuelos en los últimos años en el aeropuerto de San Pablo, y no haber más taxis que puedan trabajar en la parada de la terminal, ocurre que ésta se queda en ocasiones sin taxis y la oferta actual no puede absorber toda la demanda. Pese a ello, el Ayuntamiento sigue sin plantearse siquiera establecer el turno rotatorio de taxistas en el aeropuerto.

Solidaridad consta en los registros como como agencia de publicidad. Su nombre completo es Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi. Está dada de alta con el código CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) 7311, que incluye a las agencias de publicidad, relaciones públicas y similares. En la clasificación internacional SIC (Standard Industrial Classification) tiene el código 7319, que corresponde también a servicios de publicidad. La asociación gestiona los contratos de publicidad de sus afiliados, es decir, los anuncios que los taxistas llevan colocados en las puertas y otros elementos de sus vehículos, pero obviamente no es ésta su actividad principal. De hecho, otras asociaciones del sector, como la Unión Sevillana del Taxi o Elite Taxi, están dadas de alta como servicios jurídicos.