Una juez para un escándalo

Tiene casi un millar de seguidores en una página que ha sido creada expresamente para ella en la red social Facebook por simpatizantes del Betis, que alaban su labor en la investigación por delitos societarios a Manuel Ruiz de Lopera. Pero también tiene detractores. Su labor instructora no pasa desapercibida para nadie, sobre todo en lo que se refiere al escándalo sobre las presuntas irregularidades de Mercasevilla, del que esta misma semana se abría un nuevo capítulo al descubrirse que la empresa había favorecido en las prejubilaciones de los ERE de 2003 y 2007 a dos personas que nunca habían trabajado en el mercado. Uno de los nombres, el de María del Carmen Fontela González, ya está sobre la mesa de la magistrada, una vez que la Consejería de Empleo y la propia sociedad mixta hayan puesto en conocimiento de la Justicia estos hechos. El segundo caso, el del socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, una persona también ajena al mercado central, aún no ha sido judicializado.

El nuevo y espectacular giro del caso, en el que el comité de empresa de Mercasevilla ya ha apuntado a la posible financiación ilegal del PSOE como motivo de la incorporación de los intrusos en los expedientes de las prejubilaciones, se ha producido en una semana crucial para la continuidad de la juez Alaya al frente de la investigación del delito societario en Mercasevilla, en el que podrían enmarcarse las supuestas irregularidades en los ERE de la empresa. La Audiencia de Sevilla debe decidir esta semana sobre la recusación de Alaya, que fue planteada por una de las defensas al entender que su "imparcialidad" puede verse afectada por el hecho de que el marido de la magistrada estuvo trabajando como auditor de Mercasevilla hasta junio de 2002 y la investigación se remonta a septiembre de ese mismo año, cuando el principal imputado, Fernando Mellet, fue nombrado director gerente de la sociedad mixta.

La juez María Auxiliadora Echávarri, que ha instruido el incidente procesal, ya ha elaborado una propuesta de resolución sobre la recusación, que se conocerá probablemente mañana y, a partir de ese momento, las actuaciones se remitirán a otra Sección de la Audiencia de Sevilla para que decida finalmente si Alaya debe seguir o no al frente de la investigación por el delito societario.

La Fiscalía de Sevilla se adhirió a la recusación de la juez, en un cambio de postura con respecto a la decisión que había tomado tan sólo 15 días antes, cuando puso de manifiesto que no había motivos para apartar a la juez de la investigación. De las distintas partes personadas en la causa, sólo el Partido Popular se ha opuesto frontalmente a la recusación de la juez, mientras que el PSOE y Mercasevilla, y las defensas de los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce apoyan que sea recusada.

Algunas fuentes jurídicas consultadas por este periódico enmarcan la recusación de la juez en una estrategia de desgaste a la magistrada Alaya, en contestación a la vehemencia de sus interrogatorios, que ha sido expuesta en reiteradas ocasiones por los abogados defensores al término de las comparecencias de imputados y testigos que han declarado en alguna de las tres líneas de investigación abiertas en Mercasevilla, donde además del delito societario se instruyen causas por la presunta exigencia del cobro de comisiones ilegales y por la supuesta adjudicación fraudulenta del concurso público para la venta de la totalidad de los suelos del mercado central de abastos.

Mucho más criticó con la juez se mostró el consejero deportivo del Betis, Luis Oliver, que comparó la labor de la juez con la de los nazis y llegó a calificar a la instructora de "loca". La Fiscalía de Sevilla abrió una investigación a Oliver para tratar de determinar si sus declaraciones constituyen un delito de injurias a la autoridad. El Ministerio Público ya ha analizado la grabación de Giralda Televisión en la que se recogían estas declaraciones y esta semana también podría decidir si denuncia en el juzgado a Oliver por injurias a la magistrada.

El Foro Judicial Independiente ha salido en apoyo de Alaya, a la que considera víctima de un "acoso" por su investigación a Lopera.

La popularidad que en el último año ha alcanzado la juez Alaya por la trascendencia de los casos que le ha tocado instruir y la firmeza con la que afronta su labor instructora ha llevado también a algunos de sus detractores a compararla con alguno de los conocidos jueces estrella. Uno de los argumentos que esgrimen estos sectores se basa en que la popularidad -paradójicamente no buscada- que ha adquirido la juez Alaya contrasta con el casi anonimato de otros compañeros que han instruido asuntos tan importantes como el asesinato y desaparición de Marta del Castillo.

En cualquier caso, Alaya tiene fama de buena instructora entre los jueces de lo Penal, que tienen que enjuiciar muchas de las causas que ella instruye, y puede ser la más idónea para investigar los escándalos sucesivos de Mercasevilla.