La juez comunica al ex consejero Fernández su imputación

La instrucción judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) subió ayer un peldaño más al comunicar al ex consejero de Empleo Antonio Fernández que se persone en el caso en calidad de imputado; es decir, que nombre procurador y abogado porque él es uno de los investigados en la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Fernández fue consejero de la Junta entre los años 2004 a 2010, aunque el caso de los ERE amplía el período de investigación hasta el año 2001. Por aquel entonces el titular de Empleo era José Antonio Viera, actual secretario general del PSOE de Sevilla y senador. En el caso de que la juez Mercedes Alaya, instructora del número 6 de Sevilla, implicase a este último en la investigación, tendría que dejar el caso en manos del Tribunal Supremo. Fernández, sin embargo, perdió su condición de parlamentario en octubre pasado, cuando fue nombrado presidente del Consejo Regulador del vino. Fuentes judiciales, no obstante, explicaron ayer a este medio que la juez está valorando si llama a declarar o imputa a otros cargos de la Junta.

La investigación de Mercedes Alaya se inició a raíz de un presunto soborno por parte de directivos del mercado central de Sevilla (Mercasevilla), pero a partir de ahí abrió una causa sobre todas las ayudas concedidas por Empleo para prejubilar a cerca de 6.000 trabajadores desde 2001. Una investigación interna de la Junta ha revelado que hay 59 personas que cobraron sin ser prejubilados de las empresas afectadas y otras 87 son sospechosas.

Fernández declaró ayer sentirse "tranquilo", porque "esto es una garantía procesal, y ahora podré saber por qué" se le relaciona con esos presuntos delitos. "Ni conocí ni autoricé ni aprobé ninguno de estos asuntos", subrayó. El viernes pasado, declaró ante la juez el que fuera su ex director general de Trabajo, Javier Guerrero. Éste aseguró que sus consejeros -Fernández y Viera- conocían el sistema. No obstante, no se puede saber aún si es ésta declaración u otro factor lo que ha llevado a la instructora a imputar a Fernández.

El PSOE salió en defensa de Antonio Fernández tras conocer una imputación que se esperaba desde hace días. Su secretaria de Organización, Susana Díaz, adelantó que su partido no expulsará al ex consejero al entender que la imputación es una "garantía procesal" y que su caso es bien distinto del de Guerrero, el ex director general que controlaba las ayudas a prejubilaciones y empresas que se daban de la partida 31L de los Presupuestos de la Junta. Se da el caso de que la suegra de Guerrero es, además, una de las intrusas de estos expedientes; es decir, se prejubiló con una póliza pagada por la Junta por trabajar en una empresa con la que nunca tuvo relación. Al ser repreguntada si la implicación iba a mayor, Susana Díaz contestó con una frase que suele utilizar el presidente de la Junta, José Antonio Griñán: "Cuando se llegue al río, cruzaremos ese puente".

En relación con el también ex consejero de Empleo José Antonio Viera, Susana Díaz afirmó que es un "hombre honesto y honrado, que su trayectoria personal y política lo avalan, y que no tiene por lo que temer ni él ni su partido". "Tiene el respaldo de sus compañeros, no sólo de Sevilla, sino también de toda Andalucía", explicó.

El actual consejero de Innovación, Antonio Ávila, fue un tanto críptico, cuando antes de presidir la entrega de unos premios de investigación, indicó que "el escenario de responsabilidades desde la perspectiva del juzgado, que es quien toma esa determinación, nos llevaría a una reflexión".

El paso dado por la juez apunta en la dirección que le marcó el informe de la Policía Judicial a su servicio. En un informe, especialmente duro, los agentes mantenían que el modelo que acordaron en 2001 el consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), entonces Antonio Fernández, no se ajustaba al procedimiento administrativo que ellos consideraban apropiado, que hubiera supuesto la publicación de las ofertas de ayuda en BOJA, la apertura de expedientes para las solicitudes y, en su caso, el paso por el Consejo de Gobierno. Empleo y el IFA, sin embargo, acordaron un sistema de "transferencia de explotación" desde la Consejería al Instituto, y en el que Javier Guerrero poseía toda la información acreditativa. La Intervención de la Junta puso parecidos reparos en varios informes enviados a Empleo, al IFA y a la Consejería de Empleo en los años 2005, 2006 y 2007.