El sector fija el jueves como último día para que el alcalde ofrezca una solución

Hasta el jueves. Ése ha sido el plazo dado por los representantes de la Unión del Taxi y Solidaridad del Taxi al gobierno municipal para que responda a las peticiones del sector, una decisión tomada tras permanecer más de dos horas en los despachos consistoriales en un ambiente "muy caldeado" en el que hubo un intento de agresión física por parte del presidente de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, al delegado de Movilidad, Francisco Fernández, por un intercambio de acusaciones, según fuentes municipales.

Los taxistas llegaron al andén de la Plaza Nueva a las 12:30. Hasta allí se desplazaron casi 300 manifestantes que participaban en la movilización. Filgueras y Fernando Morales, presidente de la Unión del Taxi, con sus respectivos secretarios, entraron en el Ayuntamiento con la intención de que los recibiera el alcalde y exponerle sus reclamaciones: retirada de 25 licencias, lucha contra el intrusismo y mayor vigilancia en sus paradas, entre otras medidas. Sus deseos se vieron truncados. Alfredo Sánchez Monteseirín no podía abandonar el Pleno. Así se lo hicieron saber Francisco Fernández y Alfonso Mir, delegado de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Este encuentro se desarrolló con gran tensión. Fernández aseguraba que no se han retirado más licencias porque no han llegado más peticiones y por falta de dinero. Movilidad insiste en que la retirada de las 25 licencias que aún quedan pendientes supone para las arcas municipales más de 1,5 millones de euros. Un desembolso bastante caro paro tiempos de crisis. Los representantes de las asociaciones contestan que eso es lo prometido hace cuatro años y que si no llegan más solicitudes de retirada es porque resulta más rentable la transferencias de licencias "por la lentitud de pago, que puede exceder los cinco meses", tal como afirmó el secretario de Solidaridad del Taxi, Miguel Ángel Vázquez, presente en la reunión.

El encuentro llegó a tal tensión que Filgueras intentó agredir a Fernández al acusarle de "embustero", según precisaron desde Solidaridad del Taxi, un punto que fue desmentido por la Delegación de Movilidad, que afirmó este intento de agresión, en el que tuvo que mediar un escolta del delegado y el jefe de la Policía Local, José Aulet, para evitar el enfrentamiento físico. Mientras, en la Plaza Nueva los taxistas lanzaban petardos, increpaban a Monteseirín y al teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, y exhibían pancartas con lemas como: "El taxi necesita movilidad" o "Queremos políticos que cumplan".

En este estado de ánimos, Filgueras y Morales comunicaban a sus representados el resultado de la reunión: ningún acuerdo. La tensión subió por momentos y los taxistas aseguraban que no se moverían de allí hasta que el alcalde los recibiera. La Policía Local (con cinco furgones en los laterales del Ayuntamiento) se preparaba para evitar la escena que se produjo en 2004, cuando varios taxistas intentaron asaltar el Ayuntamiento.

Al final los ánimos se tranquilizaron. Los representantes de los taxistas fueron recibidos por Alfonso Mir. El único acuerdo fue dar un plazo hasta el jueves para que el acalde responda a sus peticiones. Monteseirín enviaba un comunicado por la tarde en el "respetaba las reivindicaciones", pero condiseraba que "no es de recibo los perjuicios causados a los sevillanos". Aun así, se sentará el jueves a hablar con ellos, en un encuentro donde también estarán Fernández y Mir, que se ha convertido en el único "concejal de crédito" para los taxistas. Si el jueves no hay solución, Sevilla sufrirá más días como el de ayer.