"Los jueces somos espectadores de primera fila del drama del desahucio"

El juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, denunció ayer la situación que están viviendo los jueces españoles por la proliferación de los desahucios y el incremento de las demandas para subastar los pisos por el impago de los créditos hipotecarios. "Los jueces nos hemos convertido en espectadores de primera fila, de barrera, en el drama social de los desahucios", aseguró ayer el decano tras conocer las últimas estadísticas que reflejan que en lo que va de año se han contabilizado ya sólo en el partido judicial de Sevilla un total de 1.140 desahucios y 1.401 procedimientos de ejecución de inmuebles hipotecados.

El magistrado, que esta semana ha acudido en Barcelona a las XXII jornadas de jueces decanos de España, criticó que como consecuencia de la crisis económica los juzgados se están "convirtiendo en oficinas recaudatorias de las grandes entidades acreedoras: los bancos y aseguradoras".

Francisco Guerrero indicó que desde 2008 se han iniciado en España más de 350.000 ejecuciones de inmuebles hipotecados -sólo en Sevilla se han registrado más de 7.000 en el mismo período- y dijo que los jueces no son ajenos "a este drama social y de exclusión que están sufriendo muchas familias" como consecuencia de estos procesos judiciales. En las jornadas de jueces decanos clausuradas esta semana en Barcelona, los responsables de los decanatos han puesto de manifiesto la necesidad de cambiar la legislación hipotecaria que ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias. "No podemos estar impasibles a la vista de la realidad social, porque estamos ejecutando inmuebles por medio de un procedimiento privilegiado de reclamación de las grandes entidades acreedoras y en esta situación se están produciendo desahucios de viviendas de uso habitual", aseveró Guerrero, que no obstante recordó que los jueces tienen que aplicar el procedimiento especial de ejecución hipotecaria que "les vincula", porque "el juez no es el legislador y sólo puede aplicar la ley".

Ante el drama de los desahucios, los jueces plantean la reforma de la ley hipotecaria o la promulgación de un decreto ley ante estas "situaciones de urgencia de las familias que no pueden pagar las deudas" y entre las medidas que proponen destacan que se adopten medidas "moratorias" para el pago de la deuda, que haya un plazo transitorio mientras persista la crisis económica, o que se permitan realmente otras fórmulas como la dación en pago, que el Gobierno propuso en su decreto antidesahucios de marzo pasado pero que por el momento no ha contribuido a aliviar la situación a tenor de lo que reflejan las estadísticas de desahucios. "El decreto de buenas prácticas tiene un alcance muy limitado, porque los bancos se acogen a él voluntariamente", señaló Francisco Guerrero.

El decano de los jueces subrayó además que sería necesario que las tasaciones de los inmuebles que salen actualmente a subasta se realice por entidades independientes, porque tras la subasta, la entidad bancaria se puede adjudicar el bien por "un 60% del valor de tasación". Los jueces apuestan por elevar este porcentaje por el que el banco se adjudica el inmueble y también por la supresión del procedimiento especial de ejecución hipotecaria como privilegio de los grandes acreedores. Además de apostar por tasaciones independientes, abogan por la posibilidad de que el juez amplíe los plazos pagar las deudas y la posibilidad de que se tengan en cuenta las circunstancias personales del deudor, en especial su situación familiar y laboral.

El decano concluyó que en la actualidad el 40% de la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia y de los Mercantiles se generan "por las reclamaciones en distintos procedimientos de los bancos y aseguradoras", por lo que, a su juicio y así lo han denunciado en la reunión de los decanos, los jueces se están "convirtiendo en oficinas recaudatorias de estas entidades como consecuencia de la crisis económica".

Guerrero también criticó el proyecto de ley de tasas judiciales, que a su juicio va a privar al "ciudadano medio de ejercer el derecho a la tutela judicial efectiva" al fijar unos costes para determinadas actuaciones judiciales.