Los jueces condenaron el año pasado once agresiones a sanitarios en Sevilla

Los servicios jurídicos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) recibieron entre enero y octubre de 2022 once sentencias favorables que han condenado a los autores de agredir a varios profesionales sanitarios de la provincia de Sevilla. Es decir, la justicia ha considerado probados en todos ellos los hechos denunciados por las víctimas durante el desempeño de sus funciones, que principalmente responden a delitos de atentados contra un funcionario público, amenazas, lesiones, coacciones o agresión, e impuesto las respectivas condenas correspondientes que pueden ir de seis meses a tres años de cárcel, además de multa y orden alejamiento.

En cualquier caso, el hecho de que el paciente que ha agredido al sanitario entre en la cárcel depende de más factores, como el hecho de que tenga antecedentes penales o no, así como el tiempo de la condena que, si es inferior a dos años no es necesario que se cumpla en el centro penitenciario.

Por su parte, la asesoría jurídica del SAS prestó asistencia letrada a un total de 51 profesionales sanitarios en Sevilla en el mismo periodo de tiempo y entre las once sentencias condenatorias se incluyen cuatro agresiones tipificadas como delito de atentado.

Según recoge un informe elaborado por la autoridad sanitaria al que ha tenido acceso este periódico, el delito de atentado contra la autoridad es la agresión o la grave oposición de resistencia (con intimidación grave o violencia) a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones. "La acción castigada puede consistir en agresión, resistencia grave con violencia o intimidación grave o acometimiento. Es un delito doloso que requiere el propósito de la ofensa. El bien jurídico protegido en el delito de atentado contra la autoridad es la garantía del correcto funcionamiento de los servicios y funciones públicas", detalla el mismo documento, que apunta que este tipo de atentado cuenta con un tipo agravado regulado en el artículo 551 del Código Penal, que aplicará penas superiores en grado cuando el atentado responda a una agresión con uso de armas u otros objetos peligrosos; cuando el acto de violencia ejecutado sea potencialmente peligroso para la vida de las personas o pueda causar lesiones graves, incluyendo los supuestos de lanzamiento de objetos contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos; o cuando se haga haciendo uso de un vehículo de motor.

No obstante, éstas son sólo aquellas agresiones que llegaron a los tribunales y acabaron condenando a sus autores. Según consta en el mismo informe del SAS, en este caso con datos sólo del primer semestre de 2022, el personal sanitario en la provincia comunicó a la autoridad sanitaria andaluza un total de 175 agresiones, es decir, una media de casi una diaria.

Del total de ataques en los centros sanitarios, 35 fueron agresiones físicas (un 20%). En realidad hubo más, porque todo lo que no se notifica, no se contabiliza en las estadísticas. Así que, como siempre denuncian los profesionales, estos números son sólo la punta del iceberg.

La provincia de Sevilla sólo es superada en Andalucía por Málaga, donde el primer semestre de 2022 cerró con 187 agresiones. Ambas son las zonas que más plantillas tienen dentro del SAS. De modo que ello puede explicar que, en términos absolutos, encabecen repetidamente el ranking. Sin embargo, según el análisis por tasas, Sevilla es la tercera con menos ataques con una tasa de 8,79 casos por cada 10.000 profesionales. Teniendo en cuenta este parámetro, la peor parada es Huelva con una tasa de 16,30.

Los recursos para la seguridad, en cifras

El informe del SAS da además un detalle pormenorizado de los recursos para garantizar la seguridad en los centros. En Sevilla hay 611 cámaras de seguridad. Llama la atención que sean bastante menos que en Córdoba, con 694, y Granada, que suma 893. Sin embargo no es lo más llamativo. En los centros sanitarios de la provincia sevillana sólo se cuenta con 25 interfonos o sistemas de intercomunicación hospitalaria que permite controlar los accesos a un centro sanitarios mediante conexión a la centralita de llamadas, casi 20 veces menos que los que tiene Cádiz, por ejemplo, con 467. Por su parte, cuenta con 1.396 salidas alternativas, la medida en la que Sevilla es la mejor dotada; 1.788 software antipánico; 2.291 teléfonos; 876 timbres en consultas, 65 timbres en ambulancias y tres alarmas individuales. En esta provincia, según la información de las medidas implantadas hasta el 31 de agosto de 2022, no hay tarjetas magnéticas, como ocurre también en Almería y Málaga. Por contra, en Granada, se han instalado 289.

En los centros se está implementando además la figura del profesional guía que tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión. El Plan de Prevención y Atención del SAS entró en vigor hace poco más de dos años tras el acuerdo unánime de la Mesa Sectorial de Sanidad.