Varios informes advirtieron hace un año de irregularidades en iDental

Varios informes advirtieron hace más de un año, de posibles irregularidades en iDental, la cadena de atención odontológica de bajo coste. Las dos clínicas en Sevilla, que cerraron sus puertas sin previo aviso, han dejado a miles de pacientes con tratamientos a medias o sin iniciar; y con obligaciones financieras de varios miles de euros por un servicio sanitario privado que han dejado de recibir.

Con fecha de mayo de 2017, a raíz de más de un centenar de denuncias, una investigación ya alertó “del incremento desmesurado de quejas y reclamaciones” en iDental; y advirtió de “graves perjuicios a pacientes” en las dos clínicas dentales de esta firma en Sevilla. Las sospechas de irregularidades estaban dirigidas, hace meses, en materia de consumo (por ejemplo tratamientos abonados por los pacientes y no realizados); pero también en la atención sanitaria (complicaciones).

Ante la sospecha de este funcionamiento anormal, con consecuencias en la salud de los afectados, en diversos escritos se solicitó a la Consejería de Salud que procediera a adoptar medidas extraordinarias: la apertura de un expediente sancionador; el cierre cautelar de las clínicas; y la remisión del caso a la Fiscalía, entre otras medidas cautelares. En diciembre de 2017 un nuevo informe reiteró las claras sospechas de irregularidades. Además, el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla Colegio Oficial de Dentistas de Sevillaremitió escritos dirigidos a varios responsables sanitarios para advertir de las numerosas denuncias. El cierre sin previo aviso, con miles de damnificados, no ha sorprendido en este sector.

Los centros sanitarios privados son objeto de inspecciones cuyo cometido es, entre otros, velar por unos mínimos en la calidad asistencial. Las clínicas iDental fueron objeto de inspección sanitaria el pasado año, según confirmaron ayer fuentes oficiales. Ahora, a través de redes sociales los afectados se preguntan por qué la Junta de Andalucía no ha adoptado, hace meses, medidas cautelares ante las numerosas advertencias de posibles irregularidades e incluso ante la presunta mala praxis en estos servicios sanitarios.

Desde el movimiento ciudadano Marea Blanca, Sebastián Martín Recio, como portavoz, considera que “podría hablarse de una posible dejación de funciones e incluso de una posible negligencia de la Dirección Provincial de Inspección de Sevilla, cuando hace un año tenían constancia de las irregularidades que estaban haciendo daño a la salud de los pacientes; y no hicieron caso alguno a las recomendaciones que pedían medidas cautelares y remisión a la Fiscalía. Han obviado los temas de salud y sólo han tocado el tema desde el ámbito de Consumo, por el dinero”.

La Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Consumo, ha resuelto un procedimiento sancionador contra iDental por 159.000 euros en Sevilla. En el conjunto andaluz esta sanción asciende a 284.800 euros. Es el resultado de 13 procedimientos sancionadores desarrollados en Consumo, de momento. Mientras tanto, las cifras de denuncias, quejas y reclamaciones no se frenan. Ayer, a media mañana la organización de consumidores FacuaFacua tenía contabilizadas sólo en Sevilla 322 denuncias; mientras que el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla ha recibido otras 2.167 quejas. A estas cifras se suman denuncias dirigidas a los juzgados y al Servicio Provincial de Consumo.