El juez investiga si el falso cura incurrió en un delito por las bodas que celebró

El juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla investiga si Ángel Orellana, el falso sacerdote que ejerció durante siete años en la parroquia de Santa María de las Flores y San Ignacio de la barriada de Pío XIII, pudo incurrir en un delito de falsedad documental en relación con los matrimonios que celebró, según confirmaron a este periódico fuentes judiciales. Cuando se destapó el caso del falso sacerdote, la Archidiócesis de Sevilla explicó que los sacramentos del bautismo y matrimonio celebrados eran "claramente válidos, si bien son ilícitos". Ángel Orellana, ex seminarista de la Archidiócesis de Cuenca (Ecuador), se presentó en 2007 ante la curia diocesana, donde acreditó su condición de sacerdote con una documentación que luego se pudo comprobar que era falsa y que, por lo tanto, carecía de validez. Orellana dijo entonces que estaba en Sevilla para hacer su tesis doctoral y pidió una parroquia en la que poder ejercer el ministerio sacerdotal.

El delito que investiga ahora el juzgado no estaría tanto en la falsedad de esa documentación, sino en los matrimonios que ha podido celebrar en estos años. El juez y la Fiscalía coinciden en que hay que investigar si la actuación del falso cura puede enmarcarse en un delito de falsedad documental, en relación con el resultado de las ceremonias porque esas bodas generaron una actuación en el Registro Civil. Según las mismas fuentes, se podría haber inducido a un error al funcionario que procedió a la inscripción de los matrimonios en el Registro Civil, dado que para ese trámite se tiene en cuenta únicamente la partida de matrimonio que emite la parroquia. Y todo ello con independencia del decreto dictado recientemente por el arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, que ha absuelto a Ángel Orellana de la pena de excomunión que de forma automática prescribe el Código de Derecho Canónico para estos casos de impostura y "grave comportamiento".

El juez abrió en su día unas diligencias previas y dictó una orden de búsqueda y localización, que no incluía la captura de Ángel Orellana. El instructor requirió a la Policía Nacional para que recabara información sobre el proceder de este ciudadano ecuatoriano durante los siete años en los que ejerció el ministerio sacerdotal en la parroquia de la barriada de Pío XII. La Policía no localizó al falso cura, a pesar de que reside en Alcalá de Guadaíra, donde llegó a trabajar incluso para el Ayuntamiento de esta localidad sevillana.