Los internamientos de enfermos mentales crecen un 46%

El caso de Luis Miguel Briz Torrico, el esquizofrénico que el 28 de febrero cometió un triple crimen en Dos Hermanas, donde mató a cuchilladas a sus padres y a su hermana, ha vuelto a hacer saltar las alarmas sobre la situación en la que se encuentran estos enfermos que dejan de recibir o se niegan a tomar el tratamiento farmacológico. En los casos más extremos, el juez puede acordar el internamiento involuntario de estas personas, de acuerdo con la opinión de la Fiscalía y una vez que el médico forense ha emitido un informe. El pasado año el número de internamientos involuntarios contabilizados sólo en el partido judicial de Sevilla se situó en 1.528, lo que supone un 45,94% más que en 2011, cuando se registraron 1.047 casos de internamiento.

El fiscal Norberto Sotomayor, que pertenece a la sección de Incapaces de la Fiscalía de Sevilla, explica que este espectacular incremento se ha producido en parte por la regularización de la situación en la que se encontraban, hasta ahora sin el obligado control judicial, personas mayores que viven en centros residenciales y que tienen trastornos psíquicos, como demencia senil o alzhéimer. Esta regularización ha sacado a la luz unos 600 casos de mayores con estos problemas, pero el resto, en torno a unos 900 internamientos, se corresponde precisamente con ingresos en la áreas de Psiquiatría de los hospitales de personas que padecen patologías como la del parricida de Dos Hermanas. Esos 900 internamientos no representan la misma cifra de enfermos, puesto que un mismo enfermo puede provocar varios internamientos a lo largo de un año.

Norberto Sotomayor considera que es "muy complicado" determinar si el triple crimen podría haberse evitado, lo que sí está claro es que este tipo de enfermos si están bien medicados "son personas completamente normales".

El fiscal recuerda que el principal problema que hay con los enfermos esquizofrénicos es la falta de centros específicos de una "más larga duración", donde estos pacientes puedan estar varios meses si lo necesitan, pero que no tienen nada que ver con los antiguos y ya superados manicomios. "No se trata de centro para un ingreso permanente de estos enfermos y además siempre hay un control judicial de los casos", puntualiza el representante de la Fiscalía.

Las áreas de Psiquiatría de los hospitales se encargan de las urgencias y así cuando una persona sufre un brote psicótico, se le estabiliza y a continuación recibe el alta médica, por lo que la estancia en el centro sanitario suele durar una o dos semanas como máximo, y a partir de ese momento vuelven a sus domicilios con sus familiares. A continuación, la red de Psiquiatría empieza a darles citas semanales, pero empiezan a no acudir, porque no hay que olvidar que "estamos hablando de enfermos", recuerda Sotomayor.

En Sevilla, hay aproximadamente un grupo de entre 40 y 50 enfermos, a los que el fiscal califica como "irreductibles", que se oponen a cualquier tratamiento y no acuden a las citas. Desde la Fiscalía se está fomentando que los equipos de Salud Mental salgan más a la calle y realicen visitas domiciliarias a estos enfermos, lo que ocurre es que muchos no abren la puerta o no se toman la medicación aunque digan que sí lo están haciendo.

Pero el "gran problema" son los enfermos duales, aquellos en los que a su enfermedad mental se suma una adicción a las sustancias estupefacientes o al alcohol.

La Oficina del Defensor del Pueblo, a instancias de la Fiscalía, creó una comisión en la que están implicadas todas las partes que tienen contacto con estos enfermos -los servicios sociales, Igualdad, Salud Mental y el Ministerio Fiscal-, que se reúne periódicamente y en la que se abordan los casos "rocambolescos" para tratar de coordinar todos los esfuerzos.

En ocasiones, cuando el enfermo se niega a seguir el tratamiento, la Fiscalía recurre a la figura del "tratamiento ambulatorio involuntario", mediante el cual el enfermo es citado por el juez y éste le advierte de que tiene acudir a los servicios de Psiquiatría o de lo contrario será ingresado si no se toma la medicación. "Esta amenaza legal de ingreso muchas veces funciona", asevera el fiscal.

El año pasado no sólo han crecido de manera importante los internamientos involuntarios de enfermos, también se han multiplicado por cuatro los procesos de "rendición de cuentas", es decir, la justificación que tienen que hacer los tutores de estos enfermos, principalmente de mayores ingresados en residencias. Se ha pasado de los 639 casos que hubo en 2011 a 2.336 el año pasado, motivado por la regularización de los ancianos. La Fiscalía de Incapaces había observado una "mala administración del patrimonio" de estas personas, en ocasiones familiares que se quedan con la cuantía de las pensiones y dejan de pagar la residencia. En estos casos, no puede imputarse ningún delito de apropiación indebida de estas cuantías siempre que se trate de un familiar directo, cuando es un hermano, un hijo o los padres los que se quedan con el importe de la pensión, pero sí se actúa penalmente contra otros familiares más lejanos, en el caso por ejemplo de los sobrinos.