Inseguridad versus estadística, las principales quejas de las asociaciones de vecinos de Sevilla
Las asociaciones de vecinos llevan sus principales quejas a la Subdelegación del Gobierno
La mayoría aseguran no sentirse seguros pese a que la tasa de delitos graves es muy baja
Basta con echar una mirada a la estadística de criminalidad para comprobar que Sevilla es una ciudad relativamente segura. En lo que va de año no ha habido ningún homicidio y los delitos graves no son demasiado frecuentes. Cierto es que han crecido considerablemente los robos en todas sus modalidades, pero también lo es que lo han hecho después de más de una década de descenso paulatino de los índices de delincuencia. A ello se agarran los políticos cuando reciben, como han hecho este martes, a los representantes de una quincena de asociaciones y federaciones vecinales.
Sin embargo, los vecinos argumentan que no son los homicidios ni el crimen organizado lo que más alarma genera entre ellos, sino los pequeños robos. El tironero que arrastra a una anciana por el suelo para robarle un bolso, el descuidero que se mete en un comercio a hurtar una cartera aprovechando un despiste de la víctima, el toxicómano que saca una navaja a un adolescente para quitarle el reloj y el teléfono móvil o los aluniceros que cada noche revientan uno o dos comercios de la ciudad en busca de mercancía que revender en mercadillos o a través de algún perista.
Así se lo han transmitido a los líderes políticos y a los mandos policiales las personas que han acudido este martes a la reunión convocada en la Subdelegación del Gobierno en Sevilla. Presidía el encuentro el subdelegado, Carlos Toscano, y el delegado de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, y también estaban el comisario provincial de la Policía Nacional, José Manuel Espina, y el superintendente de la Policía Local Gabriel Nevado.
La mayoría de los asistentes se conocen de largo, puesto que hay, como Ángel Hueso, el presidente de la asociación de vecinos del Pumarejo, 42 años en el movimiento asociativo. Así que tiempo le ha dado para mantener encuentros con líderes políticos y jefes policiales de todo tipo, clase y talante. Al encuentro estaban invitadas las dos federaciones mayoritarias de asociaciones vecinales, la CAIS (Coordinadora de Asociaciones Independientes de Sevilla) y FEVES (Federación de Entidades Vecinales de Sevilla), si bien los dirigentes de ambas pensaban que el encuentro iba a ser en solitario con su entidad y se llevaron una sorpresa al verse unos a otros entrando por la Torre Sur de la Plaza de España, donde tiene su sede la Subdelegación.
Superado ese momento inesperado inicial, unos y otros líderes vecinales tuvieron tiempo para transmitir sus quejas. Buena parte de ellas tienen relación con la inseguridad. Los representantes vecinales insisten en que no se sienten seguros en la ciudad y que hace falta un contacto más fluido con la Policía. Otro de los problemas que señalan es la falta de alternativas para los jóvenes que dejan de estudiar, que al carecer de trabajo y aspiraciones terminan cayendo en la pequeña delincuencia y el menudeo de drogas.
"Uno de los que ha intervenido lo ha expresado muy bien: los chicos no van al colegio sino a un centro de día, porque no estudian ni hacen nada, sólo los tienen allí recogidos", explicó el presidente de la CAIS, José Baena. La situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) y el repunte de la botellona son otros de los asuntos que preocupan a los líderes vecinales. Nada nuevo salvo los MENA. Como admiten los propios asistentes al encuentro, la mayoría de los problemas son sociales y no policiales.
Una de las intervenciones más esperadas fue la de Macarena Díaz, presidenta de la asociación de vecinos y comerciantes de la Macarena, un barrio que se ha convertido en el epicentro del conflicto social en el último año. "Mantenemos que la solución es que se redistribuyan las plazas de albergues en otros barrios. Es la concentración de estos recursos en el barrio lo que motiva una serie de problemas de convivencia". Se refiere a las personas que frecuentan algunos de los centros sociales de la zona, que ejercen de gorrillas en las calles aledañas, que protagonizan peleas entre ellos, que cometen pequeños robos y que pasan buena parte de la jornada consumiendo alcohol y estupefacientes en la calle o en algún parque próximo.
A la reunión acudieron representantes de casi todos los barrios de la ciudad. A algunos no les dio tiempo a hablar, aunque hubieran necesitado varias horas para exponer todos los problemas que padecen sus zonas. Como los representantes del Polígono Sur o de Los Pajaritos, los dos barrios más pobres de España, que se han convertido en los últimos años en uno de los mayores invernaderos de marihuana, en el caso de las Tres Mil Viviendas, y en un supermercado de la droga, en el de Los Pajaritos.
La respuesta de las administraciones pasa más por una cuestión de imagen que por medidas reales. El subdelegado del Gobierno se comprometió a incrementar la colaboración y las reuniones periódicas con los vecinos, algo que considera "imprescindible", para que así se puedan establecer las prioridades a la hora de intervenir en cada zona. Toscano anunció a los líderes vecinales una reunión con la Fiscalía de Sevilla para "definir una estrategia conjunta que permita combatir la reincidencia". No precisó cómo lo hará ni cuándo se celebrará esa reunión, aunque sí dijo que será próximamente.
El subdelegado también garantizó que se potenciarán los controles conjuntos entre la Policía Nacional y la Policía Local. Estos dispositivos han servido para controlar en lo que va de año 798 vehículos, identificar a 1.609 personas, detener a 14 de ellas, retirar 15 ciclomotores o motociletas y 16 turismos, interponer más de 300 denuncias de tráfico, levantar 45 actas de intervención de armas y 172 de estupefacientes, y confeccionar 20 atestados por distintos delitos.
Por su parte, el delegado de Seguridad y Movilidad en el Ayuntamiento, Juan Carlos Cabrera, insistió en que "Sevilla es una ciudad segura" y pidió a los vecinos "prudencia y respeto" a la hora de lanzar mensajes "que pudieran generar una alarma social injustificada". Una alarma que existe, aunque los políticos no vean motivos para ello mirando sólo las estadísticas.
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