La falta de demanda y el precio, los frentes de las guarderías

Los más pequeños vuelven a las guarderías. El curso en las escuelas infantiles comenzó ayer con un dato que refleja la situación actual de la sociedad sevillana: hay 6.370 plazas de la oferta pública que no se han ocupado. Vacantes que son consecuencia del descenso de la natalidad tras los años más duros de la crisis y que condicionan el modelo actual de estos centros.

Una situación que no pasa inadvertida para la patronal de escuelas infantiles CECE Andalucía, cuyo presidente, Rafael Caamaño, puntualiza que “no hay una bajada de la demanda: lo que hay es menos niños”. De hecho, el sector ha crecido los últimos años, hasta el punto de atender ya a más del 30% de la población con la edad comprendida entre 0 y 3 años, un mínimo exigido por la normativa europea y del que se estaba bastante lejano hace una década.

Pese a que el volumen de puestos sin cubrir en las guarderías resulta muy elevado, Caamaño defiende que “hay margen de crecimiento”, siempre y cuando el sector “se organizase mejor”. En este punto, insiste en atender la demanda en barrios y distritos que lo requieran, para lo que la Consejería de Educación ya dio los primeros pasos el año pasado, cuando localizó y publicó las zonas saturadas, es decir, aquéllas donde las vacantes superan el 20% de la oferta.

La patronal valora que el anterior Gobierno andaluz elaborase este listado –en la provincia de Sevilla afecta a 48 municipios y a los barrios de Triana y Los Remedios de la capital–, ya que dichos datos facilitan que los empresarios “promuevan” escuelas infantiles donde la demanda tiene margen de crecimiento. “Es un paso positivo, aunque aún muy reciente para que se noten sus resultados”, apostilla Caamaño.

La misma tarifa para este curso

Pero no es éste el único reto al que se enfrenta el sector en el recién inaugurado curso. A finales de julio, días antes de que los propietarios de las escuelas se fueran de vacaciones –agosto es el único mes que cierran–, los representantes de la Consejería de Educación y Deportes les informaban de que, finalmente, este curso no se podrá subir el precio de la plaza pública y de convenio, fijado desde 2009 en 278,88 euros (con comedor incluido).

Este anuncio supuso un jarro de agua fría para dichos empresarios, a los que el nuevo Gobierno andaluz prometió al llegar al poder que se incrementaría la tarifa. El aumento no será factible hasta dentro de un año, cuando comience el curso 2020/21.

Para Caamaño los problemas de financiación que sufre el sector se debe a que en Andalucía “aún no se ha definido bien el modelo que se quiere para esta etapa”. “El precio de la plaza pública no se corresponde con el coste real del servicio que se presta, pero no se quiere actualizar por lo que llaman ‘coste político’, al suponer que las familias pagasen más”, refiere el presidente de la CECE.

Esta patronal propuso hace tres años una tarifa inicial de 320 euros, “que es la que la Consejería de Salud había ofrecido este curso para seguir después con unas subidas progresivas, acompañadas de una política de bonificaciones con el fin de que el encarecimiento no repercutiera en las familias”, añade Caamaño. CECE también propuso que se “liberalizase” más el actual modelo, de manera que se estableciera una franja mínima subvencionada y, por otro lado, unos servicios extras que pagasen los padres si los querían tener.

Lo cierto es que, pese a que la subida del precio de la plaza pública de las escuelas adheridas al plan de la Junta estaba ya incluida en unos borradores de órdenes, finalmente no se podrá llevar a cabo. Ante esta situación, CECE no va a promover “un cierre patronal”, por el daño que causaría a las familias y al sector, pero sí pide a Educación que establezca este curso unas “ayudas complementarias”, ante la situación de asfixia financiera que sufren muchos centros. “Esperemos que a lo largo de septiembre se llegue a una solución”, asevera Caamaño.