Un indulto que cierra una tragedia familiar

Tres muertes violentas y una tragedia de dos familias. El Gobierno ha concedido el indulto a Juan Pedro Barroso García, el que fuera propietario del bar La Victoria de Los Bermejales y que fue condenado por el homicidio de Francisco I. S., al que disparó con una escopeta de caza a las puertas del establecimiento después de recibir varias amenazas por una deuda que tenía una hija suya.

La historia más reciente de Juan Pedro Barroso ha estado marcada por la tragedia: otra de sus hijas fue una de las cinco víctimas del derrumbe del muro del Bazar España y su hermano, Francisco Barroso, de 37 años, fue asesinado tres meses después del suceso de Los Bermejales, en octubre de 2004. Este último asesinato, que la Policía atribuyó a un ajuste de cuentas tras el crimen de Los Bermejales, quedó impune porque nunca se localizó a los responsables del mismo.

El Gobierno ha decido indultar a Juan Pedro Barroso después de que éste haya satisfecho la práctica totalidad de las indemnizaciones derivadas del homicidio, a excepción de una pequeña cantidad cuyo pago ha sido aplazado. El abogado del dueño del bar, Antonio Hierro, pidió el indulto después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena de dos años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dado que la Audiencia de Sevilla le había condenado sólo a nueve meses de prisión al considerar que el homicidio se debió a una imprudencia grave.

Esa sentencia, avalada por un jurado popular, fue revocada por el Alto Tribunal Andaluz, que sí apreció dolo o intención en la muerte de Francisco I. S., lo que implicaba que Juan Pedro Barroso debía volver a la cárcel, dado que sólo había cumplido seis meses de prisión preventiva.

El Gobierno, que ya ha comunicado a la Audiencia de Sevilla la concesión del indulto, ha valorado las circunstancias atenuantes que concurrieron en el crimen por el que fue condenado: el miedo insuperable y la confesión del homicidio a la Policía, además de la de legítima defensa, que fue considerada como una eximente incompleta en el juicio.

El Ejecutivo también ha tenido en cuenta, por lo que respecta a la prevención especial de la pena, que Juan Pedro Barroso, desde que fue condenado, no ha vuelto a cometer ningún delito, y además se encuentra totalmente reinsertado desde el punto de vista social, profesional y familiar.

La posibilidad de otorgarle el indulto ya fue tratada por el jurado popular que enjuició su caso y que llegó a la conclusión, por ocho votos a favor y uno en contra, de que se le concediera. Los ciudadanos que emitieron un veredicto en este caso llegaron a la conclusión de que Juan Pedro cogió la escopeta de caza "con ánimo de defensa" y efectuó un disparo "sin intención de matar" que alcanzó a Francisco I. S. a unos seis metros, causándole la muerte. La víctima llevaba una navaja de 42 centímetros de longitud cuando se presentó en el bar en compañía de otros individuos, uno de los cuales había amenazado a Juan Pedro porque reclamaba unos 300 euros a la hija de éste.

El TSJA revocó la condena inicial, al apreciar un dolo o intención de matar en el acusado, por cuanto los jueces argumentaban que disparar "a bulto" con una escopeta cargada con cartuchos a un grupo de personas que huía era, objetivamente, una conducta que "propicia o acarrea un riesgo cualificado de producir el grave resultado de lesiones e incluso la muerte de una persona", como ocurrió en este caso.

Desde que se produjo el homicidio del bar La Victoria, Juan Pedro Barroso tuvo que ser protegido por la Policía y se vio obligado a realizar varios cambios de domicilio, sobre todo después del asesinato de su hermano. El indulto de Juan Pedro Barroso cierra otro de los capítulos trágicos de esta familia.