Cinco nuevos imputados en la presunta estafa de los pisos de la CEA en Sevilla Este
El juzgado acepta la petición de ampliación de la denuncia y cita a directivos de Dolmen, Dosevi, CYR, Nazarí y Alfajía SL, entre otras. Comparecerán ante el juez el 23 y 24 de octubre.
Sevilla/El Juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha aceptado la petición de ampliación de la denuncia dentro del caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia presentada por empresas suministradoras de la promoción de viviendas protegidas promovidas en Sevilla por Dolmen y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía, de forma que habrá cinco nuevos imputados.
Según han indicado fuentes del caso, a finales de julio los representantes jurídicos de las empresas suministradoras, que presentaron dicha denuncia, presentaron un escrito para pedir la ampliación de la denuncia, escrito que ahora ha sido admitido en una providencia dictada por el juez del juzgado de instrucción número 3.
En dicha providencia se cita como imputados a cinco personas más, todos ellos directivos de sociedades relacionadas con Dolmen, las llamadas por los denunciantes sociedades pantalla o intermediarias. En concreto se trata de directivos de Dosevi, CYR, la propia Dolmen, Nazarí, o Alfajía SL, entre otras. Estos cinco imputados están llamados a declarar los días 23 y 24 de octubre.
Las empresas suministradoras de la promoción de 583 viviendas protegidas Isbylia, en Sevilla, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA presentaron una denuncia por presunta estafa contra Dolmen y dicha fundación.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promoción Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".
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