Un imputado avaló la certificación de obras del caso Marismas "sin presiones"

El que fuera jefe del Departamento de Estructuras y Actuaciones de la delegación provincial de la Consejería de Agricultura en Sevilla ente los años 2000 y 2009 Manuel Antonio Cruz-Guzmán negó ayer ante el juez que investiga las irregularidades en la adjudicación de obras de la Comunidad de Regantes Marismas del Guadalquivir (CRMG) que recibiera "ninguna presión o indicación alguna" para dar el visto bueno a la primera certificación de obras por importe de 4,2 millones. El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, y la Fiscalía consideran que esa certificación del 4 de diciembre de 2005 es "absolutamente inveraz", por cuanto no se había ejecutado "prácticamente nada de obra" y a pesar de ello se certificó que se habían "ejecutado y acreditado obras" por ese importe.

El ex jefe de Estructuras dijo que "no le pareció desorbitado" el importe de la primera certificación porque implicaba en su mayor parte "el pago de compromisos con empresas que estaban realizando la fabricación de tuberías" para el acopio de material que "aún no estaba en el tajo, era un encargo para poder empezar las obras".

El funcionario es el tercer imputado de los 21 que deben declarar a lo largo de este mes en el denominado caso Marismas, en el que se investigan supuestas irregularidades relacionadas con la subvención de 40,1 millones que la CRMG recibió en 2004 para la modernización de su red de riegos.

El ex jefe del departamento de Infraestructuras Agrarias reconoció que, como inspector-facultativo, era el encargado de tramitar el expediente de subvención desde el principio hasta el final. En su declaración, que se prolongó durante varias horas, Manuel Antonio Cruz-Guzmán explicó que no advirtió "ningún interés especial" en la Comunidad de Regantes en la adjudicación a la UTE Teconsa-Elecnor-Meci-Tegner para la realización de las obras.

La junta rectora de la CRMG revocó esa primera adjudicación a favor de esa UTE y los representantes de Befesa/Alpi, según el juez, firmaron un acuerdo con Meci Works y Tegner para que en el caso de la primera fuese la adjudicataria, participaran también mediante una tercera UTE denominada "Construcción". El acuerdo, añade el juez, suponía que pese a que la adjudicataria formal era la UTE Befesa/Alpi, "la adjudicataria real y auténtica beneficiaria de los pingües beneficios que iba a reportar la obra de modernización era la UTE Construcción". El funcionario explicó ayer al juez que "no tuvo conocimiento de ningún pacto o contrato entre la UTE adjudicataria Befesa/Alpi y la primera UTE a la que se le preadjudicó sobre una subcontratación para la realización de las obras".

El imputado precisó asimismo que las normas de procedimiento en aquella época "se interpretaban con cierta benevolencia y además no sólo con la CRMG sino con cualquier otro regante".

Cruz-Guzmán admitió que en el periodo de licitación formó parte de la primera mesa de contratación, que se constituyó en septiembre de 2004, pero no participó en la segunda porque estaba enfermo, y añadió que "no tenía competencias ni capacidad para pedir explicaciones a la mesa acerca de los motivos por los cuales se efectuó una primera preadjudicación a una de las empresas que justamente había sido excluida por el comité de evaluación".

Por último, el imputado afirmó que "ningún órgano de fiscalización de la Junta le evidenció reparos de legalidad".