La imputación del portavoz de IU y dos ex concejales cierra la Enredadera

El portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, José Manuel García, ha defendido su inocencia tras prestar declaración ante la juez Mercedes Alaya, que le ha imputado delitos de cohecho y fraude en relación con la denominada operación Enredadera, donde se investiga una trama corrupta que pagaba comisiones a cambio de favores en la adjudicación de contratos públicos. Ante la juez también han comparecido los ex concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Manuel Gómez Lobo (PSOE), quienes se han acogido a su derecho constitucional a no declarar después de que la juez les haya imputado los mismos delitos, y al término de las comparecencias la Fiscalía ha pedido sendas fianzas de responsabilidad civil cuya cuantía no ha trascendido.

La juez ha citado esta tarde, para ampliarles su imputación, a los representantes legales de las empresas Fitonovo y Fiverde: Rafael González Palomo, su hijo José Antonio González, y Ángel Manuel Macedo Gajete. La instructora sostiene que la red de sobornos se había establecido como una "organización criminal jerarquizada que tendría como centro Fitonovo" y de hecho entre los cargos que ha ido imputando a muchos de los implicados que han comparecido en la tercera fase de la operación Madeja se encuentra, además de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, el de asociación ilícita.

Tras comparecer ante la juez por espacio de cuarenta minutos, el actual portavoz municipal de IU José Manuel García ha explicado a los periodistas que no ha cometido “ningún acto ilegal ni ninguna actuación irregular o delictiva”. El concejal de IU ha insistido en que “no tiene nada que ocultar”, por lo que ha respondido a las preguntas de la juez y ha mostrado además su “absoluta disposición” y colaboración con la Justicia par tratar de esclarecer los hechos, si bien no ha querido concretar ningún aspecto de su declaración porque la causa continúa bajo secreto de sumario desde hace 17 meses.

Cuando se le ha preguntado por las declaraciones del coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, que la semana pasada aseguró que se aplicaría el código ético de IU en el caso de que la juez Alaya mantuviera la imputación, el portavoz municipal de la formación ha asegurado que se trata de un tema que tendrá que “resolver en el ámbito de la organización”. “Estamos sujetos a las normas que democráticamente nos hemos dado”, ha añadido García, que ha señalado que hoy ha venido a prestar declaración y “ni ha pensado sobre eso”, ya que nunca se había preocupado por estos temas.

García ha reconocido el deber de investigación de la Guardia Civil y de la Justicia en “algo tan serio como la corrupción” y ha insistido en su posición de colaboración con la Guardia Civil y la juez Alaya.

El concejal de IU, que está imputado por delitos de cohecho y fraude, compareció el pasado jueves ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, donde prestó declaración en relación con estos hechos. A José Manuel García los investigadores y Alaya le han preguntado sobre la adjudicación de obras y mantenimiento en 11 campos de fútbol a los que se colocaron césped artificial vinculados al Instituto Municipal de Deportes (IMD) y por la reforma del centro deportivo Ifni, ubicado en los Bermejales junto al estadio del Real Betis, en la etapa en la que éste era gerente de este organismo.

El portavoz de IU se desvinculó de estas adjudicaciones en su comparecencia, al asegurar que éstas dependían de la Mesa Central de Contrataciones del Ayuntamiento de Sevilla y formaban parte de los programas 8.000 y 5.000 del Gobierno Central, según han confirmado fuentes del caso.

La imputación del actual portavoz de IU en la denominada operación Enredadera ha provocado la división en el seno de la formación de izquierdas. Frente a la postura del consejo local de IU, que apoya al imputado, la dirección regional ha advertido de que García tendrá que dimitir si se mantiene la imputación. El Consejo Local defendió la semana pasada la actuación del concejal al afirmar que siempre se ha ajustado "en todo momento a la legalidad" y apuntó que esta conducta "no cabe duda de que quedará demostrada en el transcurso de este procedimiento" judicial.

Ante la juez también compareció este lunes el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, y el ex concejal de Vía Pública y ex presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad, Manuel Gómez Lobo (PSOE). Ambos también comparecieron el pasado jueves en el cuartel de Eritaña de la Guardia Civil, pero se acogieron a su derecho a no declarar, al igual que han hecho ahora ante la instructora.

Antonio Rodrigo Torrijos ha dicho a los periodistas que ha hecho una “breve declaración” nada más comparecer ante la juez, a la que ha “negado rotundamente los presuntos hechos delictivos se le atribuyen” y ha señalado que él “no tiene nada que ver con el Instituto Municipal de Deportes”. A continuación, Torrijos se ha acogido a su derecho a no declarar, aunque le ha anunciado a la magistrada su “voluntad” de prestar declaración de forma voluntaria cuando levanten el secreto de sumario que pesa sobre las actuaciones.

Esta imputación supone el tercer frente judicial que se abre contra Torrijos, que está imputado por las irregularidades en la Fundación DeSevilla rregularidades en la Fundación DeSevillay a quien la Fiscalía acaba de solicitar una condena de dos años de cárcel en relación con la venta "fraudulenta" de los suelos de Mercasevilla.

Por su parte, el ex edil socialista Manuel Gómez Lobo también se ha negado a declarar, aunque ha afirmado que “no está de acuerdo con la imputación” que le ha realizado la juez.

Cuando se desarrolló la operación Enredadera –tercera fase de la Madeja-, el pasado 11 de noviembre, la instructora puso en libertad al representante de IU en la Comisión de Mercados Ambulantes del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Miguel Ruiz Carmona, que habría recibido supuestamente mordidas por importe de 155.000 euros, de los cuales 70.000 euros le fueron entregados en una caja de zapatos poco antes de las elecciones municipales de 2011. Este representante de IU fue también técnico del área de Infraestructuras para la Sostenibilidad que por entonces dirigía Antonio Rodrigo Torrijos.

En el marco de la operación Madeja, la Guardia Civil confirmó que Fitonovo entregó 30.000 euros al ex asesor municipal del grupo municipal socialista Domingo Enrique Castaño, un dinero que, según el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo, era para el PSOE.

Las investigaciones también llevaron a los agentes a confirmar que esta empresa adjudicataria habitual de las obras de Parques y Jardines sufragó una reforma de la sede de la agrupación local del PSOE de la Macarena, de la que fue secretario general otro de los imputados, el ex concejal de Vía Pública Manuel Gómez Lobo.

El dueño de Fitonovo declaró que Castaño le pidió que hiciera "la factura a nombre de otra empresa", porque esta agrupación había tenido "problemas anteriores con la facturación", en alusión al escándalo de las facturas falsas que terminó con una condena hace unos años.