La juez imputa a un estrecho colaborador del alcalde en la causa de Mercasevilla

La juez Mercedes Alaya dio ayer un nuevo golpe de timón en la investigación de las presuntas irregularidades en Mercasevilla al imputar a un estrecho colaborador del alcalde Sevilla. La magistrada acordó en un breve auto de dos folios imputar al ex gerente de Urbanismo y actual vicepresidente de la Agrupación de Interés Económico (AIE) Manuel Marchena en una de las tres causas abiertas por Mercasevilla, la vinculada a la venta de los terrenos, que la instructora ha tildado de "fraudulenta" e "ilegal".

Junto a Marchena, la juez también ha decidido imputar a una funcionaria de este departamento, Emilia Barrial, subjefa del servicio de licencias de la Gerencia de Urbanismo. Con estas nuevas imputaciones, son ya 13 las personas imputadas en esta causa, en la que también están imputados el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, y el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño.

El auto de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que tiene fecha del pasado miércoles, justifica de forma escueta la imputación de Marchena y de la funcionaria de Urbanismo. "Del examen de la documentación que se ha venido recibiendo y de las pruebas que se han practicado, y sin perjuicio de posteriores resoluciones, se desprende la presunta participación en los hechos investigados" tanto de Manuel Marchena como de la funcionaria de Urbanismo.

En el nuevo auto de Mercedes Alaya, la instructora les recuerda que pueden personarse con abogado y procurador en la causa, al objeto de que se les dé traslado de las actuaciones "para su conocimiento y efectos", y una vez que estén personados se procederá a su citación para que presten declaración.

La imputación de Manuel Marchena en la causa de Mercasevilla se produce ocho meses después de que el empresario Antonio Pardal Reyes, socio mayoritario de la inmobiliaria Larena 98, mantuviera un encuentro con Manuel Marchena en el que supuestamente se le hicieron ofrecimientos ilegales para que esta empresa cediera un derecho de superficie que tenía sobre unos terrenos de Mercasevilla al grupo Sando, que finalmente se adjudicó el concurso público sobre la totalidad de los terrenos.

Según Antonio Pardal, en un encuentro con Marchena, éste le habría ofrecido supuestamente la adjudicación directa de la construcción de una serie de inmuebles de VPO y de locales libres a cambio de su salida del mercado central. En la declaración que realizó en el juzgado, en marzo pasado, Pardal precisó que, aunque Marchena no le dijo expresamente que los concursos le serían adjudicados, él entendía que eso iba "implícito" en el ofrecimiento. El empresario llegó a esta conclusión porque, según dijo, no encuentra otra explicación a que se le cite personalmente en el despacho del entonces gerente de Urbanismo para recoger los impresos de unos concursos cuando los mismos "se publican en los boletines oficiales".

Pardal aseguró que, además de Marchena, el propio director general de Mercasevilla y principal imputado en la causa, Fernando Mellet, y el subdirector del mercado, Daniel Ponce, también le hicieron otras propuestas, que incluían la concesión de una Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que se iba a instalar en Mercasevilla y un contrato para el mantenimiento de las calles de la ciudad que se había presupuestado en 1,2 millones de euros y que le habría ofrecido supuestamente el ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño, que, dijo, le presentaron como "la mano derecha del alcalde".

Tras la declaración del empresario, la juez ordenó a la Policía Judicial que investigara todas las promociones de viviendas que el Ayuntamiento estaba tramitando en las fechas en las que el socio mayoritario de Larena 98 mantuvo un encuentro con el entonces gerente de Urbanismo Manuel Marchena.

En julio pasado, la instructora volvió a dar credibilidad al testimonio del empresario con motivo de la declaración como imputado en esta causa de Daniel Ponce. Aunque el ex directivo de Mercasevilla se acogió a su derecho a no declarar, a la hora de redactar los hechos que se le imputaban reiteró la presunta implicación de Marchena en los supuestos ofrecimientos ilegales a Pardal para que abandonara Mercasevilla. La juez atribuyó de manera indiciaria a Mellet y Ponce las gestiones del encuentro entre Pardal y el gerente de Urbanismo, "a fin de que éste le propusiera igualmente la adjudicación directa de la construcción de una serie de inmuebles de VPO".

De otro lado, la juez Mercedes Alaya también ha citado a declarar como testigos a dos representantes de la sociedad estatal Mercasa, en concreto al secretario general, el abogado del Estado Arturo Cortés de la Cruz, y al director del staff de presidencia de Mercasa y miembro del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de Mercasevilla Ángel Gil Pascual. Ambos testigos han sido citados para el próximo 12 de noviembre.