La hora de la Gavidia

Hace once meses que el gobierno de Juan Espadas volvió a la casilla de salida en el enredo que mantiene abandonado el edificio de la antigua comisaría de Policía de la Gavidia desde que cerró sus puertas definitivamente en 2003. El Ayuntamiento de Sevilla, en el Pleno de noviembre de 2015, aprobó una moción que supuso la paralización de la modificación urbanística que había solicitado el anterior gobierno del PP para cambiar la calificación de un inmueble. ¿Qué supuso ese paso? Pues que la Gavidia desde entonces ni se puede vender, como han pretendido dos alcaldes anteriores, ni puede albergar un centro comercial, otra de las ideas perseguidas.

El edificio que muchos sevillanos derribarían si estuviera en su mano sigue siendo un suelo público para equipamientos sociales que alberga un icono arquitectónico protegido por el PGOU con un grado C y por la Ley de Patrimonio Andaluz de 2007 como bien de catalogación general. El debate que se espera, por tanto, no es qué hacer con la Gavidia, sino qué hacer en la Gavidia, qué uso se le puede dar. Pero, en cualquier caso, es una discusión que el Ayuntamiento sigue sin abordar un año después de iniciarse el mandato.

La Gavidia sigue esperando su hora, a pesar de que ya no hay trabas. El último escollo también se ha salvado tras recibir el Ayuntamiento un estudio sobre la naturaleza y estado de su estructura del edificio, que determinó la pasada primavera que éste no está gravemente dañado, ni mucho menos necesita ser derribado, algo que habría zanjado el debate. De cualquier forma, la Gerencia de Urbanismo ya contaba desde 2009 con un informe similar que descartaba el riesgo de derrumbe, aunque alertaba de la necesidad de reforzar la estructura para un uso comercial.

El propio alcalde ha acotado ya ese debate sobre sus usos, al pronunciarse públicamente diciendo que garantizará que haya uno, aunque sea parcial, de tipo social. Según ha podido saber este periódico, no hay ninguna propuesta formal que se haya registrado, pero el Ayuntamiento sí ha recibido una consulta muy interesada por parte de una cadena hotelera nacional para instalar allí un establecimiento de categoría boutique, un proyecto que ya ha sonado en otras ocasiones. Y cuenta también con una propuesta realizada por el colectivo de jóvenes arquitectos Entre adoquines que ha sido visto con muy buenos ojos por parte del delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz. Esta propuesta reuniría los requisitos municipales, pues contaría con una parte social y pública y otra en la que se podría dar cabida a empresas y a la propia Universidad. En concreto, estos jóvenes arquitectos plantean usos sociales, desde espacios comerciales para artesanos a talleres de trabajo, y usos universitarios, pues otra propuesta es la conversión de la comisaría en un centro de investigación gestionado conjuntamente por la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento. Un espacio para generar oportunidades e investigar en nuevas tecnologías que evite que muchos jóvenes talentos emigren. Esta alianza existe en otras ciudades, como Madrid, donde se ubica el Parque Científico-Tecnológico de la Universidad Politécnica, en el que colabora el Ayuntamiento. La idea es reunir allí a emprendedores y desarrollar cada uno su profesión, dando un servicio a la ciudadanía y generando nuevas formas de producir. Una idea que casa a la perfección con la que defiende el gobierno de Espadas para la fábrica de Artillería.

El problema ahora es el de la financiación. El Ayuntamiento no puede hacer frente a la recuperación del edificio, que algunos estiman en unos 12 millones, y debe dar entrada sin otra opción a un promotor privado. La propuesta de Entre adoquines no pasa de ser una buena idea carente de financiación, aunque con muchas posibilidades que sin una respuesta oficial tampoco se pueden explotar.

Los anteriores gobiernos, tanto del PSOE como del PP, intentaron vender la Gavidia para obtener el máximo beneficio posible en una época de crisis con las arcas vacías. Pero la operación siempre falló, aunque curiosamente los ingresos por su enajenación se incluyeron en tres presupuestos municipales desde 2010. El Ayuntamiento tuvo que sortear un montón de trabas: por parte de la Junta que dificultaba la recalificación, según denunciaba el PP, y del propio Gobierno central, pues un fleco en la venta de Interior hizo que la titularidad del edificio no fuera municipal realmente hasta 2012.

Hoy ya no hay excusa para, al menos, plantear el debate. Al Ayuntamiento le toca mover ficha.