"Mis hijas se escondían cada vez que alguien llamaba a casa"

La inmigrante boliviana que ha denunciado a la Junta por haberle intentado quitar a sus tres hijas con informes "falsos" recibe a este periódico en el despacho de su abogado, Javier Carnerero. Están presentes dos de sus tres hijas -de 18 y 16 años- y su nieta, un bebé de tan sólo un año. Su otra hija, menor de edad, la tuvo que enviar con un hermano a Bolivia después de todos los acontecimientos que les han sucedido en los últimos meses.

La mujer, que accede a fotografiarse con las menores pero no a revelar su identidad para que no le perjudique en su trabajo, relata durante una hora todas las peripecias por las que ha tenido que pasar desde que la Consejería de Igualdad intentó retirarle a sus tres hijas, en marzo de 2009, al amparo de unos supuestos malos tratos y de que había ejercido la prostitución. Lo primero que no se explica D. C. V. es cómo se incluyeron esos datos falsos en los informes oficiales que sirvieron de base para decretar la situación de desamparo. "No entiendo de dónde sacaron que maltraté a mis hijas y que había ejercido la prostitución", lamenta la mujer, que recuerda cómo un día que se hallaba en la iglesia de la Macarena le llamaron del instituto donde cursaban estudios dos de sus hijas diciéndole que había un problema, que se habían presentado personas de los servicios sociales de la Junta para trasladarlas a un centro de acogida. "Mis hijas se escondían detrás del director para que no se las llevasen y sus compañeras de clase se pusieron delante para impedirlo", asegura esta madre.

Esa misma tarde, un cartero le entregó un burofax que la citaba en la delegación de Igualdad porque habían declarado el desamparo de sus hijas. La pequeña, que tenía 6 años, fue sacada de un convento de las Hermanas de la Cruz de Umbrete, donde la boliviana la había llevado porque a pesar de que tenía varios empleos de limpieza a domicilio y atención de ancianos en ocasiones no llegaba a final de mes.

La mujer insiste en que la Junta intentó quitarle a sus tres hijas, a pesar de las afirmaciones realizadas por la consejera de Igualdad, Micaela Navarro, respecto a que las medidas cautelares se tomaron sólo sobre una de las menores. La madre afirma que no se llevaron a sus otras dos hijas porque desde ese momento no volvieron a clase, estuvieron ocultas y "sufriendo" por lo que les podía pasar.

Cuando se le pregunta si no tiene miedo a que el hecho de haber presentado una querella -que ya ha admitido a trámite el juzgado de Instrucción número 17- contra el delegado de Igualdad, Manuel Gálvez, y la jefa del servicio de Protección de Menores, Inmaculada Dugo, pueda perjudicarla porque todavía sigue en situación irregular en España, la mujer tiene clara su respuesta. "Si no demuestro mi verdad, ¿quién lo va a hacer por mí? Tengo que demostrar todo lo que sufrieron mis hijas. Cada vez que llamaban a la puerta se escondían debajo de la cama. No tuvieron verano, no pudieron disfrutar del parque y no hacían más que preguntarme cuándo iba a terminar todo esto". Sus hijas apenas salieron de casa durante todo ese tiempo, salvo a veces que lo hacían por un patio de la vivienda, con la ayuda de una vecina que conocía la situación. La mujer boliviana recuerda que a menudo "merodeaban por su casa" funcionarios de la Junta y cómo en una ocasión llamaron a su puerta para llevárselas. La madre no les dejó entrar, a pesar de su insistencia, y les pidió una orden judicial. "Me dijeron que no sabía en qué me estaba metiendo y que volverían al día siguiente".

Esa angustia fue para D. C. V. y sus hijas una auténtica "tortura psicológica" que tuvo nuevos episodios cuando iba a visitar a su otra hija, acogida en un centro, y cuando intentaron llevarse a su nieta, una recién nacida. "Mis hijas grababan vídeos en el móvil para su hermana pequeña, pero cuando se enteraron en el centro de acogida me impidieron entrar con el teléfono", comenta la mujer, que cuenta cómo incluso su hija pequeña le decía que por qué no iban a verla sus hermanas, que había "dos camas para ellas".

Otro momento "horroroso" que vivió la familia ocurrió cuando la Junta quiso retirar a la nieta del hospital donde había nacido. A la misma hora en que los servicios sociales iban a llevarse al bebé, la abuela había sido citada en la delegación de Igualdad para que firmara un documento de "reconocimiento de los hechos falsos" que habían motivado el expediente de desamparo. La mujer se negó a firmar con el argumento de que antes debía saberlo su abogado. "Me dijeron que si no firmaba se iban a llevar a mis dos hijas y a mi nieta", asevera la inmigrante, que cuenta cómo su hija tuvo que recurrir al sacerdote del hospital con la excusa de que quería bautizar a la pequeña para evitar que se consumara la retirada del bebé, porque "querían hacerle firmar un documento que entregaba a la niña en adopción".

No fue la única vez que recibieron ayuda de la Iglesia. La inmigrante recuerda cómo el día en que fueron a retirarle a sus hijas acudió a la bolsa de caridad de la Hermandad del Gran Poder porque no podía pagar un recibo de la luz y uno de los letrados de esta bolsa se hizo cargo del caso para la recuperación de sus hijas y la reunificación familiar. La familia de D. C. V. permanece ahora unida -salvo la pequeña, que está en Bolivia- y la madre sólo quiere con su querella "que se haga Justicia" y ninguna madre tenga que pasar por lo que ha pasado ella.