El precedente de Mérida, cuyo grupo antidroga está a la espera de juicio por un caso similar al de Alcalá

La polémica estalló durante la mañana del martes cuando cinco agentes del grupo de estupefacientes de la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra fueron detenidos en el curso de una operación antidroga. La investigación, que de momento acumula un total de 35 detenciones, ha sido liderada por la unidad de Asuntos Internos y se produce después de tres meses de discretos trabajos en la comisaría local y el entorno de la misma.

De momento, tal y como adelantó ayer este periódico, se desconocen las imputaciones sobre los agentes y qué tipo de pruebas los implican en el tráfico de drogas. La operación permanece bajo secreto y fuentes oficiales de la Policía Nacional no han querido informar de nada relacionado con la misma.

La brigada antidroga de la Policía Nacional de Mérida, imputada por un caso similar

La operación que acaba de sacudir Alcalá de Guadaíra recuerda a la que aconteció en la comisaría de Mérida (Badajoz) en septiembre de 2021. En esta localidad también fueron detenidos cinco miembros de la brigada antidroga de la Policía Nacional por tráfico de estupefacientes. En concreto, por colaborar con una red de cultivo de marihuana. Uno de los implicados fue durante unos años jefe de uno de los grupos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Sevilla.

Aunque se mantuvo bajo secreto de sumario, la operación se saldó con más de una veintena de detenidos, entre los que también hubo un miembro de la Guardia Civil destinado en Badajoz. Las investigaciones comenzaron en abril de 2021 cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional solicitó autorización judicial para intervenir teléfonos, instalar cámaras de vigilancia y dispositivos de audio en el despacho del Grupo de Estupefacientes, debido a sospechas sobre dos de sus agentes vinculados con el narcotráfico.

Hace dos semanas, los implicados en dicha investigación fueron procesados al concluir la instrucción. En concreto, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida propuso procesar a cinco miembros de la brigada antidroga de Mérida por su implicación en una “organización criminal”. La investigación concluyó que estos agentes tenían a los narcotraficantes protegidos, facilitándoles la práctica de actividades delictivas entre 2019 y 2021.

Además de pertenecer a una organización criminal, los agentes enfrentan cargos por delitos como conspiración, tráfico de drogas, malversación, torturas, falsedad documental, delitos contra el patrimonio y la administración pública, entre otros.

Las pruebas recogidas revelaron que el grupo tenía un modus operandi basado en colaborar con ciertos narcotraficantes, permitiendo que estos realizaran sus operaciones mientras protegían a estos delincuentes de ser investigados por otras unidades policiales. La investigación también indicó que todos los agentes involucrados sabían de la existencia de plantaciones de marihuana y facilitaban información y recursos para el éxito de estas actividades ilícitas, beneficiándose de los resultados.

En concreto, el auto señaló que “existen pruebas de que todos los miembros del grupo eran conocedores de las plantaciones de estos investigados y de que se les proporcionaba información relevante y utensilios para llevar a buen puerto la plantación de marihuana, así como de los beneficios que la plantación reportaría al grupo”.

Durante la instrucción, el juez expuso varias operaciones antidroga en las que no se detuvo al narcotraficante protegido, como un transporte de más de un kilo de cocaína desde Madrid a Mérida en febrero de 2021.

En un auto dictado el miércoles 4 de septiembre de 2024, el juez decretó la continuidad de la tramitación de las diligencias previas, por el procedimiento abreviado, contra seis policías -cinco de ellos del Grupo de Estupefacientes de Mérida- y otras nueve personas. Además, el letrado decretó el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a otras diez personas, algunas de ellas policías.