El gobierno de Zoido parchea el PGOU con una treintena de cambios en 4 años

El mandato de Juan Ignacio Zoido concluirá con una ristra de cambios en el Plan de Ordenación Urbana (PGOU) vigente desde julio de 2006, parches con los que el PP ha ido acomodando una norma que no ha querido derogar ni tampoco revisar, a pesar de que incluso llegó a anunciar la creación de un comité de sabios para actualizar dicho plan. En los últimos cuatro años se han impulsado un total de 32 modificaciones puntuales, una cifra que triplica las 11 llevadas a cabo por los anteriores gobiernos municipales del PSOE e IU. De esta treintena, sólo se han aprobado definitivamente 17, un trámite que se ha prolongado de media casi dos años.

La intención del gobierno de Zoido era adecuar el PGOU a las demandas de los sevillanos y a las condiciones socioeconómicas actuales. Y con ese argumento apostó por encargar un documento técnico a expertos para determinar la fórmula. No obstante, un año después, en septiembre de 2014, esta inicitiva -que ya tenía nombres y apellidos- se descartó al considerarse que esta actualización del PGOU generaría más inconvenientes que beneficios. El miedo a la inseguridad jurídica que podría crear un debate de ideas sobre el planeamiento urbanístico hizo que el gobierno diera marcha atrás. Una decisión que refrenda la crítica de la oposición, que desde el inicio del mandato ha lamentado la falta de un modelo de ciudad y unos criterios claros sobre los que articular su futuro.

El objetivo de esa revisión -actualización prefieren en el PP- era permitir la implantación de grandes empresas en edificios y espacios donde los actuales usos asignados impiden esta posibilidad. Y, aunque se abortó la idea, son varias las modificaciones puntuales impulsadas en este sentido en lo que va de mandato. Entre ellas, las que tienen que ver con los proyectos de la Gavidia, el Estadio de la Cartuja, Altadis, el puente de la Cartuja o el aparcamiento de la Alameda.

De hecho, la primera modificación que se inició en el mandato, en mayo de 2012, fue para levantar la prohibición de construir parkings rotatorios en el centro histórico, un cambio que fue denegado por la Junta de Andalucía y que se estuvo tramitando durante un año. Por orden cronológico, la segunda modificación de relevancia fue la de la Gavidia, que también se inició en la misma fecha y que se aprobó definitivamente el pasado mes de noviembre tras una tramitación que se dilató durante 30 meses y medio.

De media, el plazo entre la aprobación inicial y la definitiva de las modificaciones que han prosperado se sitúa en 21,6 meses, 650 días, una espera que explica la maraña administrativa en la que se encuentran inmersos muchos proyectos de la ciudad que no han logrado salir todavía adelante. Si se compara con la duración de los trámites iniciados en anteriores mandatos, en los que se aprobaron 11 modificaciones puntuales -entre ellas una para permitir mayor altura en el solar del equipo quirúrgico del Prado y otra para limitar la actuación en los Baños de la Reina Mora- estos plazos se han multiplicado casi por cuatro.

De los cambios solicitados por Zoido, dos están suspendidos y tienen que ver con nuevas calificaciones de solares del Muro de los Navarros y la Alameda. Y hay dos de los que no hay noticias desde hace más de un año. Otros cinco cuentan con informes contrarios bien del Consejo Consultivo o del Consejo Provincial de Patrimonio Histórico. En concreto, a la espera de una respuesta de estos órganos dependientes de la Junta de Andalucía están una recalificación del mercado de San Jerónimo, otra de unos jardines traseros de la calle Sol, de un edificio en la calle Patricio Sáez, de un equipamiento educativo en la calle Arrayán y el polémico proyecto para construir un puente sobre el río que una Torneo con el acceso a la Torre Pelli, que requiere también una modificación urbanística a la que se opone Patrimonio.

No todos los cambios requeridos persiguen la misma función. En algunos casos, la modificación puntual se acomete en cumplimiento de una sentencia. Así hay cinco casos. Y también hay un expediente, que se resolvió en sólo siete meses, para adaptar el PGOU a una nueva ordenanza de accesibilidad. Los trámites más sencillos se han resuelto en un plazo de seis meses, que es la media que se requería en los anteriores mandatos.

En el último año se han iniciado otras cinco modificaciones, la más destacable la necesaria para desarrollar el proyecto de Altadis, que se aprobó inicialmente hace sólo dos semanas. Esta modificación urbanística ha tenido una fuerte contestación política y social y sólo se ha aprobado por ahora de manera inicial.

El número de modificaciones puntuales tramitadas por el PP contrasta con la escasa actividad de la comisión de seguimiento del PGOU, mesa creada en 2008, que tan sólo se ha convocado en dos ocasiones desde su constitución al inicio del mandato de Zoido. La primera vez fue en marzo de 2013, a mitad del mandato, con una reunión para analizar el estado de ejecución de los desarrollos previstos ya en el PGOU. Y la segunda fue en abril de 2014, donde se trató, entre otros, el asunto de Altadis, tal y como había requerido previamente el PSOE al alcalde.

Desde la oposición se critican las modificaciones "a la carta" y se considera que el comité de sabios que Zoido pretendía crear es innecesario, pues para ello existe una comisión de seguimiento. En concreto, IU siempre ha apuntado que ese intento formaba parte de "la hoja de ruta diseñada por el PP de Zoido para subvertir el PGOU". En el PSOE tienen claro que el plan vigente "puede y debe seguir siendo un instrumento de utilidad".

En este contexto, el candidato socialista a la Alcaldía, Juan Espadas, considera que el PGOU debe ser "revitalizado y sacado del arca en que lo enterró el actual gobierno municipal". Se trata de reprogramar y hacerlo, según el alcaldable, desde una arquitectura sostenible y un urbanismo participativo. En el plan general, mantiene el PSOE, están todos los elementos de modernidad de la ciudad que Espadas defiende y quiere potenciar. "La cuestión clave no es el qué, sino el cómo hacerlo", apunta el socialista, para quien el principal ajuste que debe acometerse en el PGOU es la ruptura del estancamiento del sector de la construcción.