Frenazo a la entrada en vigor de la limitación de las viviendas turísticas por barrios en Sevilla

Nuevo revés inesperado para José Luis Sanz. La oposición en bloque ha rechazado esta mañana la entrada en vigor de la limitación del número máximo de viviendas de uso turístico por barrios. Lo más llamativo es el cambio del sentido del voto de los socialistas a última hora tras reunirse esta semana con trece asociaciones de vecinos que piden una moratoria mientras se elabora una ordenanza más completa a la que se iba a aprobar.

En la ineludible junta de portavoces previa a la sesión plenaria, los tres partidos expusieron al gobierno municipal que votarán en contra para respaldar la tesis de los vecinos, no haberse estimado ninguna de las alegaciones presentadas y que el texto es muy laxo. Por ello, tanto PSOE como Vox y Podemos-IU solicitaron a los populares que retirarán el punto del orden del día como paso previo a crear una mesa de negociación para endurecer el texto y en la que se incluya a las asociaciones.

El encuentro concluyó con la negativa del gobierno municipal de retirar el punto del orden del día, por lo que la delimitación de este tipo de alojamientos ha sido debatida en el Pleno. "Es una decisión política que roza el fraude legal", apuntó el edil popular Juan de la Rosa ante de alertar que el PSOE está usando a algunos vecinos del centro en beneficio de sus intereses políticos y personales “para seguir con su estrategia de bloqueo, porque no quieren admitir que vayamos a solucionar un problema cada vez mayor. Junto con Vox, son los culpables de que vayamos a perder el tiempo y sigamos sin poder limitar las viviendas turísticas”.

Las asociaciones de vecinos han pedido a los partidos de la oposición la retirada de la norma del orden de día, una moratoria inmediata en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico y que se desarrolle un texto “que realmente corresponda con las necesidades, ya que el redactado no permite el decrecimiento de los barrios saturados y ponen como reclamo las zonas que aún no están saturadas. Es más de lo mismo”.

Tras analizar los 108 barrios y basándose en los datos recogidos y las consultas ciudadanas realizadas, el equipo de Sanz fijó un número máximo de viviendas de uso turístico para cada barrio al haber llegado a una situación límite en algunos. Sólo tres barrios del Casco Antiguo pueden tener más viviendas turísticas antes de llegar al nivel límite de saturación: siete en San Julián, 50 en el Museo y 50 en San Bernardo. En total, 107 licencias para una zona de la ciudad en la que hasta once barrios se consideran totalmente saturados.

Frente a las zonas que los técnicos tildan de decrecimiento y de crecimiento agotado se encuentra la zona de crecimiento, con una presión turística residencial registrada de un máximo del 5%. Esta es la que sí admite la concesión de miles de licencias para destinar viviendas al uso turístico. Un total de 94 barrios sí tienen espacio para más pisos turísticos. Por lo tanto, sólo en aquellos barrios donde no se haya agotado el número máximo de viviendas de uso turístico podrán otorgarse nuevas autorizaciones.

La Gerencia de Urbanismo no aceptó la semana pasada ninguna de las 14 alegaciones presentadas al “ser la mayoría de carácter técnico”, entre las que se encuentra la petición de que se prohíba la instalación de candados y cerraduras en las fachadas. En el documento al que tuvo acceso este periódico, los técnicos argumentaron que “vistas las mismas, debemos decir que el decreto 31/2024 de 2 de febrero habilita sólo al establecimiento de la limitación del número de viviendas de uso turístico, por lo que otras cuestiones, que no corresponden con el objeto de esa habilitación, no pueden estimarse y entendemos, no se debe entrar en el fondo de las mismas. De este modo, el decreto no habilita a la aplicación de herramientas de otro tipo como los procedimientos sancionadores, retiradas de candados u otros que indican en sus escritos de alegaciones”.

Los populares no aceptaron que los socialistas presentaran una moción urgente en la que solicitaban una moratoria, la suspensión inmediata de la concesión de licencias y la creación de una mesa de trabajo en la que participen las entidades de las zonas afectadas. Hace sólo una semana dieron su respaldo a la norma en el consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo. Ahora entienden que en la elaboración de la norma no se ha escuchado a las asociaciones. Por su parte, para Podemos-IU la propuesta elaborada por el PP es una “chapuza legal”, que “no sólo no contendrá la presión turística en los barrios, sino que consolidará un modelo inaceptable para la mayoría social”.