El fraude en el suministro de agua cae un 30% en tres años

Sevilla/La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) y la Empresa Mancomunada del Aljarafe (Aljarafesa) detectaron el pasado año más de 1.830 casos de fraude en el suministro de agua en Sevilla capital, el área metropolitana y el Aljarafe. Los más comunes son los enganches ilegales y la manipulación de los contadores para que éstos registren menos consumo del real.

"En toda época, ya sea de bonanza económica o de crisis, existe un pequeño porcentaje de usuarios que intentan obtener el servicio público prestado por Emasesa sin contraprestación económica o intentando reducir por diversos medios ilícitos el importe de las facturas", comenta Carlos Serna, responsable del departamento de fraudes de Emasesa. "Es cierto que en épocas de crisis económica se observa un incremento sustancial en el número de fraudes, pero éste sigue siendo minoritario, de lo contrario, sería inviable el sostenimiento económico de un servicio tan esencial para la ciudadanía como es el abastecimiento y el saneamiento de aguas".

El mayor pico en Sevilla capital y su área metropolitana se produjo en 2013, cuando se alcanzaron los 1.394 casos. Este número ha ido cayendo "paulatinamente" desde entonces hasta llegar a los 1.004 de 2016, último dato facilitado por Emasesa. Esto supone un descenso del 28% desde los peores años de la crisis, aunque la cifra sigue siendo alta. Con anterioridad a 2013, cada año se producía una media de 760 casos de fraude.

En el caso del Aljarafe, Aljarafesa, que abastece a 29 municipios de esta zona, detectó 830 casos de fraude el pasado año. Durante los primeros seis meses de 2017, esta cifra fue de 405, lo que supone un descenso del 2,5% con respecto al primer semestre de 2016.

El 75% de los usuarios de Emasesa, que abastece a Sevilla capital y 12 municipios del área metropolitana, son de tipo doméstico (viviendas) y la distribución porcentual de las infracciones localizadas entre estos usuarios y el resto (comerciales, industriales) sigue esta proporción, según destacan desde la empresa pública.

"Es cierto que se detectan fraudes en viviendas y chalés donde aparentemente no se dan circunstancias económicas o sociales que puedan explicar su motivación", señala Carlos Serna. Para localizarlos, antes del verano, se realizan campañas de detección de anomalías en zonas donde proliferan las viviendas con piscina y jardín. En este tipo de viviendas a veces se hallan "fraudes flagrantes", reconoce Serna. "Es especialmente ilustrativo algún caso en el que al tomarse las fotografías para ilustrar la ubicación del fraude, aparece en el plano un vehículo de alta gama estacionado en la puerta del chalé en el que se comete el fraude", admite.

El engaño más común es conectarse a un suministro ajeno y tener servicio sin poseer un contrato en vigor. Le sigue la manipulación de los contadores con el objetivo de que éstos registren menos consumo del real. De esta forma, los infractores consiguen reducir el importe de las facturas.

Según explica el responsable del departamento de fraudes de Emasesa, hubo un tiempo en el que proliferó un tipo de engaño que consistía en adosar un imán de elevada potencia al contador, lo que afectaba a su capacidad de medida. "Afortunadamente, estos casos se han eliminado prácticamente gracias al efecto disuasorio de las campañas de detección realizadas en los últimos años y la sustitución de contadores por otros a prueba de este tipo de manipulaciones", aclara Serna.

Actualmente, el fraude más común en clientes con contrato consiste en la derivación del caudal antes de que llegue al contador. Los clientes, contando con la colaboración de fontaneros, cambian el recorrido del agua para que no pase por el punto donde está el medidor. "Con la tecnología disponible y la experiencia acumulada, este tipo de fraude se detecta cada vez con mayor inmediatez y se documenta gráficamente, de modo que es difícil rebatirlo", afirma Carlos Serna.

Las multas para viviendas unifamiliares y pequeños comercios infractores pueden llegar hasta los 2.700 euros. En el caso de instalaciones de mayor entidad, las liquidaciones pueden superar con creces este importe. Según asegura la compañía metropolitana, se han llegado a imponer multas superiores a los 6.000 euros, en función de la envergadura de los edificios abastecidos irregularmente, e incluso a los 60.000 en algún caso de especial gravedad.

La empresa ha triplicado el número de inspectores facultados para labores de lucha contra el fraude. También dispone de cada vez mayor capacidad de análisis de datos. Esto permite detectar evoluciones anómalas del consumo registrado, promedios sospechosos con los datos del número de habitantes que figura en el contrato. Además de estos valores que pueden parecer más o menos obvios, la tecnología actual de los contadores y de los sistemas de información permite analizar datos como los tiempos de funcionamiento e incluso información almacenada en los propios contadores que se registra cuando se realiza un intento de manipulación de los aparatos.

Carlos Serna recuerda que las circunstancias económicas de una familia "no deberían ser motivo para cometer una infracción". "Emasesa, en coordinación con los ayuntamientos en los que presta servicio, dispone de un amplio programa de medidas sociales para garantizar el acceso a los servicios de agua y de saneamiento a familias que no pueden pagarlo", asegura. "Se destinan fondos para asegurar que los usuarios que acrediten una situación de precariedad económica o emergencia por vulnerabilidad económico-social tengan servicio", concluye.

Más de 24.000 vecinos del Aljarafe, por otro lado, se han beneficiado del plan de acción social que puso en marcha Aljarafesa en 2015 tras analizar las consecuencias de la crisis en la comarca. Con este plan, además de incrementar las bonificaciones en las tarifas de pensionistas, familias numerosas y rentas bajas, se facilitaron los fraccionamientos y aplazamientos de deudas y se creó un fondo social de 150.000 euros.

"El objetivo de este fondo social es sufragar las facturas de agua de los ciudadanos cuyas condiciones de vida son especialmente difíciles a través de los servicios sociales de los ayuntamientos integrados en el sistema", apuntan desde Aljarafesa. En la actualidad, este fondo se ha incrementado hasta alcanzar los 200.000 euros y se prevé que en 2017 llegue hasta los 500.000 euros.