La familia también reclama la "prisión permanente revisable" para el violador del parque

sevilla/La familia de Sara D. M., la joven que fue violada y asesinada en la madrugada del 24 de febrero de 2016, ha reclamado para el acusado, Francisco Morillo Suárez, la pena de “prisión permanente revisable”, la misma pena que ha solicitado la Fiscalía de Sevilla, que le atribuye igualmente sendos delitos de agresión sexual y asesinato.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, el abogado de la familia, Alberto Lag, recuerda que Francisco Morillo Suárez frecuentaba el parque de María Luisa, en horario vespertino y permanecía una vez cerradas las puertas al público, cuando “tienen lugar en su interior encuentros de naturaleza sexual” y, de hecho, señala que el acusado acudía desde hacía más de dos años “al menos dos veces al mes, con el fin de obtener satisfacción a sus deseos sexuales”.

La noche del 23 de febrero, la víctima, Sara D. M., acudió con la supuesta intención de suicidarse, algo que había ocurrido con anterioridad como modo de “llamada de atención” a su entorno más cercano. La joven envió un mensaje a sus allegados en forma de despedida, al tiempo que ingirió una importante dosis de barbitúricos, que fueron sometiéndola en una “lenta somnolencia” hasta anular sus facultades volitivas.

En una hora no determinada, pero antes de las cuatro y media de la madrugada del 24 de febrero, el acusado aprovechó el estado de somnolencia de la joven para violarla y colmar sus “más depravados instintos sexuales”. Tras la “brutal” agresión, dejó a la víctima, que tenía 31 años, sobre uno de los bancos del parque, montándose en su bicicleta y abandonando el lugar. La joven falleció horas más tarde como consecuencia de un shock hemorrágico derivado de las lesiones causadas.

La acusación particular le atribuye un delito de agresión sexual, en concurso con otro de asesinato y reclama una condena de 15 años de prisión por el primer delito y la pena de “prisión permanente revisable” por el asesinato, al igual que ha solicitado la Fiscalía de Sevilla, que por primera vez ha pedido esta pena que contempla el artículo 140 del Código Penal.

Este precepto establece que el delito de asesinato será castigado con esta pena de prisión permanente revisable cuando se den algunas circunstancias, entre ellas que "el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima", como ocurre en este caso.

Alberto Lag también ha reclamado que los posibles beneficios penitenciarios del acusado, como los permisos de salida, clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refiera a la “totalidad de las penas impuestas en la sentencia”, de acuerdo con el artículo 78 del Código Penal, y además pide que no se le conceda el tercer grado hasta que haya cumplido un mínimo efectivo de 18 años de cárcel. La acusación reclama una indemnización de 125.000 euros para los padres y la hermana de la fallecida.

En octubre pasado, el juez que investigó el caso dio por finalizada la instrucción al entender que se habían practicado “cuantas diligencias se han estimado necesarias para la comprobación del delito, participación que ha tenido el procesado y las circunstancias que en su comisión han concurrido y no hallándose indicada ninguna otra”.

El cadáver de la joven fue hallado sobre las 09:40 del 24 de febrero en la glorieta de Juanita Reina del Parque de María Luisa y tras la práctica de la autopsia por el servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal (IML) se confirmó que la muerte estaba relacionada con la agresión sexual.

La ampliación del informe de autopsia ratificó que la víctima no falleció por la ingesta de fármacos que tomó, sino por la brutal agresión de la que fue objeto y que le provocó que sangrara abundantemente. La defensa del acusado había solicitado esta prueba planteando que la joven podía haber fallecido por los fármacos que había tomado para supuestamente intentar quitarse la vida.

La versión de los forenses coincide con la de un psiquiatra que atendió a la joven una semana antes de que se produjera el crimen y que precisó que la víctima era "muy responsable" y se encontraba "agobiada" por asuntos de trabajo, por lo que le recetó unos comprimidos de relajantes musculares. El facultativo añadió, al ser preguntado por los efectos de las sustancias que ingirió la víctima, que aunque se hubiera tomado todas las pastillas de una vez no le habrían causa la muerte y únicamente habría estado "sedada durante varias horas", por lo que descartó igualmente que la muerte se debiera a estos fármacos.

En marzo pasado, el violador del Parque de María Luisa reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la víctima, pero aseguró que éstas fueron consentidas y no fueron violentas hasta el punto de provocarle la muerte desangrada.