La familia del joven que fue asesinado denunciará al anterior gobierno local
Considera que hay una responsabilidad del Ayuntamiento por no impedir la 'botellona'.
La familia de Francisco José Guerrero Vargas, el joven de 23 años que falleció el pasado 25 de marzo tras recibir una puñalada en la fiesta de la Primavera, aseguró ayer que denunciará al anterior gobierno municipal por no haber adoptado ninguna medida para evitar aquella macrofiesta o para controlar que no se produjeran situaciones como la que provocó la muerte de su hijo.
Milagros Vargas, que ayer se desplazó al Charco de la Pava con motivo de la nueva concentración de jóvenes, recordó que la ley antibotellón prohíbe consumir alcohol en la calle, y consideró adecuada la decisión del actual alcalde, Juan Ignacio Zoido, de establecer un dispositivo policial integrado por 100 agentes.
La madre del joven fallecido aseguró que si el anterior gobierno municipal "hubiera puesto las medidas adecuadas en marzo pasado y destinado esos 100 policías, igual no se hubiera celebrado la botellona o no se habrían sacado navajas al estar más vigilado" el recinto de la Cartuja.
La decisión de establecer un dispositivo especial con motivo de la nueva botellona "es un bien para otros padres y para otros jóvenes, porque en mi caso ya no sirve", lamentó Milagros Vargas.
La madre de Francisco José Guerrero explicó que actualmente continúan recopilando información de cara a la denuncia que presentará "probablemente la próxima semana" contra el anterior Ayuntamiento. La denuncia se dirige contra el Consistorio por haber permitido una botellona en la que participaron más de 6.000 personas, por lo que la familia del joven fallecido considera que existe una responsabilidad civil subsidiaria de lo ocurrido con la muerte de Francisco José Guerrero, dado que la botellona es un fenómeno prohibido por la ley y a su juicio ningún responsable municipal del gobierno que entonces dirigía Alfredo Sánchez Monteseirín hizo nada por impedir la concentración en la que fue apuñalado su hijo.
La familia entiende que el gobierno local de entonces tenía constancia de la convocatoria de la fiesta de la primavera, puesto que reforzó la flota de autobuses, pero ni la prohibió ni puso las medidas de seguridad adecuadas para controlar a la cantidad de jóvenes que se congregaron en los terrenos de la bancada de la Expo. De hecho, entre las dos de la tarde y las nueve de la noche sólo había 18 policías locales para atender a los más de 6.000 participantes.
En cuanto a la investigación judicial por el asesinato de su hijo, Milagros Vargas recordó que el joven imputado por estos hechos, Óscar Riquelme, continúa en prisión porque la juez "tiene bastante claro que todas las investigaciones apuntan a él y por ello se le ha denegado en dos ocasiones la puesta en libertad".
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