El falso cura logró un contrato municipal en Alcalá de Guadaíra

Ni huyó a Iberoamérica ni está en paradero desconocido. El falso cura condenado por el Arzobispado de Sevilla, Ángel Luis Orellana Rodas -que ejerció durante siete años el ministerio pastoral en la parroquia de Pío XII y en varias hermandades- reside desde hace meses en Alcalá de Guadaíra, donde está bien relacionado e incluso llegó a conseguir un contrato temporal en el Ayuntamiento. Fuentes judiciales confirmaron este miércoles a Diario de Sevilla que la orden de búsqueda y localización sigue vigente, pues el Juzgado de Instrucción número 4, cuyo titular es Francisco de Asís Molina, tiene pendientes unas diligencias de investigación por la comisión de posibles delitos de estafa, simulación, fraude, etcétera. El juzgado aún no ha podido tomar declaración a Orellana porque la Policía Nacional todavía no ha localizado al falso sacerdote, con algunos de cuyos amigos íntimos contactó ayer este periódico.

La razón por la que el Arzobispado lo condena a ir a pie hasta el santuario de Nuestra Señora de Consolación de Utrera es precisamente que la autoridad eclesiástica ha tenido conocimiento del paradero del falso sacerdote. Por eso el decreto episcopal establece que Alcalá de Guadaíra sea el punto de partida. No es una casualidad ni un lugar escogido al azar o por razones de alejamiento con los lugares donde ejerció de presbítero de forma fraudulenta. Lo absuelve de excomunión, pero lo condena a la inhabilitación para ser cura en el futuro, le prohíbe visitar los templos donde ha ejercido de presbítero y le obliga a devolver los estipendios recibidos.

El arraigo de Orellana en Alcalá de Guadaíra es tal que logró un contrato municipal de un mes de duración de acuerdo con el Plan de Urgencia Municipal (PUM) financiado por el Ayuntamiento y la Diputación. Los requisitos de este plan figuran en el BOP número 148 del 27 de junio de 2012. El objetivo de este plan es la mejora del "bienestar y la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Sevilla, especialmente aquellos más desfavorecidos que se están viendo afectados por los efectos de la crisis económica". Orellana fue admitido para trabajar al igual que otras doce personas en la realización de obras y servicios de carácter urgente. Según el plan, el salario es de 21,38 euros al día y de 641,40 euros al mes.

En cualquier caso, junto con la orden de búsqueda y localización, que en principio no incluye la detención de Orellana, el juez requirió a finales de 2012 a la Policía para que recabe información sobre el proceder de este ecuatoriano. Algunas fuentes apuntan a que la actuación del cura podría encuadrarse en un posible delito de falsedad documental, por cuanto el resultado de esas ceremonias religiosas generó una actuación en el Registro Civil, con lo que se podría haber inducido a un error al funcionario que procedió a la inscripción de las mismas.