La factura de la comisaría de Bellavista se incrementa en más de 250.000 euros

Urbanismo

Una sentencia estima parte de una demanda de la constructora Sando debido al parón de un año que tuvieron las obras por desacuerdos económicos y técnicos sobre el modificado del proyecto

Exterior de la comisaría de la Policía Local en el barrio de Bellavista.
Exterior de la comisaría de la Policía Local en el barrio de Bellavista. / Juan Carlos Vázquez

La comisaría de la Policía Local en Bellavista ha sido un auténtico embrollo desde el primer día. Proyecto paralizado antes de arrancar, retrasos en la adjudicación de los trabajos, parón de un año en las obras o la demora en su entrega. Pese a que fue inaugurada hace cuatro años, el último capítulo polémico tuvo lugar hace unos días cuando la Gerencia de Urbanismo quedó enterada y acató una sentencia fechada el pasado 15 de febrero de 2021 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Sevilla por la que se estimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la constructora Sando contra la desestimación presunta de la reclamación de indemnización por daños y perjuicios derivados de la suspensión de la ejecución del contrato de obra.

El fallo de la sentencia estima parcialmente la demanda y acuerda, en primer lugar, declarar la obligación de la Gerencia de abonar la suma de 89.040 euros en concepto de indemnización de gastos de personal y de 76.985 euros en concepto de indemnización de otros costes con motivo de la suspensión de las obras de la sede policial acordadas por el período del 15 de julio de 2015 al 18 de julio de 2016.

En segundo lugar, el veredicto expone que Urbanismo debe pagar también 90.359 euros en concepto de gasto general y 1.763 euros en concepto de gasto financiero asociado por el mismo motivo. El juzgado pide también al Ayuntamiento que su costee los intereses de demora por las certificaciones de obra de acuerdo con los parámetros establecidos en la sentencia.

El juzgado desestima el pago de 856.810 euros en concepto de daños y perjuicios

La constructora Sando sostuvo en su escrito de demanda que durante la ejecución del contrato se produjeron diversas incidencias que impidieron el desarrollo normal de los trabajos y que motivaron la paralización total de las obras de la comisaría de la Policía Local, suspendidas en dos ocasiones de modo tácito y, de modo expresa, en el periodo del 15 de julio de 2015 al 18 de julio de 2016. Estima que las causas de la suspensión no son imputables a la contratista, sino que obedecen a deficiencias del proyecto, que requirieron de su modificación, tramitando al efecto un proyecto modificado.

Por su parte, Urbanismo mantuvo que el único periodo de suspensión fue el comprendido entre el 15 de julio de 2015 y el 18 de julio de 2016, negando otros periodos de suspensión e indicando que sólo hubo un leve reajuste de unos pilares, hecho que por sí mismo no habría justificado un modificado del proyecto. Asimismo, se opuso a los conceptos y cuantías establecidos en los informes periciales elaborados por la parte demandante, y que elevaban la reclamación a la cuantía de 856.810 euros.

En consecuencia, solicitó la desestimación del recurso o, que se estimara parcialmente reconociendo el derecho a indemnización únicamente por el periodo de suspensión de las obras del 15 de julio de 2015 al 17 de julio de 2016, y por los costes y cuantías considerados justificados por la dirección facultativa de las obras.

La construcción de la sede de la Policía Local ha sido embrollo desde el proyecto

Finalmente, el juzgado ha estimado sólo en parte el recurso administrativo interpuesto por Sando, declarando la obligación del Ayuntamiento a abonar las cantidades referidas por los conceptos enunciados, que ascienden a la cuantía de 258.155 euros. Desestima el requerimiento de pago de la suma de 856.810 euros en concepto de daños y perjuicios derivados de las suspensiones de obra, como pretendía la constructora.

La construcción de esta comisaría en Bellavista fue planificada y presupuestada en el último tramo de la etapa del alcalde socialista Alfredo Sánchez Monteseirín. Aún dentro del mandato del popular Juan Ignacio Zoido, la obra fue adjudicada a la empresa Sando por 1.154.206 euros. Las tareas arrancaron en marzo de 2014, pero varios desacuerdos económicos y técnicos (sobre el modificado del proyecto) entre la constructora y el Ayuntamiento obligaron a paralizarlas durante un año.

El edificio que debería haber entrado en funcionamiento en 2015, cuenta con tres niveles. El sótano de la sede policial sirve de garaje para los vehículos; en la planta baja se localizan los accesos, la zona de atención al público y los despachos; la planta que ocupa el primer nivel se destina a dependencias para el funcionamiento de los agentes; y en la segunda se sitúan los despachos de los mandos y de la unidad administrativa adscrita a ellos.

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