La expulsión de extranjeros cae un 95% en cinco años

Sevilla/Cada vez son menos los extranjeros afincados en Sevilla que son obligados a retornar a su país de origen. En cinco años, estas expulsiones han caído casi un 95%, mientras que la adquisición de la nacionalidad española aumenta.

Según datos ofrecidos por el Ministerio del Interior en sede parlamentaria, el Gobierno central ha ordenado la salida de 3.009 personas de la provincia sevillana con nacionalidad no española desde 2011 hasta el 31 de julio de 2017 (último dato disponible). Lo llamativo es que durante estos años se ha producido una importante caída de la resolución de los expedientes de expulsión. En 2011, abandonaron el territorio español 1.036 extranjeros afincados en Sevilla frente a los 55 que lo hicieron en 2016. Desde el Ministerio del Interior admiten no contar aún con los datos anuales de 2017, pero sí apuntan que en los primeros siete meses del ejercicio sólo salieron 19.

Uno de los motivos que explican este descenso es el cambio en los flujos migratorios que se produjo en España justo en ese periodo de tiempo. "Hasta 2009, tuvimos un saldo migratorio positivo, es decir, venían más personas que las que se marchaban, luego se estancó, y entre 2011 y 2016, fue negativo", explica Carlos Arce, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (Apdha). "Para nosotros, las cifras de expulsión son muy ilustrativas, ya que demuestran el gran carácter de autorregulación que tiene la migración. La gente venía a España, lo hacía porque era un país atractivo, con oportunidades, pero cuando esto cambia, no hace falta echar a la gente, ésta se va sola de manera voluntaria".

Para Arce, estos datos rompen con "ese discurso de avalanchas y efecto llamada que muchas instancias políticas y mediáticas hacen". "El actual sistema de control de flujos migratorios y control fronterizo no regula la migración ni controla las fronteras, lo único que provoca es la vulneración de los derechos humanos. Las migraciones tienen su propia dinámica y la aplicación de una política más respetuosa con los derechos humanos no conllevará una invasión de España, sólo que las personas puedan venir de una manera regular, legal y segura", manifiesta Arce. "En el momento que España no es un destino atractivo y aquí no les queda nada, los inmigrantes se van de manera voluntaria".

El portavoz de Apdha recuerda, por otro lado, que, "a pesar de las imágenes de la valla de Ceuta y Melilla y las pateras que llegan a las costas andaluzas", la mayoría de los extranjeros que llegan a España no son africanos, sino de Sudamérica y la Unión Europea. "Las personas que llegan desde Camerún, Senegal, Malí, y que son presentadas como una invasión son, porcentualmente hablando, una minoría. La mayoría de los inmigrantes entran por los Pirineos y los aeropuertos de Barajas y El Prat".

La asociación Pro Derechos Humanos también carga contra los centros de internamiento de extranjeros y su "ineficacia". "En 2016, último dato actualizado, sólo el 29% de las personas que pasaron por estos centros acabaron siendo expulsadas", añade Carlos Arce. "Estos centros están pensados para asegurar la repatriación de sus internos pero resulta una herramienta absolutamente ineficaz". Arce asegura que antes de que estas personas ingresen en estos centros para extranjeros ya se sabe que no van a abandonar el país, bien porque España no tiene acuerdos de repatriación con su país de origen, porque son menores, solicitantes de asilo, víctimas de trata o cualquier otra circunstancias especial.

La principal causa de expulsión es carecer del permiso de residencia en España, bien porque nunca lo haya tenido o porque lo haya perdido. Durante la crisis económica, muchos extranjeros perdieron o no pudieron renovar este permiso al perder su empleo y no encontrar trabajo de nuevo. El segundo motivo de repatriación es que se trate de personas que, siendo extranjeros, hayan sido condenadas por los tribunales españoles por algún tipo de delito con una pena superior a un año de prisión. En estas circunstancias, las autoridades tramitan su salida inmediata de España.

En Andalucía, 25.135 personas fueron repatriadas desde 2011 hasta el 31 de julio de 2017, según datos del Ministerio del Interior. Durante este periodo también se ha producido un importante descenso, ya que en 2011 se tramitaron 7.105 expedientes de expulsión y en 2016 sólo 1.761. De estos más de 25.000 inmigrantes que abandonaron de forma obligatoria el país, los residentes en Sevilla representan el 12%. Málaga aglutina el dato más alto de toda Andalucía (33%), seguida de Almería (19%).

Al contrario de lo que ocurre con las expulsiones, el censo de extranjeros afincados en la provincia que adquieren la nacionalidad española ha crecido un 99,5% en un año. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2.994 extranjeros residentes en Sevilla adquirieron la nacionalidad en 2016, frente a los 1.501 que lo hicieron en 2015. Casi un 59% de los casos registrados en 2016 (último dato disponible) pertenecen a mujeres y la mayoría tienen entre 30 y 44 años. Además, el país de origen más frecuente es Bolivia, seguido de Marruecos, Colombia y la República Dominicana, en este orden.

Carlos Arce, portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía considera que este aumento se debe más a un asunto administrativo que social. De hecho, estos datos fluctúan bastante en función del año. Así, mientras que en 2016 se registraron 2.994 casos y en el año anterior 1.501, en 2014 constan 3.906 adquisiciones y, en 2013, 4.931.

"Los trámites para conseguir la nacionalidad son terroríficamente lentos. Pueden tardar dos o tres años desde que se solicitó", afirma Arce, al mismo tiempo que indica que los porcentajes de aumento y caídas no deben entenderse como fenómenos demográficos en sí mismos y recuerda que hace un par de años se realizaron algunas modificaciones para agilizar los trámites, entre ellas la participación de los notarios en este proceso.

Para poder solicitar la nacionalidad, es obligatorio llevar al menos 10 años residiendo en España. Hay casos especiales, por ejemplo, el matrimonio. Si un extranjero se casa con un español, sólo es necesario residir un año en el país para adquirir la nacionalidad. En el caso de los inmigrantes procedentes de Latinoamérica, sólo necesitan un periodo de residencia de dos años. Además, si España no tiene un acuerdo de doble nacionalidad con el país de origen, la persona interesada deberá renunciar a su nacionalidad de nacimiento y prestar juramento, no sólo de que cumplirá la Constitución Española, sino también de lealtad al Rey.

Arce recuerda que el boom migratorio en España se produjo a principios del año 2000. "Si una persona llegó a España en el año 2000 y sumamos el año o los dos años que pudo estar en situación irregular, hasta 2003 no logrará una residencia legal. Luego tiene que esperar hasta 2013, 10 años, para empezar a tramitar la nacionalidad. Y con los retrasos administrativos actuales, no la adquirirá hasta 2016. Esto podría explicar en cierta media ese aumento que reflejan los datos del INE durante el año 2016".

María, natural de Albania, admite que se siente ignorada y abandonada por la Administración pública. Lleva 18 años residiendo en Sevilla y hace dos años que solicitó la nacionalidad española pero desconoce en qué punto se encuentra el proceso.

María es un nombre ficticio, la mujer prefiere mantenerse en el anonimato, es víctima de malos tratos y su ex pareja fue condenada en 2015 por un tribunal español por violencia de género. "Huí de Albania con una hija pequeña porque me maltrataba, pero me encontró y ahora él también vive en Sevilla", cuenta la mujer, que en su país de origen era profesora de Historia. "Nadie me ayuda. En los servicios sociales y en la oficina de empleo me tratan fatal y me dicen que no pueden ayudarme. Ni siquiera puedo exponerles mis dudas, me dicen que lo busque en su web: me dicen que necesito un certificado de que estoy en exclusión social por malos tratos para entrar en los cursos de empleo, pero tampoco me aclaran quién me da ese certificado. Se pasan la pelota de uno a otro".

Esta mujer, que tiene dos hijos, uno de ellos con la nacionalidad española, inició los trámites para adquirir la nacionalidad en 2015 pero no ha obtenido respuesta aún. "Se supone que en el plazo de un año tienen que informar sobre en qué punto se encuentra el proceso, pero ya han pasado más de dos años y no sé nada", se lamenta María.