Los expertos fiscalizarán la gestión del nuevo consejo rector del Alcázar
Patrimonio
La modificación de los estatutos conlleva la separación de la administración de lo estrictamente patrimonial, que hasta ahora se encuentran en unas únicas manos.
El Ayuntamiento argumenta que refuerza la profesionalización y garantiza la participación de los independientes en un consejo consultivo con informes preceptivos en temas claves
Luz verde a la reforma de los estatutos del Real Alcázar orquestada por Juan Espadas. La Corporación ha aprobado en sesión plenaria su modificación para adecuarlo a la actual normativa estatal sobre representación institucional en los organismos autónomos locales. Una de las principales novedades con el documento que rechazado en septiembre es que los expertos fiscalizarán la gestión del nuevo consejo rector.
La modificación viene impuesta por la necesidad de adecuar el monumento al régimen jurídico actual, por el que los órganos de gobierno (consejo rector y comisión ejecutiva) deben asumir el principio de representatividad de la propia Corporación. Es decir, los concejales elegidos democráticamente en las elecciones. Así, el consejo rector del Patronato estará conformado por los representantes de la Corporación más cuatro de los miembros de la comisión permanente del consejo consultivo (conformado por 12 independientes), que tendrán voz pero sin voto. Además, a la comisión ejecutiva, junto con la representación política, asistirá la presidencia de la comisión permanente del consejo consultivo, con voz pero sin voto. Se contempla, asimismo, una sesión solemne y conjunta del consejo rector y el consejo consultivo para la presentación del informe y la memoria anual.
Los informes del consejo consultivo, aunque preceptivos, no podrán ser vinculantes, a tenor de la interpretación de la secretaría general del Ayuntamiento con respecto a la legislación actual de órganos autónomos locales. Eso sí, cuando el consejo rector se aparte del dictamen, deberá motivar expresamente su decisión. Y ese consultivo habrá de pronunciarse sobre cuestiones de capital importancia dentro de la gestión del recinto palaciego, entre ellas el anteproyecto de presupuestos, las estrategias de gestión, uso y conservación, los planes para conservación y restauración, el Plan Director o la programación cultural. Se trata, por tanto, de un consejo consultivo que se le atribuye el máximo de facultades que permite la ley en cuanto a este tipo de órganos, al determinar las políticas cultura, presupuestaria y de conservación del monumento.
Junto con estos órganos, se apuesta por la profesionalización de la gestión del día a día otorgándose poderes ejecutivos al Alcaide –hasta ahora sólo representativos– y creándose las figuras de una gerencia, con competencias de gestión administrativa, económica y recursos humanos, y una dirección general de conservación, cuyas competencias serán en materia de patrimonio cultural y conservación. En suma, se separa la gestión administrativa de la estrictamente patrimonial, que hasta ahora se encuentran en unas únicas manos. El Alcaide, la gerencia y la dirección general de conservación plantearán una propuesta de estructura orgánica y una RPT (Relación de Puestos de Trabajo).
“El único objetivo es adaptarlo a los nuevos tiempos con una organización que permite profesionalizar la gestión, garantizando, junto con la representación política, la de los expertos que han hecho hasta ahora un trabajo encomiable por el monumento. Hemos tomado como referentes los modelos de organización de la Alhambra o los museos del Prado y Reina Sofía”, sostiene la alcaldesa en funciones, Sonia Gaya. Esta revisión ha sido aprobada con los votos a favor del PSOE, Partido Popular, Adelante Sevilla y la concejal Sandra Heredia.
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