El juez exculpa del caso Unidad a dos estrechos colaboradores del alcalde

Casi cuatro años después del cara a cara en el que el candidato del PP a la Alcaldía, Juan Ignacio Zoido, diese un golpe de efecto al denunciar el envío desde el grupo socialista de un fax a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Unidad con instrucciones para elaborar una factura falsa, la Justicia ha finalizado la instrucción del caso y ha exculpado de cualquier responsabilidad penal a dos estrechos colaboradores del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín.

El titular del juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla, Manuel Centeno Campoy, ha dictado un auto en el que, siguiendo el criterio marcado por la Fiscalía hispalense, sólo ha decidido procesar por un delito continuado de falsedad en documento oficial a tres de las ocho personas que en su día fueron imputados en la causa. En otra resolución, el magistrado ha acordado el archivo de la causa contra el ex asesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño -que sigue imputado en una de las causas por las presuntas irregularidades en la venta de los terrenos de Mercasevilla- y el ex concejal de Vía Pública y ex presidente de Unidad Manuel Gómez Lobo. También han sido exculpados el administrador único de Copyur, Juan José González, la empleada de esta misma empresa, Carmen Martín, y la ex trabajadora de Unidad Susana Delgado.

La acusación particular que ejerce el PP pidió recientemente la imputación de otras 17 personas, todas ellas miembros de las juntas directivas de Unidad desde el año 2000, al estimar que existía una trama, en la que participaban Unidad y la empresa Copyur, para elaborar facturas falsas y recabar dinero que se destinaría al enriquecimiento personal de los imputados a la "financiación de actividades en favor" del PSOE.

El juez Manuel Centeno ha rechazado la petición de los populares, que reclamaban nuevas pruebas y la continuación de la investigación, y ha dado por finalizada la instrucción del caso. El auto del magistrado recuerda a la acusación del PP que muchos de sus argumentos pueden tener cabida en el ámbito del ejercicio de la política, pero no en el de la jurisdicción penal, según confirmaron ayer a este periódico fuentes judiciales.

El magistrado concluye en su resolución que existen indicios para transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado que se dirige únicamente contra la ex presidenta de Unidad Ángeles Nevado, que fue directora de la Federación de Asociaciones de Vecinos entre junio de 2003 y 2006; su esposo, Ángel Cervera, que trabajó como asesor del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial; y finalmente contra la ex trabajadora de Unidad que realizaba funciones de contabilidad, Josefa Prado.

A estas personas se les imputa un delito continuado de falsedad en documento oficial del artículo 392 del Código Penal, que contempla penas de entre seis meses y tres años y multa de seis y doce meses.

El juez ha decidido procesar a las mismas personas contra las que pidió actuar la Fiscalía en un escrito presentado en junio pasado y en el que limitaba la causa a dos facturas duplicadas que fueron presentadas ante dos administraciones distintas -el Ayuntamiento y la Diputación Provincial- como justificación de las subvenciones recibidas.

La Fiscalía constató que en el curso de la investigación se detectaron "irregularidades contables" y "fraude de subvenciones" por parte de Unidad. Entre esas irregularidades, el Ministerio Público relataba la ausencia de justificación de varios gastos "por falta de afección expresa a la actividad subvencionada" -como la imputación de gastos de personal o teléfonos- y también la realización de actos contrarios a la normativa de subvenciones. En cualquier caso, el planteamiento de la Fiscalía, que ahora ha avalado el instructor, concluye que aunque existe un "fraude de subvenciones", esta actividad es atípica desde el punto de vista penal al no alcanzar la cuantía de 80.000 euros que exige el Código Penal.

La causa por las supuestas irregularidades cometidas en Unidad tuvo su momento más álgido al inicio de la campaña para las elecciones municipales de 2007, cuando el PP amplió su denuncia inicial, presentada un año antes, con el polémico fax enviado a Unidad desde el grupo municipal del PSOE. Tras cotejar las facturas y albaranes remitidos por la empresa Copyur, la Fiscalía hispalense llegó a la conclusión de que no había quedado acreditada "suficientemente" la comisión de ningún delito, por cuanto la facturación de Copyur se correspondía con la entrega de materiales a Unidad, "sin que exista ninguna otra prueba que corrobore el contenido" del fax.

La acusación particular que ejerce el PP puede recurrir aún la decisión del juez ante la Audiencia de Sevilla para que se revoque el archivo de la causa contra cinco de los ocho imputados y se practiquen nuevas diligencias.