Una huelga encubierta de 200 conductores de Tussam causa graves restraso en el servicio

Una huelga encubierta de más de 200 conductores de Tussam provocó ayer importantes retrasos en el transporte urbano en la ciudad, donde miles de ciudadanos se vieron afectados por demoras de hasta más de media hora. En algunas zonas como la Plaza de la Encarnación, donde se ubica una de las paradas centrales de Tussam, el primer autobús no hizo su entrada hasta las 10:30, lo que muestra la gravedad de la incidencia de la falta de conductores, con un servicio interrumpido durante horas.

Los trabajadores sostienen que no hubo ningún paro por sorpresa, sino que los implicados prefirieron darse de "baja médica" tras conocer que José Luis Alonso, uno de los conductores expedientados por la huelga del 21 de mayo de 2007 -en la que más de un centenar de autobuses fueron dañados a pedradas porque los trabajadores no estaban de acuerdo con la contratación de 11 empleados de Los Amarillos-, se había suicidado el lunes.

La empresa Tussam convocó una comisión ejecutiva extraordinaria tras el abandono de los 200 conductores, que dejó en funcionamiento únicamente un tercio de la flota. De los 368 servicios que componen el turno de la mañana, se ausentaron más de 200 conductores.

Tussam asegura que no tiene acreditación alguna de los motivos por los que no se incorporaron dos tercios de los trabajadores, según las conclusiones a las que llegó la comisión ejecutiva. Aunque la empresa considera que no es responsable de los retrasos, ha pedido disculpas "por el grave daño causado a los ciudadanos y a la movilidad en la ciudad", según explicaron fuentes municipales. La empresa lamenta la "alteración" que se ha producido en el servicio público y afirma que realizó durante toda la jornada "el máximo esfuerzo" para la recuperación de los servicios de autobús urbano. Tussam lamenta asimismo la muerte del trabajador y se ha puesto a disposición de los familiares de José Luis Alonso para lo que puedan necesitar.

El abandono del servicio se produjo a primera hora de la mañana, a medida que los conductores se incorporaban a sus puestos. El delegado de la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), Francisco Catalán, aseguró que entre los trabajadores se vivieron momentos muy duros al conocer el fallecimiento de su compañero, con episodios de desmayos y crisis de ansiedad, lo que derivó en las bajas médicas. "El estado de ánimo de los conductores no era el mejor para llevar un autobús con pasajeros y esperamos que los ciudadanos lo comprendan", comentó Francisco Catalán.

El secretario general de ASC, Isidro Fernández, insistió en que el malestar de los conductores les impedía realizar sus funciones con normalidad y recordó que hace ocho días el conductor que se ha suicidado protagonizó un incidente cuando, en un momento de enajenación, se llevó un autobús de Tussam hasta la Venta del Alto, en Las Pajanosas. El vehículo estuvo tres horas ilocalizable y los equipos médicos de la empresa "sólo le mandaron un análisis para ver si estaba drogado". El conductor se dio de baja al día siguiente, tras aportar un informe psiquiátrico, y "desde entonces ha durado ocho días, hasta que ayer -por el lunes- su esposa y sus dos hijas de dos y ocho años lo encontraron colgado de la escalera de su domicilio".

El segundo episodio tras las "bajas médicas" se vivió en la Plaza Nueva, donde más de cien conductores se concentraron frente al Ayuntamiento, portando pancartas en las que podía leerse "José Luis muerto, directivos de Tussam culpables" y "Da la cara, asesino".

Los representantes de los trabajadores culpan a la empresa de la muerte por mantener abiertos los expedientes laborales contra siete empleados acusados de los daños durante la huelga de 2007 "a pesar de que no había ninguna prueba contra ellos y de que hay cuatro resoluciones judiciales a su favor".

La causa judicial, sin embargo, todavía está en investigación después de que la empresa acreditara que tres de los implicados fueron sorprendidos con piedras en sus manos. Tussam mantiene abiertos los expedientes laborales a la espera de que se resuelva la vía judicial y durante este tiempo no ha adoptado ninguna resolución.

Los dirigentes de la ASC aseguran que ésta es la segunda muerte de un conductor por la política de "represión" de la empresa, en alusión al suicidio de otro conductor en 2001 y cuya muerte fue declarada como un accidente laboral por un juez. Los dirigentes sindicales dijeron que los abogados de la ASC están estudiando la posibilidad de presentar varias querellas para que "los responsables lo paguen", al estimar que hay una relación directa entre el expediente laboral y la muerte de su compañero.

Los manifestantes, que llevaban las manos pintadas de blanco y llegaron a comparar el suicidio del útlimo conductor con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, profirieron además insultos contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, a quien tildaron de "fascista y traidor". Los conductores reclaman un "posicionamiento" del alcalde y que los expedientes sancionadores se cierren de inmediato.

Un amplio dispositivo integrado por una treintena de agentes de la Policía Local, con el jefe, José Aulet, a la cabeza, se situaron a las puertas del Consistorio para evitar cualquier altercado, que no llegó a registrarse porque tras una media hora los trabajadores decidieron marcharse al tanatorio para acompañar a la familia del fallecido.

Los insultos ante el Ayuntamiento estuvieron precedidos por las pintadas que, a primera hora de la mañana, aparecieron a las puertas del domicilio del gerente de Tussam, Carlos Arizaga. En una de ellas y bajo una diana, se leía la siguiente amenaza: "El próximo tú, Carlitos".

Tras la protesta de los conductores, el portavoz del grupo de IU en el Ayuntamiento, Antonio Rodrigo Torrijos, pidió "prudencia" ante el hecho "luctuoso" del suicidio del empleado y mostró su solidaridad con la familia de la víctima y sus compañeros. Torrijos señaló que el fallecido estaba en tratamiento "por una determinada patología psiquiátrica que suele terminar en algún tipo de autolisis".

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Acción (Facua) consideró que el abandono del servicio ocasionó perjuicios "que no se merecen" los ciudadanos.